Trump, inmigración y privacidad: una cruzada que plantea dilemas éticos y legales en EE.UU.

Una nueva ofensiva migratoria: datos médicos en juego

En los últimos días, la administración del expresidente Donald Trump ha reavivado una llamativa estrategia de presión sobre la población inmigrante en Estados Unidos, especialmente los no ciudadanos. Esta vez, la controversia gira en torno al uso de datos personales de beneficiarios del programa Medicaid, incluyendo información sensible como el estatus migratorio de millones de usuarios.

La noticia, revelada recientemente en informes internos y denunciada por los senadores californianos Adam Schiff y Alex Padilla, ha generado una ola de indignación, tanto en sectores demócratas como entre defensores de los derechos civiles. ¿La razón? Según los documentos obtenidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) transfirió información protegida a autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pese a las objeciones de sus propios técnicos legales.

Esta transferencia de datos fue solicitada y aprobada con urgencia por altos cargos del gobierno, dando apenas 54 minutos al Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) para entregar la información. Esto no solo contraviene protocolos habituales, sino que también podría constituir una violación de la Ley Federal de Privacidad, como advierten los legisladores.

Medicaid, inmigrantes y el uso de fondos estatales

El programa Medicaid, diseñado para ofrecer asistencia médica a personas de bajos ingresos, se implementa tanto con fondos federales como estatales. Varios estados —como California, Illinois, Washington y Washington D.C.— permiten que inmigrantes indocumentados accedan a esta cobertura, financiando las prestaciones únicamente con dinero estatal.

Sin embargo, al compartir esta información con el DHS, se plantea un peligro mayor: las autoridades migratorias podrían usar estos datos para:

• Localizar inmigrantes indocumentados o sus familias.
• Cuestionar solicitudes para obtener tarjetas de residencia (green cards) u otros beneficios migratorios.
• Construir una base de datos para futuras detenciones o deportaciones.

Esta situación ha sido descrita por los senadores Schiff y Padilla como una ruptura alarmante con los estándares éticos y legales de protección de la salud pública en EE.UU.

¿Cuándo dejó de ser privado nuestro historial médico?

Históricamente, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) protege los datos médicos de los pacientes en EE.UU., limitando severamente su uso o divulgación sin consentimiento. Que una administración remueva esta barrera con fines punitivos o de control plantea no solo cuestionamientos jurídicos, sino también éticos.

De hecho, según expertos en privacidad, esta decisión genera un precedente peligrosísimo: “Esto convierte al sistema de salud en una herramienta de vigilancia, desalentando que comunidades vulnerables accedan al cuidado médico”, afirmó Sarah Somers, abogada de la National Health Law Program.

La implicación emocional también es profunda. ¿Qué inmigrante en EE.UU. buscará un centro de salud si existe la posibilidad de que sus datos acaben en manos de ICE o el DHS?

Deportaciones, políticas educativas y la sombra de 2024

Este no es el único frente donde la política migratoria trumpista ha encendido alarmas. A principios de junio de 2024, el Departamento de Justicia de EE.UU. también presentó una demanda contra el estado de Kentucky por ofrecer matrículas universitarias a precio reducido a estudiantes indocumentados residentes.

Los argumentos esgrimidos por el gobierno apuntan a una supuesta discriminación contra ciudadanos estadounidenses de otros estados, quienes deben pagar matrícula completa. “La ley federal prohíbe beneficios educativos basados en residencia a no ciudadanos que estén en el país sin autorización legal”, afirmó la Fiscal General Pam Bondi.

Esta medida es parte del endurecimiento general de políticas que buscan anular normativas estatales que, en palabras de la administración, “discriminan” a ciudadanos americanos respecto de inmigrantes. En Texas, ya se bloqueó una ley similar, y ahora la cruzada legal apunta a desmantelar beneficios que ofrecían cierto respiro a los llamados Dreamers.

La ofensiva parece destinada también a consolidar una base votante en plena etapa preelectoral de cara al 2024. Trump, fiel a su estilo, no ha dudado en declarar: “Mis seguidores me aman más que nunca… incluso más que cuando ganamos por una avalancha”.

MAGA y el dilema de la intervención militar

Curiosamente, mientras Trump endurece sus políticas domésticas, enfrenta tensiones con su propia base respecto a política exterior. Las señales de que el expresidente considera una posible intervención militar en Irán han sembrado discordia incluso entre sus aliados más fervientes.

Steve Bannon, exasesor clave de Trump, recordó recientemente en un foro en Washington que “uno de los pilares fundamentales del movimiento MAGA es: no más guerras interminables”. Otros voceros del trumpismo duro como Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson y Charlie Kirk han reiterado que involucrarse en conflictos internacionales dista de las promesas de 2016 y 2020.

Incluso el polémico Alex Jones publicó una imagen que comparaba al Trump “que le prometieron” —aislacionista y nacionalista— con la figura de un presidente más alineado con la política bélica de George W. Bush.

¿Protección o persecución?

Todo este revuelo reaviva las preguntas fundamentales del debate migratorio estadounidense: ¿Dónde dibujamos la línea entre seguridad nacional y libertades civiles? ¿Cuándo deja de ser prudente una política de control migratorio para convertirse en instrumento de persecución?

En palabras de los senadores Schiff y Padilla: “Nos preocupa profundamente que esta administración pretenda usar información médica confidencial con fines no relacionados a la salud, lo que representa una ruptura notable con las protecciones federales que deberían alarmar a todos los estadounidenses”.

A medida que se acercan las elecciones de 2024, está claro que la inmigración volverá a ser un eje de batalla política. Pero en el proceso, millones de vidas, familias y comunidades enteras quedan en vulnerabilidad ante la instrumentalización de políticas que cruzan la delgada línea entre gobernar y atacar.

El rol de los estados: ¿resistencia o sumisión?

Ante este panorama, los estados prestan un papel crucial. Mientras Texas y Kentucky acatan (o enfrentan) los embates federales, otros como California o Washington mantienen su oposición firme.

La pregunta es si podrán sostener la resistencia legislativa y judicial en medio de la presión, o si una ola conservadora nacional, de la mano del regreso de Trump, podrá doblegar esas políticas.

Según datos del Migration Policy Institute, cerca de 11 millones de inmigrantes viven sin estatus en EE.UU., de los cuales más de 1.5 millones se benefician de Medicaid en algún estado. Cada acto o política que comprometa su confianza en las instituciones podría generar consecuencias no sólo humanas, sino también sanitarias y económicas a largo plazo.

El debate está más encendido que nunca, y en el fondo, lo que se discute no es solo una política migratoria, sino qué tipo de país quiere ser Estados Unidos en el siglo XXI.