¿Vuelve la pena de muerte a Minnesota? Un análisis del caso Boelter y su impacto nacional

Un crimen que sacudió a Minnesota

La madrugada del pasado sábado, Minnesota fue escenario de uno de los crímenes políticos más estremecedores en su historia reciente. Vance Boelter, un hombre de 44 años, fue arrestado y acusado de asesinar a balazos a la expresidenta de la Cámara de Representantes Melissa Hortman y a su esposo, además de herir gravemente al senador estatal John Hoffman y su esposa. Boelter, quien se entregó un día después, habría planeado una serie de atentados contra figuras demócratas, incluyendo a legisladores en otros estados.

Este acto de violencia no solo ha causado conmoción por la magnitud de la tragedia, sino que también ha abierto un antiguo debate: ¿debería restablecerse la pena de muerte en Minnesota?

Minnesota y su antigua postura contra la pena de muerte

Desde 1911, la pena capital ha estado abolida en Minnesota. Antes de ello, la última ejecución se realizó en 1906, y fue, además, una ejecución fallida mediante el método de la horca. Este caso dejó una fuerte impresión en la sociedad estatal, contribuyendo a que el Congreso local pusiera fin a esta práctica.

Desde entonces, Minnesota ha sido uno de los estados ejemplares en el rechazo a la pena de muerte, incluso en casos de alto perfil. Su sistema penal ha optado por condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como la máxima sanción para crímenes graves.

El protagonismo federal: ¿quién lleva la batuta?

En este caso, las autoridades federales se han adelantado a las estatales. El fiscal federal interino Joseph Thompson anunció cargos que incluyen delitos federales susceptibles de pena capital. Mientras tanto, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, mostró cierto disgusto por la intervención, expresando que “hay tensiones” entre ambas jurisdicciones.

Boelter debía haber comparecido ante un tribunal estatal el lunes pasado, pero en lugar de ello fue llevado directamente a un juzgado federal en Saint Paul, donde enfrenta cargos mucho más severos.

Este hecho sienta un precedente interesante. Tal como explicó el profesor de derecho Mark Osler, experto en pena de muerte, “generalmente, los casos de homicidio son abrumadoramente tratados en tribunales estatales”, pero una escalada al entorno federal indica que hay un interés nacional en juego. Osler menciona que esto podría deberse al impacto del caso sumado a la presión política en Washington.

La postura del gobierno federal y la era Trump

Bajo el mandato de Donald Trump, los Estados Unidos ejecutaron a 13 personas a nivel federal, más que cualquier otra administración en tiempos modernos. Con la llegada de Pam Bondi como procuradora general en febrero, se levantó la moratoria sobre las ejecuciones federales que había sido impuesta durante el mandato de Joe Biden en 2021.

Desde entonces, el Departamento de Justicia ha autorizado la búsqueda de la pena de muerte en al menos tres casos federales. Esto señala un cambio importante en la política criminal nacional y la posibilidad de que crímenes como el de Boelter terminen en ejecución federal, incluso en estados históricamente abolicionistas.

Vance Boelter: un crimen planeado minuciosamente

Según autoridades, Boelter elaboró un plan detallado. Además de ejecutar los ataques en las casas de Hortman y Hoffman, Boelter habría hecho paradas en las residencias de otros dos legisladores demócratas y mantenía una lista con decenas de posibles objetivos, incluyendo políticos en otros estados.

Actuó solo, armado y con una clara intención de atentar contra instituciones democráticas. Las motivaciones detrás del ataque aún no han sido confirmadas públicamente, pero las autoridades hallaron indicios de radicalización y extremismo ideológico en su historial digital.

¿Puede haber pena de muerte en un estado que la rechaza?

Una de las paradojas que ha generado este caso es que, aunque Minnesota no contempla la pena de muerte en sus leyes estatales, Boelter podría enfrentar tal sanción si es juzgado y condenado a nivel federal. La pregunta que muchos se hacen es ¿cómo reaccionará un jurado que proviene de una sociedad con firme tradición abolicionista?

“Hay una diferencia significativa entre presentar un caso en Texas y hacerlo en Minnesota”, advierte Osler. Un jurado compuesto por ciudadanos con una postura cultural e histórica en contra de la pena de muerte puede inclinarse hacia una sentencia de cadena perpetua, incluso si encuentra culpable al acusado.

Impacto político en Minnesota

La fiscal Moriarty, reconocida por su enfoque progresista y por su llegada al cargo tras el asesinato de George Floyd, ha sido firme en aclarar que el caso continuará su curso también a nivel estatal. Busca una acusación por asesinato en primer grado, lo que conlleva cadena perpetua sin libertad condicional.

Para algunos críticos, la rápida intervención federal ha socavado la soberanía jurisdiccional del estado. Para otros, dada la magnitud del caso, esta acción busca asegurar una sentencia más fuerte y ejemplarizante.

Implicaciones nacionales

El caso ha reactivado el debate nacional sobre la pena de muerte, justo en un momento en que otros casos, como el de Bryan Kohberger (acusado del asesinato de 4 estudiantes en Idaho en 2022), también avanzan bajo la posibilidad de ejecución. Desde el resurgimiento del debate con la epidemia de opiáceos, corrupción política y crímenes masivos, la opinión pública se encuentra dividida.

Según datos de Death Penalty Information Center, el 60% de los estadounidenses apoya la pena de muerte en casos de asesinato, aunque ese número ha caído desde un 80% en los años 90. En estados como Minnesota, el rechazo sigue siendo contundente, con iniciativas ciudadanas y legislativas que reafirman la abolición.

¿Podría cambiar la historia?

Por ahora, Boelter permanece en la prisión federal del condado de Sherburne, esperando su próxima audiencia para el 27 de junio. A pesar del cargo federal que podría castigarle con la muerte, también tiene pendiente su procesamiento en tribunales estatales. Aunque la atención mediática se concentra en la posibilidad de pena capital, el caso plantea múltiples aristas: desde la cooperación interjurisdiccional, hasta los principios mismos del castigo en una democracia moderna.

¿Estamos ante la puerta de una nueva era penal en Minnesota y otros estados abolicionistas? ¿O será el jurado ciudadano quien dé la última palabra, reafirmando el rechazo a la ejecución como castigo? La respuesta podría sentar un precedente para todo el país.