El robo de petróleo en Texas: una industria paralela que cuesta miles de millones

Una amenaza silenciosa: el crimen organizado en el corazón energético de EE. UU.

En las vastas llanuras del oeste de Texas, donde las bombas de petróleo marcan el pulso económico del estado, una sombra acecha silenciosa pero devastadora: el robo sistemático en campos petroleros. Durante años, este fenómeno ha persistido como una especie de secreto a voces, pero su magnitud ya no puede ser ignorada. Se trata de un problema multimillonario que afecta no solo a grandes corporativos, sino también a pequeños empresarios locales y a las comunidades que dependen de esta actividad económica.

Alarmas encendidas: cuando la ley no alcanza

Darin Mitchell, oficial del condado de Winkler, describe la impotencia diaria al recibir entre dos y tres llamadas semanales por robo de tambos, cableado de cobre o maquinaria petrolera. "No tengo personal suficiente para dedicar a esto exclusivamente, ni el condado tiene el dinero para contratar a alguien solo para delitos en campos petroleros", afirmó.

Winkler County, con apenas diez agentes patrullando más de 800 millas cuadradas, representa el microcosmos del colapso logístico que enfrentan las zonas petroleras ante estas operaciones criminales.

Una legislación esperada: acción estatal contra el saqueo petrolero

Consciente de la gravedad del problema, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha firmado este mes en Midland una serie de leyes diseñadas para golpear de frente a este tipo de delincuencia. En sus palabras, Texas está “trayendo todo el peso de la ley para frenar los robos de petróleo en el Permian Basin”, subrayando que la protección de esta industria es crucial para el motor económico del estado.

• House Bill 48: Crea una unidad de prevención de robos en el campo petrolero dentro del Departamento de Seguridad Pública (DPS), encargada de patrullar, entrenar y formar estrategias antidelito.
• Senate Bill 494: Obliga a la Comisión de Ferrocarriles de Texas a crear un grupo de trabajo con el sector privado y fuerzas de seguridad para monitorear y mitigar las pérdidas.
• Senate Bill 1806: Autoriza inspecciones y toma de muestras in situ de tanques sospechosos por parte de fuerzas del DPS, además de imponer multas severas.

Una industria bajo asedio

Las denuncias son alarmantes: un productor —miembro de la Texas Independent Producers and Royalty Owners Association— informó pérdidas por $1.1 millones solo entre 2023 y 2024, incluyendo crudo robado y daño a equipos.

Pero como explica su presidente, Ed Longanecker, ese es solo un caso entre miles. “Muchos operadores pequeños enfrentan pérdidas masivas mientras intentan sobrevivir en uno de los entornos más competitivos del país”.

Según cifras citadas por el FBI, los robos en el Permian Basin —la región petrolera más rica de Texas— pueden representar hasta $300,000 mensuales en herramientas, tuberías y válvulas robadas. Dada la producción de más de 2,000 millones de barriles de petróleo y condensado en 2024, esto implica pérdidas anuales de miles de millones de dólares.

Criminalidad coordinada y vínculos con el narcotráfico

El representante estatal Drew Darby, autor del proyecto de ley, no se contuvo al calificar el problema como una "empresa criminal altamente organizada", incluso con conexiones directas a cárteles del crimen organizado. “Esta amenaza creciente representa riesgos serios no solo para la industria, sino también para la seguridad comunitaria y la subsistencia de negocios locales”, subrayó.

No se trata de ladrones individuales, sino de redes de operación compleja que incluyen recolectores, transportistas, revendedores e incluso cómplices dentro de la industria logística.

¿Por qué ahora? El petróleo sigue siendo clave en la economía texana

Texas continúa liderando la producción energética de EE. UU. En 2023, aportó casi el 43% del petróleo crudo producido en el país y más del 25% del gas natural procesado. La infraestructura crítica que hace esto posible —oleoductos, válvulas, estaciones de recolección— es justamente lo que está bajo ataque.

Además, muchas de las víctimas son productores independientes, quienes no tienen el músculo económico de las grandes corporaciones para absorber las pérdidas o contratar seguridad privada.

Castigos más severos: ¿serán suficientes?

Las nuevas leyes ahora contemplan sanciones hasta hoy impensadas:

• Transportar productos petroleros ilegalmente: felonía con multa mínima de $100,000.
• Comprar petróleo sin autorización: multa de hasta $100,000.
• Almacenar o negociar petróleo robado: multa de hasta $10,000.

Además, se faculta a los agentes para subastar petróleo incautado y devolver los fondos a las compañías legítimas afectadas, una medida inédita que busca recuperar parte del capital perdido.

El factor humano: comunidades en riesgo

No solo están en juego millones en infraestructura energética. Las poblaciones rurales que habitan las zonas de exploración y explotación, como Monahans, Odessa o Andrews, experimentan directamente las consecuencias de esta crisis. La presencia de actividades criminales incrementa los niveles de violencia, inseguridad y desconfianza hacia las autoridades.

Según el sheriff Mitchell, “la gente está cansada; saben quiénes son, saben dónde venden lo robado, pero necesitan que el gobierno les dé una respuesta real”.

Una guerra legal, pero también tecnológica

La legislación prevé también una evaluación de tecnologías complementarias como sistemas de rastreo GPS en equipos, sensores térmicos en válvulas u oleoductos y mayor integración con bases de datos de seguridad. Darby y Sparks coinciden en que la implementación tecnológica será clave para una estrategia de largo plazo.

Mientras tanto, los delitos continúan ocurriendo. En palabras de Longanecker: “Se necesita un shock sistémico. No bastan leyes, necesitamos hacer sentir la presión en todos los niveles”.

Mirando hacia el futuro: una nueva frontera para la seguridad energética

El robo de petróleo en Texas constituye uno de los desafíos estructurales más urgentes para la industria energética nacional. Su combate no solo responde a una cuestión económica, sino de soberanía, seguridad y justicia social. A medida que esta infraestructura sea más protegida, no solo se salvaguarda el oro negro bajo nuestros pies, sino también el tejido que sostiene a regiones enteras del suroeste estadounidense.