Reino Unido y el tabú de la etnicidad en los delitos sexuales: ¿récord de silencio o miedo al racismo?

Un problema ignorado durante demasiado tiempo

El gobierno británico ha dado un paso que podría marcar un antes y un después en el tratamiento de uno de sus temas más sensibles y políticamente volátiles: la explotación sexual infantil en grupos organizados, comúnmente conocidos en la prensa como “grooming gangs”.

En respuesta a presiones acumuladas desde hace más de una década, el Ministerio del Interior anunció que obligará a la policía a registrar la etnicidad y nacionalidad de todos los sospechosos de delitos de abuso y explotación sexual infantil. ¿El motivo? Un nuevo informe ha desenterrado verdades incómodas: durante años, las fuerzas del orden “se han abstenido sistemáticamente de documentar el origen étnico de los agresores”.

Una historia marcada por el silencio

El informe, dirigido por la experta en derechos de las víctimas Louise Casey, detalla que en dos tercios de los casos revisados simplemente no se registraron datos de etnicidad. Esto ha imposibilitado una evaluación precisa de patrones delictivos o respuestas eficaces del sistema judicial.

“La ausencia escandalosa de datos sobre etnicidad en los registros criminales por más de una década es un gran fracaso institucional”, señala el informe.

Esto se da en un contexto donde ya existían alertas. Casos de alto perfil desde principios de los 2000 (como los ocurridos en Rotherham, Rochdale y Telford) revelaron patrones inquietantes: grupos de hombres de origen paquistaní abusaban sistemáticamente de niñas blancas y vulnerables, muchas en el sistema de cuidado estatal. Las víctimas eran captadas, manipuladas, drogadas y violadas.

El error de no querer “ofender”

Uno de los hallazgos más controvertidos del informe es que muchas agencias —desde la policía hasta organizaciones de servicios sociales— evitaron siquiera mencionar el tema de la etnicidad por temor a ser tachadas de racistas.

“La cuestión del origen étnico de los perpetradores ha sido clave, levantando inquietudes en múltiples informes a lo largo de los años. Sin embargo, se ha evitado deliberadamente.”

Es decir, el miedo a alimentar estereotipos racistas bloqueó la prevención y la justicia. Prefiriendo no hablar del elefante en la sala, las instituciones sacrificaron la protección de los más vulnerables en aras de la corrección política.

¿Inmigración y abuso? El debate político estalla

El tema no ha pasado desapercibido para figuras como Nigel Farage (líder del partido Reform UK), quien ha utilizado los hallazgos para reforzar sus posturas antiinmigración. Incluso Elon Musk encendió la conversación en su plataforma X (antes Twitter), criticando ferozmente al actual primer ministro Keir Starmer, a quien acusó de haber “encubierto violaciones” durante su etapa como fiscal jefe del Reino Unido.

Esta politización manifiesta representa un enorme riesgo. La realidad de que muchos casos históricos implicaban a hombres asiáticos no puede, bajo ninguna circunstancia, justificar ataques raciales generalizados o políticas xenófobas.

¿Qué está cambiando?

La ministra del interior británica, Yvette Cooper, anunció una batería de medidas. La más destacada: todo adulto que mantenga relaciones sexuales penetrativas con un menor de 16 años enfrentará cargos obligatorios de violación, eliminando los vacíos que antes permitían alegatos de consentimiento.

• Se reabrirán más de 800 casos antiguos de abuso infantil relacionados con grooming gangs.
• Se modificará legalmente el registro policial para obligar la inclusión de etnicidad y nacionalidad.
• Se promete la creación de una comisión nacional para investigar los abusos organizados infantiles.

Según Cooper, esto es solo “el comienzo de una reparación tardía para las víctimas”.

Contexto histórico: ¿cómo se llegó aquí?

En 2014, el caso de Rotherham sacudió al país. Más de 1,400 niñas —algunas de apenas 11 años— fueron explotadas entre 1997 y 2013 por hombres, en su mayoría británicos de origen paquistaní. Los informes revelaron cómo las autoridades ignoraron denuncias constantes por miedo a dañar “la cohesión comunitaria”.

Fue apenas uno de varios casos similares expuestos entre 2010 y 2020, que llevaron a la apertura de la Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA). Ésta entregó 20 recomendaciones en 2022, pero la mayoría aún están sin implantarse, incluyendo un fondo de compensación para víctimas.

Datos clave del problema

• Se estima que más de 12,000 niños fueron víctimas de abuso infantil en grupos organizados solo entre 2002 y 2019, según datos de la Asociación Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NSPCC).
• Un 73% de las víctimas registradas de grooming eran niñas entre 12 y 15 años.
• Los abusos con frecuencia quedaban impunes debido a la desconfianza en la policía, falta de pruebas y, como ahora se sabe, miedo institucionalizado a hablar del perfil étnico de los abusadores.

Un informe de 2023 encontró que más del 60% de las víctimas no recibían atención psicológica posterior a los ataques, profundizando su trauma.

El nuevo enfoque: ¿más datos, más justicia?

La esperanza detrás del mandato de registrar datos étnicos es que al comprender los patrones reales de abuso, se puedan asignar recursos específicos, educar a las comunidades e intervenir tempranamente. Pero hay quien alerta contra una simplificación excesiva: “No todos los grooming gangs son de un solo origen étnico. Hay explotadores blancos, europeos y africanos también”, recordó el informe de Louise Casey.

Lo cierto es que la falta de datos ha generado un terreno abonado para mitos peligrosos. Por ejemplo, que todo grooming esté ligado a “inmigrantes” o que sea una práctica exclusivamente de hombres musulmanes. Combatir estos sesgos dependerá de una comunicación pública inteligente, basada en evidencia.

¿Rumbo a una reconciliación con la verdad?

El debate sobre racismo y abuso infantil es uno de los más duros que puede enfrentar cualquier sociedad. En el Reino Unido, parece justo decir que ha habido un status quo de negación institucional. Las víctimas pagaron el precio más alto, mientras que el sistema esquivaba las incómodas discusiones sobre cultura, religión y abuso sexual.

Ahora, con nuevas medidas y mayor transparencia forzada, podría iniciarse una etapa más honesta frente a una realidad dolorosa pero ineludible: que la justicia social verdadera no teme nombrar los hechos, sin importar a quién incomoden.

En palabras de la ministra Cooper: “El abuso sexual infantil es una plaga sobre nuestra sociedad, y no podemos permitir que intereses políticos o miedos raciales impidan su erradicación.”

El reto será lograr justicia para las víctimas, sin ceder a la instrumentalización ideológica.