Tres años sin Roe v. Wade: El sistema de abortos en EE. UU. al borde del colapso

Un sistema al límite

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe v. Wade en junio de 2022, el acceso al aborto ha enfrentado un desmantelamiento sistemático que ha puesto en jaque a clínicas, proveedores y fondos de ayuda en casi todo el país. Lo que inicialmente generó una ola de donaciones y activismo, hoy deriva en incertidumbre, cierres de centros médicos y un modelo de financiamiento cada vez más insostenible.

“Estamos luchando colectivamente”, dice Ramsie Monk, directora de desarrollo de Women’s Health Centers en Virginia Occidental y Maryland, entidades que han tenido que adaptarse a la nueva realidad abriendo clínicas en estados donde el aborto sigue siendo legal.

El impacto tras la caída de Roe v. Wade

El fallo en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization hizo retroceder décadas de precedentes legales al permitir que los estados decidieran individualmente sobre la legalidad del aborto. Hoy, 12 estados han prohibido completamente el aborto y otros 4 lo permiten solo hasta las 6 semanas de gestación.

Esto ha cambiado radicalmente la logística del procedimiento. Ya no se trata solo de acudir a una clínica cercana. Ahora muchas mujeres deben viajar cientos de kilómetros entre estados, asumir los costos de transporte, alojamiento, alimentación y cuidado infantil, además de los gastos médicos. La National Abortion Federation reporta que los costos promedio por viaje superan los $1,000.

Clínicas que cierran, pacientes que se alejan

Tras el fallo, la organización I Need An A, cuyo sitio web ayuda a mujeres a encontrar opciones legales para abortar, contabilizó el cierre de 105 clínicas hasta la fecha. De estas, 29 estaban en estados con prohibición total, 11 en estados con límites de 6 semanas, y sorprendentemente, 65 se cerraron en zonas donde el aborto aún es legal.

La dificultad para mantener estas clínicas se ha agravado por la disminución de fondos. Lynn McCann-Yeh, codirectora del Baltimore Abortion Fund, explica: “Los recursos no han seguido el ritmo de la demanda, que continúa aumentando”.

Un ejemplo concreto es el de Cedar River Clinics (Washington), dirigido por Mercedes Sanchez, quien admite no saber si el modelo con el que operan es sostenible a largo plazo, a pesar del compromiso del personal por brindar acceso a servicios de salud reproductiva.

El peso de financiar un aborto

La situación actual también ha puesto en evidencia que el aborto no se financia como otros servicios médicos en EE. UU. Muchos seguros privados no lo cubren; los fondos federales no pueden usarse para abortar (salvo en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la mujer); y los fondos estatales de Medicaid solo cubren el procedimiento en algunos estados progresistas.

Frente a ello, ha surgido una especie de “mercado alternativo” de apoyo financiero, donde las pacientes deben reunir dinero de múltiples organizaciones benéficas. Grace McGarry, encargada de línea telefónica en Whole Woman’s Health, cuenta que una de sus pacientes recibió ayuda económica de nueve grupos diferentes para costear un aborto.

El auge — y caída — de la ayuda voluntaria

El entusiasmo inicial que generó millones de dólares en donaciones después del fallo de 2022, se ha diluido. En respuesta al incremento de la demanda, el fondo de ayuda de la National Abortion Federation redujo su cobertura de costos clínicos: pasó de cubrir el 50% a solo el 30% por persona atendida, con el fin de llegar a más pacientes.

El desafío logístico y financiero es gigantesco. Anna Rupani, directora de Fund Texas Choice, indica que en 2021 recibían unas 40 llamadas al mes. Hoy, su línea atendió más de 200 llamadas mensuales, muchas de ellas para coordinar vuelos y hospedajes fuera del estado.

La política federal y su impacto debilitante

En marzo de este año, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) retuvo $27.5 millones destinados a grupos que brindan planificación familiar, pruebas de ITS y anticoncepción, algunos de ellos también proveedores de servicios de aborto. Esto impactará directamente en, al menos, 11 filiales regionales de Planned Parenthood.

Brittany Fonteno, CEO de la National Abortion Federation, advierte: “Estamos ante una crisis de salud pública épica. Hoy ya no hablamos solo de desiertos de atención al aborto, sino de desiertos de salud reproductiva en general”.

Una amenaza legislativa en curso

El futuro cercano no pinta mejor. Un proyecto de ley impulsado por los republicanos y respaldado por Donald Trump busca extender aún más las restricciones. La nueva legislación propone:

• Prohibir el uso de planes de salud subsidiados con fondos federales para cubrir abortos (salvo excepciones de vida o violación/incesto).
• Impedir que Medicaid dirija fondos a clínicas como Planned Parenthood.

Si esto se aprueba, Planned Parenthood calcula que cerraría hasta la mitad de sus clínicas proveedoras de aborto. A nivel nacional, eso podría significar la pérdida del 25% de la capacidad del país para ofrecer servicios de aborto.

¿Una solución en la medicina telemática?

En medio de todo, hay un rayo de luz: el 90% de los abortos en EE. UU. ahora se realizan con medicamentos. Estos pueden recetarse vía telemedicina, permitiendo a mujeres en estados restrictivos acceder a pastillas por correo a través de redes que operan en la sombra o aprovechando resquicios legales.

Sin embargo, la eficacia de este modelo está acotada. No todas las mujeres son elegibles para abortos con medicamentos (por ejemplo, si hay sangrados significativos o si el embarazo ya está avanzado). Además, existen desafíos legales activos sobre la forma en la que se prescriben y distribuyen estas píldoras.

El futuro: incierto y politizado

Ruth Richardson, directora ejecutiva de la filial regional de Planned Parenthood en Iowa y Minnesota, admite que la reorganización (que implicó cerrar 8 clínicas) responde al hecho de que los abortos en Iowa se desplomaron con la implementación de una ley restrictiva.

También señala que la politización del tema hace cada día más difícil operar en contextos estables. Planned Parenthood, históricamente una organización sanitaria, es ahora vista por algunos sectores conservadores como un actor político. Marjorie Dannenfelser, presidenta de SBA Pro-Life America, lo expresó así: “El enfoque de Planned Parenthood está centrado en los abortos, las transiciones de género y el gasto político”.

Alexis McGill-Johnson, directora de Planned Parenthood Federation of America, tiene otra visión: “Es casi un desafío lograr financiación para abortos —y para toda atención médica— destinada a personas de bajos ingresos. Si el mercado hubiera resuelto esto por sí mismo, nuestra organización no existiría”.

En resumen, a tres años del fin de Roe v. Wade, Estados Unidos está fragmentado en lo que se refiere al derecho al aborto. Mientras unos celebran la reversión de la sentencia histórica, otros luchan por mantener vivas las estructuras necesarias para garantizar la salud y la autonomía reproductiva. El debate está lejos de concluir… y el reloj sigue corriendo.