El negocio del encierro: cómo la deportación masiva reactivó la industria carcelaria privada en EE. UU.

Por décadas, Leavenworth, Kansas, ha evocado en la memoria estadounidense la imagen del “gran encierro” —una fortaleza de concreto donde criminales legendarios como Al Capone y Machine Gun Kelly cumplieron tiempo tras las rejas. Pero hoy, este símbolo del encarcelamiento podría convertirse en escenario de una nueva y controvertida fase en la política migratoria de Estados Unidos.

Del olvido al auge: la resurrección de las cárceles privadas

Con la promesa de deportaciones masivas como eje de su agenda presidencial, Donald Trump ha reactivado una industria que había entrado en pausa: las prisiones privadas. Al asumir su segundo mandato, su administración decidió expandir radicalmente la infraestructura de detención de migrantes, utilizando para ello una táctica inusual: contratos sin licitación, justificados bajo la figura de “urgencia nacional”.

Un ejemplo paradigmático es la prisión privada de Leavenworth, operada por CoreCivic, que espera reabrir tras un acuerdo con el gobierno federal para sumar 1.033 camas al sistema de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El contrato fue firmado sin competencia y, aunque enfrenta resistencia local, ya representa una fuente de ingresos millonaria.

¿Urgencia humanitaria o negocio rentable?

En palabras del director general de CoreCivic, Damon Hininger: “Nunca en nuestros 42 años de historia hemos tenido tanta demanda como ahora”. La frase resume el auge financiero que viven las compañías vinculadas a la detención de migrantes. Desde la reelección de Trump, las acciones de CoreCivic han subido un 56%, mientras que las de Geo Group —otro gigante del sector— se han disparado un 73%.

La legislación aprobada por la Cámara de Representantes asigna $45 mil millones durante cuatro años solo en programas de detención de inmigrantes, triplicando el gasto previo. Para empresas como CoreCivic, esto equivale a una fiebre del oro moderna: un sector redituable con contratos a largo plazo, baja competencia y escasa supervisión pública.

El caso Leavenworth: una ciudad dividida

Leavenworth, con sólo 37.000 habitantes, depende en gran medida de sus instalaciones penitenciarias para sostener su economía. En un radio de 10 kilómetros de la alcaldía se ubican seis centros de detención, incluyendo instalaciones militares y estatales.

Sin embargo, cuando ICE y CoreCivic intentaron reabrir la prisión privada sin una nueva licencia local, el Ayuntamiento presentó una demanda. La ciudad argumenta que la compañía necesita un permiso especial para operar debido al cambio en la naturaleza de sus contratos y el largo periodo de inactividad.

El litigio cuenta con un respaldo inesperado: una cita del juez federal Julie Robinson (nombrada por George W. Bush), quien definió el estado previo del recinto como “un auténtico infierno”.

Los informes anteriores hablan de suicidios, apuñalamientos y hacinamiento, así como de negligencia médica y falta de colaboración con la policía local en casos de agresiones sexuales. La tasa de vacantes entre los guardias superó el 23%, una receta para el caos y la violencia, según antiguos empleados como William Rogers, quien terminó en la sala de urgencias tres veces debido a agresiones de internos.

Contratos sin competencia: ¿eficiencia o favoritismo?

Para justificar estos contratos, ICE declaró una “emergencia nacional” en la frontera sur. Esta declaración le permitió autorizar nueve contratos por cinco años sin procesos competitivos que incluyen más de 10.000 camas. Los detalles financieros y operativos de varios de estos acuerdos —como en Leavenworth— no se han revelado completamente.

CoreCivic defiende que estos son "contratos carta", herramientas pensadas para acelerar el reinicio de operaciones mientras se negocia un contrato permanente. El economista Charles Tiefer, experto en contratación gubernamental, lo considera una mala práctica: “Usar contratos carta para decisiones tan importantes es patético”.

¿Agilidad estratégica o colusión política?

