La narrativa de un fraude sin pruebas: el eterno retorno de Trump al 2020

Un llamado que revive viejas heridas

El expresidente Donald Trump ha vuelto a encender la polémica al exigir la designación de un fiscal especial para investigar las elecciones presidenciales de 2020, las cuales perdió ante Joe Biden. A través de una publicación en redes sociales, Trump reiteró, sin presentar pruebas nuevas, que "la elección fue un fraude TOTAL" y que "la evidencia es MASIVA y ABRUMADORA".

Lo que podría parecer una simple repetición de sus teorías de fraude electoral, cobra hoy un tono más sombrío al realizarse en un contexto de decisiones claves en política exterior, tensiones políticas internas y un historial reciente de intentos de debilitamiento institucional.

Un historial judicial que no lo respalda

Desde el final de las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha generado una campaña de descrédito sobre los resultados que ha sido ampliamente desacreditada por expertos oficiales, miembros de su propio partido y los tribunales estadounidenses.

• Más de 60 demandas judiciales presentadas por Trump y sus aliados fueron rechazadas o descartadas por falta de pruebas.
• William Barr, ex fiscal general designado por el mismo Trump, declaró públicamente que no hubo evidencia de fraude generalizado.
• La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional calificó las elecciones como “las más seguras en la historia de Estados Unidos”.

Y sin embargo, la narrativa persiste, impulsada ahora por la exigencia de un nuevo fiscal especial, fórmula que, en administraciones recientes, ha sido reservada para investigaciones delicadas y con implicaciones nacionales críticas.

Fiscales especiales como herramienta política

En la administración Trump, los fiscales especiales jugaron un papel destacado: desde Robert Mueller investigando la interferencia rusa, hasta Jack Smith, designado para indagar sobre la retención de documentos clasificados por parte de Trump en su residencia de Mar-a-Lago. En 2023, el equipo legal de Trump logró anular el nombramiento de Smith al argumentar que la fiscalía general no tenía autoridad para nombrar a alguien sin aprobación del Senado. El precedente que esto establece podría fortalecer el llamado actual del expresidente de imponer uno favorable a sus intereses.

Una narrativa que erosiona instituciones

Expertos constitucionales advierten que la reincidencia en acusaciones sin fundamento promueve una erosión progresiva de la confianza ciudadana en el sistema democrático. Según la Universidad de Quinnipiac, un 38% de los votantes republicanos todavía creen que hubo fraude significativo, lo cual tiene consecuencias tangibles en materia electoral, social y jurídica.

“Cuestionar todos los resultados que no le son favorables sin fundamentos crea una cultura de sospecha permanente”, comentó el analista político David Axelrod. “Y eso debilita el tejido básico de la democracia representativa”.

Militarización de las ciudades: ¿orden o provocación?

Trump también ha retomado su estrategia de violencia y orden, enfocándose nuevamente en la movilización de tropas en ciudades donde se desarrollan protestas o disturbios. En Los Ángeles, por ejemplo, reactivó el debate sobre la activación de la Guardia Nacional sin autorización del gobernador.

La Corte de Apelaciones le dio una victoria permitiéndole mantener ese control, pese a que el juez federal Charles Breyer había determinado que no existía rebelión alguna que justificara tal despliegue. Las manifestaciones estaban relacionadas con redadas migratorias, no con insurrecciones, dijo Breyer, y añadió que “el Presidente no es un monarca”.

Gavin Newsom, gobernador de California, sentenció: “Seguiremos desafiando el uso autoritario del ejército estadounidense contra sus propios ciudadanos”.

¿Inspiración del pasado?

Trump no es el primer presidente en activar la Guardia Nacional sin el consentimiento de un gobernador. El precedente más clásico es el de Lyndon B. Johnson en 1965, cuando desplegó tropas federales para proteger a los activistas por los derechos civiles. Sin embargo, las motivaciones eran antagónicas: Johnson lo hizo para asegurar derechos; Trump para imponer una visión de ley y orden que ha sido acusada de fomentar la represión.

“Cuando un presidente usa soldados como extensión de sus campañas políticas, estamos en presencia de un problema estructural de gobernabilidad”, explicó la profesora de derecho Martha Minow, de Harvard.

Un contexto geopolítico delicado

El llamado de Trump a reabrir investigaciones sin base tangible se da en medio de los dilemas más serios en la política exterior reciente: un posible nuevo conflicto en Medio Oriente entre Israel e Irán. La Casa Blanca, liderada por el presidente Biden, debe decidir si se involucra directamente o no. Trump aprovecha este momento para centrar la atención en disputas domésticas, repitiendo patrones de ruido estratégico que lo han caracterizado políticamente desde 2015.

Una narrativa electoral para el 2024 (o 2028)

Muchos ven esta insistencia en el “fraude del 2020” como parte de una estrategia electoral a largo plazo. Al victimizarse frente al electorado republicano y sugerir que fue robado, Trump intenta consolidar su base para futuras aspiraciones presidenciales o para influir en las decisiones de su partido desde las sombras.

“Trump no necesita verdad; solo necesita volumen”, concluye el cientista político Brendan Nyhan. “La reiteración constante de una mentira, especialmente en entornos polarizados y a través de plataformas poderosas, tiene efectos políticos duraderos”.

El peligro de la retórica violenta: caso Memphis

El ambiente de confrontación alimentado por discursos incendiarios no se queda en el mundo virtual. En Memphis, Tennessee, un hombre intentó ingresar a la casa del alcalde Paul Young portando un Taser, guantes y cinta adhesiva, siendo detenido poco después.

Young, quien estaba con su familia, denunció el suceso y pidió a la ciudadanía debatir con respeto: “La violencia no puede ser la extensión del desacuerdo”. Sumado a ello, el intento de secuestro ocurrió un día después del asesinato de Melissa Hortman, una ex presidenta de la cámara legislativa de Minnesota. Ambos eventos subrayan cómo el lenguaje violento puede convertirse en hechos reales.

¿Una democracia en juego?

La insistencia en que los resultados legítimos deben ser revertidos sin base, acompañada de la militarización de las calles y la criminalización del desacuerdo político, plantea un escenario de riesgo profundo para la democracia estadounidense.

Lo que está en juego no es solo una elección, sino la legitimidad de todo el sistema. Y como advirtió el gobernador Newsom, si esta línea se mantiene, “California será solo la primera de muchas ciudades que verán soldados federales patrullando sus avenidas, ajenos al control local”.

Una presidencia tiene la capacidad de influir en todos los rincones del país; pero cuando esa influencia se canaliza desde la deslegitimación y la imposición unilateral, el precio lo paga la democracia en su conjunto. Entre fiscales especiales, arrestos preventivos e intentos de secuestro, el rompecabezas estadounidense parece haber entrado en su fase más peligrosa.