Asbesto, salud pública y recortes federales: ¿qué está pasando realmente en EE.UU.?

Una alerta de salud y un símbolo político: el caso de Kristi Noem

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, fue hospitalizada tras sufrir una reacción alérgica, aunque, según su vocera, actualmente se encuentra en recuperación. Este hecho adquiere relevancia no por su gravedad médica sino porque revela el entorno en el que se mueve una de las figuras clave del gabinete de Donald Trump.

Noem, exgobernadora de Dakota del Sur y ferviente aliada del expresidente, se ha posicionado como una de las caras visibles de sus políticas más radicales, en especial en temas migratorios. Fue ella quien pidió personalmente liderar el Departamento de Seguridad Nacional, entendiendo que se trataba de un área central para las prioridades del trumpismo.

Este episodio médico se agrega a una serie de situaciones mediáticas —como el robo de su bolso con identificaciones oficiales en plena Semana Santa— que la han mantenido en el ojo público. Más allá del morbo o la anécdota, lo relevante es el contexto político y administrativo en el que operan estas figuras.

Asbesto: el peligro invisible que la EPA vuelve a tolerar

Mientras tanto, en otra esfera del aparato federal, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha anunciado que reconsiderará la prohibición del asbesto crisotilo, uno de los últimos tipos de este material aún legales en EE.UU.

El asbesto es un carcinógeno reconocido que ha sido vinculado a enfermedades graves como la mesotelioma y diversos cánceres pulmonares. De acuerdo con la American Cancer Society, causa tens of miles of deaths globally cada año. Aun así, el paso de la administración Trump, liderada en la EPA por Lee Zeldin y con figuras con fuertes nexos industriales como Lynn Ann Dekleva, sugiere una amplia desregulación en lugar de medidas preventivas.

La decisión ha causado un profundo malestar entre organizaciones de salud y medioambientales. Michelle Roos, directora ejecutiva de la Environmental Protection Network, no dudó en calificar la medida como una concesión a los lobbies empresariales “sin preocuparse por el bienestar de quienes viven en EE.UU.”.

Una cuestión de salud pública ignorada

Este cuestionamiento a la EPA no puede separarse de otra polémica en curso: los recortes multimillonarios a programas de salud pública originados durante la pandemia. Un juez federal ha ordenado que se restituyan los fondos a cuatro municipalidades lideradas por demócratas —Houston (Texas), Columbus (Ohio), Nashville (Tennessee) y Kansas City (Missouri)— que levantaron una demanda argumentando que el gobierno federal estaba retirando financiación ya aprobada por el Congreso.

Estos recortes afectaban directamente a centros de vigilancia epidemiológica, programas de salud comunitaria, laboratorios y equipos de respuesta rápida creados durante la emergencia por la COVID-19. Uno de los argumentos del gobierno fue que "dado que la pandemia ha terminado, los recursos ya no son necesarios". Pero la realidad es más cruda.

• En Columbus, 11 de los 22 trabajadores de enfermedades infecciosas fueron despedidos.
• En Nashville, los fondos servían para abordar brechas en servicios sociales que afectaban incluso la matrícula escolar de niños.
• Kansas City estaba a punto de adquirir equipamiento clave para pruebas de enfermedades contagiosas cuando el recorte llegó.

Estamos hablando de programas que no solo tenían impacto inmediato durante la pandemia, sino que pretendían asegurar infraestructura duradera para enfrentar futuras crisis sanitarias.

¿Desmantelamiento o reconfiguración del estado?

Ya sea el caso del asbesto o los recortes en salud pública, el patrón es consistente: se prioriza la desregulación y se debilita la presencia estatal en áreas de protección sanitaria y ambiental. Esto obedece a una visión política concreta que busca disminuir el peso del gobierno federal en la vida cotidiana.

Estas decisiones, sin embargo, no se dan en el vacío. En abril de este año, se había denunciado que cerca de $11 mil millones estaban siendo retirados de forma inconstitucional de los CDC, aunque dichos fondos habían sido aprobados por el Congreso. Esta controversia va más allá de tecnicismos burocráticos: representa un enfrentamiento institucional sobre el papel que debe tener el Estado en la salud de su población.

El futuro bajo amenaza: mesotelioma, mpox y más

Vale preguntarse: ¿qué significa permitir de nuevo el uso industrial del asbesto en 2024? Por ejemplo, en 2022 existían aún ocho plantas en EE.UU. que utilizaban diafragmas de asbesto crisotilo para producir cloro e hidróxido de sodio, químicos clave para desinfección de agua. Aunque se les dieron cinco años para modificar sus métodos, ahora el proceso podría revertirse completamente.

Y mientras se reabre la puerta a un agente cancerígeno mortal, otros frentes sanitarios también están siendo descuidados. El brote de viruela del mono (mpox), nuevos casos de sarna humana resistente e incluso rebrotes de sarampión han puesto en alerta a autoridades sanitarias locales. Todo esto con empleados despedidos y laboratorios desmantelados a causa de los recortes.

Según el propio CDC, desde el inicio de la pandemia hasta 2023 se ha perdido cerca del 12% del personal de salud pública local en todo el país.

¿Y ahora qué? Riesgos presentes y señales del futuro

Si algo queda claro es que esta tendencia desregulatoria tiene consecuencias directas, mensurables y peligrosas para la población estadounidense. En nombre de la "eficiencia" y la "reducción del gasto público", se están debilitando los mismos pilares que permitieron, a duras penas, manejar una pandemia global.

Con la EPA cediendo ante intereses industriales y el Departamento de Salud enfrentando demandas para recuperar fondos constitucionales, se presenta un escenario donde los retrocesos pueden tener un impacto fatal.

La combinación de riesgos ambientales no controlados (asbesto) con estructuras de salud fragmentadas y desfinanciadas equivale a una tormenta perfecta. Y si el bienestar público deja de ser prioridad, ¿quién protege entonces a los ciudadanos?