CoreCivic y Geo Group han invertido decenas de millones de dólares en donaciones hacia campañas republicanas, según registros de financiamiento electoral. Su vínculo con la administración Trump no es solamente comercial; también es político y estratégico.

Geo Group, por ejemplo, tiene como antigua lobbyista a Pam Bondi, quien ahora ocupa un alto cargo en el Departamento de Justicia. Estas relaciones han facilitado conversaciones diarias entre las empresas y la Casa Blanca desde las elecciones de noviembre de 2023.

El contrato de Leavenworth le reporta a CoreCivic unos $4,2 millones mensuales, según documentos judiciales. En paralelo, Geo Group recibió $66 millones anuales para reabrir una prisión en Georgia. La recompra operativa no solo revitaliza cárceles en desuso, sino que cambia las reglas del juego.

Un reto a la legalidad desde la cuna del conservadurismo

Aunque el condado de Leavenworth ha apoyado a Trump en tres elecciones consecutivas con más del 60% de los votos, el conflicto entre el Ayuntamiento y CoreCivic ha abierto fisuras. El abogado de la ciudad, Joe Hatley, enfatiza que el rechazo tiene menos que ver con política y más con rendición de cuentas y seguridad pública.

Es una muestra de cómo los intereses corporativos pueden chocar incluso con sus presuntas bases aliadas. “Esto no es un tema de ideología, sino de dignidad y de legalidad”, comentó Hatley a medios locales.

Elementos ocultos y poca transparencia

El patrón de contratos modificados o directamente otorgados sin licitación se repite por todo el país. Desde la prisión de Delaney Hall en Nueva Jersey —reabierta en mayo sin explicaciones— hasta Dilley, Texas, ICE ha evitado el proceso competitivo habitual.

En muchos de estos casos, los detalles financieros están censurados en los documentos públicos. Más de 50 acuerdos desde la era Trump siguen sin clarificar su impacto presupuestario. ICE tampoco ha respondido a solicitudes de información.

¿Detención masiva o encarcelamiento a conveniencia?

El objetivo declarado por la administración Trump es llevar la capacidad de detención de ICE de 41.000 a, por lo menos, 100.000 camas —con estimaciones del sector privado que elevan esa cifra a 150.000.

Para activarlas, se están usando prisiones inactivas —muchas cerradas durante la administración Obama y posteriormente bajo Joe Biden, cuando el Departamento de Justicia limitó el uso de prisiones privadas. Hoy, ese legado se está revirtiendo en tiempo récord.

El dilema moral de lucrar con el sufrimiento

Las críticas provienen de múltiples frentes. Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU), el National Immigrant Justice Center y el Detention Watch Network denuncian las violaciones de derechos humanos y la opacidad financiera.

Para activistas como Marcela Hernández, “esto no es una política migratoria: es una estrategia empresarial disfrazada de seguridad nacional”. Los datos la respaldan: la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes penales graves y muchos son solicitantes de asilo en espera de audiencia.

Las cárceles privadas, ahora rediseñadas como centros de detención migratoria, se convierten en territorio fértil para la arbitrariedad.

Un futuro incierto para la humanidad y la democracia

A medida que se aceleran las deportaciones y se amplía la maquinaria carcelaria, la pregunta no es si esta expansión es efectiva, sino si es moralmente sostenible. ¿Puede una democracia moderna justificar que decenas de empresas generen ganancias multimillonarias a costa del sufrimiento humano?

Como sentenció el profesor Michael Hallett, experto en cárceles privadas: “Es una fiebre del oro... Y cuando tú eres el único proveedor que puede satisfacer esa demanda, puedes establecer tus propias condiciones”.

La industria del encierro florece donde la desesperación, la política y el silencio convergen. Mientras tanto, ciudades como Leavenworth, ahora símbolo de la encrucijada, intentan lidiar con el peso de un pasado carcelario que vuelve disfrazado de contrato millonario.