Privacidad migratoria en juego: El acceso de ICE a datos de Medicaid desata alarma nacional

Un movimiento sin precedentes

La administración del expresidente Donald Trump causó revuelo esta semana al transferir a las autoridades migratorias una vasta cantidad de datos personales pertenecientes a millones de inscritos en programas estatales de Medicaid, específicamente aquellos residentes en California, Illinois, el estado de Washington y Washington D.C.

Estos estados han implementado programas financiados sólo por recursos estatales que permiten a inmigrantes sin estatus legal accesos parciales o completos al sistema de salud. La transferencia de esta información representa una nueva fase en lo que muchos denominan una cruzada antiinmigrante, con implicaciones legales, éticas y sociales que sacuden el debate migratorio en Estados Unidos.

¿Qué información se compartió?

Según un memorando interno del Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), obtenido por varios medios, el paquete de datos incluía nombres, direcciones, números de seguridad social y datos médicos de los beneficiarios en los estados mencionados. Aunque el CMS intentó oponerse alegando la ilegalidad del intercambio bajo el Acta de Privacidad de 1974 y el Acta del Seguro Social, la secretaría de Salud ordenó la entrega de los datos en un plazo de apenas 54 minutos.

Este suceso recuerda cómo el poder federal puede imponerse sobre las agencias técnicas del gobierno, incluso cuando los argumentos legales indican que se cruzan líneas delicadas. La funcionaria Sara Vitolo, subdirectora adjunta del Medicaid, advirtió en un comunicado que la decisión era probablemente ilegal y podría tener efectos adversos en la cooperación estatal-federal.

¿Legal pero inmoral?

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, defendió el intercambio como “dentro de la autoridad legal”, bajo el argumento de asegurar que los beneficios de Medicaid sean utilizados sólo por individuos “legalmente aptos”. Sin embargo, expertos cuestionan seriamente el propósito real de esta transferencia.

“El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) no tiene absolutamente ningún rol en administrar Medicaid, y esta colaboración establece un precedente peligroso”, comentó Jeffrey Grant, exfuncionario de CMS, señalando un uso inusual de datos sensibles.

Los estados responden con preocupación

Desde la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, emitieron un comunicado expresando “preocupación profunda” por el uso que se le pueda dar a la información transferida, sobretodo en contextos de redadas migratorias conjuntas entre autoridades federales y cuerpos militares como la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles.

“Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos,” destacó el comunicado. “Este potencial uso indebido de datos podría ser ilegal y perjudicial para nuestras comunidades más vulnerables.”

Perspectiva histórica: datos personales como herramienta de control

Este tipo de maniobras recuerdan a episodios históricos donde la información personal fue utilizada como herramienta de persecución. Durante la Segunda Guerra Mundial, EE. UU. empleó datos del censo para internar a ciudadanos de origen japonés. Más recientemente, debates sobre el uso de algoritmos policiales han revelado cómo los datos personales pueden ser objeto de sesgo institucional.

La diferencia en este caso es que la víctima no es un criminal condenado o sospechoso, sino personas en situación de vulnerabilidad solicitando atención médica básica y, en muchos casos, siguiendo las reglas establecidas por el propio gobierno federal a través del programa Medicaid.

¿Es este un castigo a la compasión estatal?

Durante la presidencia de Joe Biden, varios estados demócratas ampliaron la cobertura médica a inmigrantes sin status legal, financiando estos programas totalmente con fondos estatales. Sin embargo, la administración Trump no ha dejado de cuestionar esta medida bajo el argumento de que es un imán para la migración irregular.

“Estos programas estatales abren la puerta para que inmigrantes ilegales exploten el sistema Medicaid,” declaró el portavoz del HHS, Andrew Nixon. La retórica, no obstante, se enfrenta a estadísticas que apuntan a un coste estatal limitado y un beneficio significativo en control de epidemias y atención temprana de enfermedades.

Impacto directo en inmigrantes

Uno de los aspectos más alarmantes es que el uso de esta información podría tener consecuencias más allá del acceso a la salud: podría utilizarse para negar residencia permanente, green cards o ciudadanía a quienes hayan recibido algún beneficio médico financiado, incluso parcialmente, con fondos federales.

El “Public Charge Rule” (Regla de Carga Pública) implementada por Trump en 2019 ya contemplaba rechazar a inmigrantes que fueran “una carga” para el sistema. Aunque revocada por Biden en 2021, el uso de información como esta podría significar un retroceso hacia esa política.

El caso Khalil: una muestra del nuevo enfoque

La detención del estudiante de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, aparentemente por su participación en protestas pro-palestinas, también ha levantado alarmas. Khalil, residente legal en EE. UU., fue arrestado en marzo y su liberación retrasada injustamente según sus abogados, quienes pidieron a un juez federal su liberación inmediata ante la falta de acción del gobierno.

El argumento del gobierno es que su activismo podría afectar la política exterior de Estados Unidos, una justificación que grupos defensores de derechos humanos consideran una clara violación a la libertad de expresión y libre asociación.

¿Un patrón de hostigamiento político?

Organizaciones como la ACLU denuncian que acciones como la detención de Khalil, junto con la obtención de información médica, establecen un patrón de hostigamiento dirigido a acallar voces críticas y consolidar un poder ejecutivo con herramientas de vigilancia extralegales.

“Estamos ante un uso estratégico de las estructuras del estado para amplificar el miedo, cerrar oportunidades y socavar la privacidad y derechos individuales de los más vulnerables,” declaró la ACLU en un comunicado sobre el caso Khalil.

El peligro para la confianza pública

La relación de cooperación entre el gobierno federal y los estados depende no solo de leyes formales, sino de la confianza. La revelación de esta transferencia de datos puede provocar un efecto disuasorio en personas que, necesitando atención médica, opten por no inscribirse a Medicaid por miedo a ser deportadas.

Además, los propios estados podrían empezar a limitar la información que comparten con el gobierno federal, lo que pondría en riesgo la eficiencia de programas como Medicaid, que dependen de datos completos y actualizados.

¿Qué sigue?

Aún no está claro cómo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizará los datos, pero la preocupación crece. El uso de herramientas administrativas para fines políticos no es nuevo, pero pocas veces había sido tan explícito.

Si el precedente se mantiene, abre la puerta para que otras agencias usen información confidencial para fines no previstos. En tiempos de polarización, esto puede convertir a inmigrantes, activistas y minorías en objetivos institucionales.

La privacidad, más que un derecho, se convierte entonces en una frontera de lucha.