La batalla por el arma más polémica de Estados Unidos: el caso Sig Sauer P320 y la nueva ley de inmunidad en New Hampshire

New Hampshire ha encendido un intenso debate nacional sobre la responsabilidad legal de los fabricantes de armas tras la aprobación de una ley que otorga inmunidad parcial a la empresa Sig Sauer, fabricante de la popular —y polémica— pistola P320.

Mientras algunos legisladores aseguran que la norma protege una fuente importante de empleo para el estado, críticos la califican como una injusta excepción legal que impide a las víctimas de supuestos defectos tener su día en la corte. ¿Hasta dónde llega el poder de la industria armamentista en Estados Unidos? ¿Y qué implicaciones tiene esta decisión estatal para el futuro de la seguridad con armas de fuego?

¿Qué es la Sig Sauer P320 y por qué está en el ojo del huracán?

La Sig Sauer P320 es una pistola semiautomática producida por Sig Sauer, una empresa con sede en Newington, New Hampshire. Desde su introducción en el mercado en 2014, el arma ganó enorme popularidad, especialmente entre la policía, las fuerzas armadas y los usuarios civiles.

En 2017, el ejército estadounidense adoptó una versión modificada de la P320, bautizada como M17, como su nueva arma militar estándar. Este hecho catapultó aún más su reputación y distribución.

Sin embargo, poco después de su expansión comenzó una ola de demandas que afirman que la pistola puede dispararse sin necesidad de presionar el gatillo. Al menos 100 personas, entre ellos policías y veteranos del ejército, aseguran haber sufrido heridas por descargas accidentales de ese modelo.

“Solo bajé las escaleras... y explotó”

Uno de los pacientes más emblemáticos es George Abrahams, un veterano del ejército y contratista en Filadelfia. En 2022 declaró: “Todo lo que hice fue bajar las escaleras, sentí una explosión y luego el dolor y la sangre. La bala atravesó mi muslo derecho.”

Según Abrahams y otros demandantes, el arma se disparó sin ninguna acción voluntaria. La acusación clave es que la P320 carece de mecanismos de seguridad externos esenciales, como un seguro manual. Algunos expertos consideran esta omisión como un riesgo de seguridad inadmisible.

La respuesta de la empresa y la política de inmunidad

Sig Sauer niega que su diseño sea defectuoso. La empresa afirma que el modelo incluye mecanismos de seguridad internos suficientes y que los incidentes reportados se deben a errores de usuario o fundas incompatibles. De hecho, en 2017 ofreció una “actualización voluntaria” para modificar el gatillo y algunos componentes internos para reducir la posibilidad de descargas accidentales.

Mientras combatía decenas de demandas legales, la compañía recurrió a la ayuda del estado. En abril de 2025, un ejecutivo testificó ante la legislatura de New Hampshire, solicitando protección legal para reducir el impacto financiero de los litigios.

El resultado fue una nueva ley, promulgada el 23 de mayo por la gobernadora republicana Kelly Ayotte, que otorga inmunidad legal limitada a fabricantes, distribuidores y licenciatarios federales de armas de fuego en casos relacionados con la presencia o ausencia de ciertas características de seguridad, incluido el seguro externo.

¿Una “ley salvavidas” para empleos o un ataque al derecho de las víctimas?

Para los defensores de la medida, esta ley es esencial para “proteger a miles de trabajadores de New Hampshire de demandas fuera del estado”. Sig Sauer emplea a más de 2,000 personas en el estado, y sus representantes dicen que cada juicio desvía recursos que podrían usarse en innovación o generación de empleos.

La gobernadora Ayotte defendió su decisión afirmando que se trata de “evitar que abogados oportunistas de otros estados llenen los tribunales locales de demandas infundadas en busca de lucro”.

Del otro lado, legisladores demócratas como David Meuse señalan que esta es una excepción legal nunca antes otorgada a una empresa local: “Ayudar a grandes empleadores es una cosa, pero impedir que las víctimas accedan a la justicia es otra muy distinta”, afirmó.

Una ola nacional de leyes pro-inmunidad

La nueva ley de New Hampshire se suma a una tendencia nacional. Desde 2005, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) ofrece inmunidad federal general a la industria armamentista en EE.UU. Pero 32 estados, incluyendo New Hampshire, aprobaron leyes locales de inmunidad adicionales.

En 2023, Tennessee aprobó una ley que otorga protección extra a fabricantes y distribuidores de armas tras una masacre escolar. En otros rubros, empresas como Bayer (por su herbicida Roundup) o las casas de retiro en Louisiana también han buscado medidas similares.

Decisiones fragmentadas en los tribunales

Sig Sauer ha ganado algunas demandas; sin embargo, debió apelar dos fallos millonarios en Pennsylvania y Georgia. En un caso reciente, un tribunal federal decidió agrupar las demandas en Concord, capital de New Hampshire, donde está la sede central de la empresa.

Pero tras la nueva ley, los abogados de Sig Sauer han solicitado que se divida el juicio en varias jurisdicciones, dificultando el curso de los reclamos. Robert Zimmerman, abogado de más de 100 demandantes, argumenta que la empresa intenta “diluir el proceso, fragmentarlo y retrasar los resultados”.

¿Cómo afecta esto al futuro del control de armas en Estados Unidos?

El caso Sig Sauer se produce en un país donde más del 44% de los hogares tiene al menos un arma de fuego (Pew Research Center, 2023), y los tiroteos accidentales y masacres son cada vez más comunes. Al mismo tiempo, el lobby pro-armas continúa ejerciendo fuerte presión en los Congresos estatales y en el Capitolio.

La decisión de blindar legalmente a uno de los fabricantes más famosos del país podría ser un precedente peligroso para quienes buscan mayor seguridad y transparencia en el uso y diseño de armas.

De hecho, legisladores de otros estados donde tienen sede empresas del sector observan con atención este desarrollo. En palabras de Daniel Pi, profesor de derecho en la Universidad de New Hampshire:

“Puede que no sea una buena imagen que una empresa logre tallar una excepción para sí misma en un estatuto estatal, pero tampoco es inusual. La industria de armas es una de las más influyentes cuando se trata de políticas públicas.”

El dilema: ¿innovación o responsabilidad?

El trasfondo plantea una pregunta fundamental para el equilibrio democrático: ¿puede una empresa tecnológica o de armas operar sin rendir cuentas legales por sus productos si estos generan daños reales, incluso si es de forma accidental o por una “mala manipulación del usuario”?

La ley en New Hampshire es clara: los demandantes todavía pueden actuar en casos de defectos de fabricación. Pero las características del diseño ya no son objeto legal en ese estado. De cara al futuro, esta decisión podría inspirar a otros fabricantes a pedir inmunidades similares, cerrando una vía clave que tienen los ciudadanos para exigir seguridad.

Mientras tanto, los afectados por la pistola P320 siguen peleando no solo por una compensación, sino fundamentalmente por una modificación en el diseño que evite nuevas tragedias.

Y en un país obsesionado con la libertad individual y el derecho a portar armas, la delgada línea entre protección comercial y responsabilidad ciudadana vuelve a reavivar uno de los debates más espinosos de la política estadounidense contemporánea.