Trump vs. Newsom: El choque por el control de la Guardia Nacional en California

Por primera vez desde 1965, un presidente de Estados Unidos ha tomado el control de una Guardia Nacional estatal sin el consentimiento del gobernador. Esta acción sin precedentes, llevada a cabo por Donald Trump durante protestas por redadas migratorias en Los Ángeles, ha encendido un debate nacional sobre los límites del poder presidencial y la autonomía estatal.

¿Qué ocurrió exactamente?

En respuesta a una ola de protestas por operativos de inmigración, el entonces presidente Donald Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador demócrata Gavin Newsom. Esta maniobra fue rápidamente desafiada por el gobernador en tribunales, calificando la acción de "una usurpación de autoridad local" y "una medida incendiaria innecesaria".

Sin embargo, esta semana, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito falló en favor de Trump, estableciendo que “es probable que el Presidente haya ejercido su autoridad legal de manera lícita”. Aunque la ley exige que se notifique al gobernador antes de federalizar la Guardia Nacional, el fallo dejó claro que Newsom no tiene facultad para vetar la orden presidencial.

¿Qué significa "federalizar" la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional, aunque financiada parcialmente por el gobierno federal, está normalmente bajo el control de los gobernadores estatales. Sin embargo, el presidente está facultado para tomar el control federal bajo circunstancias específicas, como rebeliones o amenazas de seguridad nacional. En este caso, la legalidad del término “rebelión” fue el centro del debate.

Charles Breyer, juez de distrito y hermano del exjuez de la Corte Suprema Stephen Breyer, inicialmente dictaminó que Trump se extralimitó en su autoridad legal. En su fallo afirmó que los disturbios en Los Ángeles “están lejos de constituir una rebelión”. Sin embargo, los jueces del 9º Circuito, dos de los cuales fueron nombrados por Trump, encontraron razones para revertir esa decisión.

Transfondo político y tensiones federales

El enfrentamiento entre un presidente republicano y un gobernador demócrata toca las fibras más sensibles del sistema federal estadounidense. Desde los incidentes de 1965 en Alabama —cuando Lyndon B. Johnson federalizó la Guardia Nacional para proteger a manifestantes por los derechos civiles— este tipo de intervención no se había vuelto a repetir.

El argumento de la Casa Blanca era claro: “las tropas eran necesarias para devolver el orden” tras las crecientes protestas en ciudades demócratas por redadas migratorias y redoblamiento de políticas migratorias. Por su parte, Newsom opinó que la medida “agravó tensiones, malgastó recursos y menoscabó la autoridad estatal”.

La importancia de este fallo judicial

El fallo del Tribunal de Apelaciones podría establecer un precedente inquietante para el futuro. Si se confirma en instancias superiores (como la Corte Suprema), abriría la puerta para que cualquier presidente federalice unidades de la Guardia Nacional sin consentimiento del estado, bajo la justificación de amenazas internas.

Ya en 2020, Trump había intentado emplear esta autoridad durante las protestas tras la muerte de George Floyd, pero desistió ante presiones legales. Esta vez, con el respaldo de un tribunal, el tema cobra mayor fuerza legal y política.

Los límites del poder ejecutivo bajo escrutinio

Este caso ha puesto en entredicho los límites del poder ejecutivo. Históricamente, Estados Unidos ha adoptado un modelo federal donde los estados gozan de una independencia sustancial, incluso en temas de seguridad. La Ley del Uso de las Fuerzas Armadas Insurreccionales, de 1807, permite la intervención federal en casos de rebelión o desórdenes que sobrepasen las capacidades estatales. Pero, ¿califican estas protestas como tales?

El juez Breyer opinó que no: “Las manifestaciones pacíficas y los disturbios aislados no equivalen a una insurrección”. Pero el 9º Circuito matizó que no corresponde a las cortes cuestionar los juicios del presidente sobre amenazas internas, mientras actúe bajo el marco legal establecido.

Un contexto tenso: ciudades demócratas bajo presión

Este conflicto no puede entenderse sin considerar el clima político polarizado que vive Estados Unidos. Trump ordenó priorizar deportaciones en ciudades gobernadas por demócratas donde se han establecido políticas de santuario migratorio. La presión sobre alcaldes y gobernadores se intensificó, con la amenaza implícita de intervención federal.

Ciudades como Chicago, Nueva York o Los Ángeles han sido focos de tensión persistente entre autoridades locales que protegen migrantes y una administración federal decidida a endurecer su política migratoria. El uso de la Guardia Nacional en este contexto sugiere no solo una respuesta de seguridad, sino un mensaje político directo.

¿Qué sigue ahora?

Mientras la demanda de California continúa su camino en los tribunales, el control de la Guardia Nacional permanecerá por ahora en manos del gobierno federal. Organizaciones de derechos civiles ya han advertido que esta situación podría derivar en una escalada del uso militar en contextos políticos y socavar el equilibrio de poderes en la democracia estadounidense.

Por su parte, la sociedad civil y movimientos sociales han mostrado su rechazo a lo que consideran una “militarización del orden público”, reclamando mayor autonomía y respeto por los derechos constitucionales de protesta pacífica.

Juneteenth y la paradoja del poder

Curiosamente, este fallo judicial coincidió en fechas con las celebraciones de Juneteenth, el día que conmemora la emancipación de los últimos esclavizados afroamericanos en Texas el 19 de junio de 1865. El presidente Biden —ahora expresidente— participó en un evento en Galveston, donde se declaró: “La libertad no es completa sin justicia”.

El contraste no puede ser más evidente: mientras en una costa del país se celebraba un hito de emancipación, en la otra se cuestionaban los límites del poder presidencial sobre las libertades civiles. Lo que está en juego va más allá del control militar: se trata de la definición misma del pacto federal estadounidense.

¿Un nuevo paradigma de gobernanza?

Este conflicto ha abierto una grieta legal y política que podría tener consecuencias duraderas. Queda por ver si la Corte Suprema, dominada actualmente por una mayoría conservadora, decidirá tomar este caso y sentar jurisprudencia. Mientras tanto, los analistas se preguntan si estamos a las puertas de una redefinición del balance de poderes entre estados y federación.

Habrá que observar con atención los próximos movimientos judiciales y políticos. Pero una cosa es clara: la relación entre seguridad nacional, control federal y derechos civiles está en plena transformación en Estados Unidos.