El precio de la inclusión: California recorta el acceso a la salud para inmigrantes sin estatus legal

En el corazón progresista de Estados Unidos, California enfrenta una compleja encrucijada: mantener sus ideales o ajustarse a una realidad fiscal cada vez más restrictiva. En medio de un déficit presupuestario de $12 mil millones, el gobierno del estado más rico del país ha tomado una decisión que ha sacudido tanto a sus residentes como al resto del país. Los legisladores votarán para congelar la inscripción al programa estatal de salud para inmigrantes sin estatus legal, lo que representa no solo una medida fiscal sino también política y ética que redefine los límites de su proyecto progresista.

Un giro inesperado en una historia de liderazgo

California ha sido históricamente una vanguardia en políticas sociales. Desde la expansión de Medicaid (conocido a nivel estatal como Medi-Cal) hasta la defensa de los derechos laborales de inmigrantes indocumentados, el estado ha intentado construir un ejemplo de integración incluyente. El gobernador demócrata Gavin Newsom incluso catalogó la expansión de Medi-Cal a adultos sin estatus migratorio como un paso fundamental hacia un sistema de salud universal.

No obstante, esa narrativa empieza a resquebrajarse.

Como parte de un nuevo acuerdo presupuestario, la legislatura de California planea congelar la inscripción de este grupo poblacional a partir de 2026, implementar una prima mensual de $100 en 2027, y excluir nuevos beneficiarios. Bajo una versión suavizada propuesta por los legisladores, la prima será reducida a $30 para adultos entre 19 y 59 años, permitiendo una nueva inscripción dentro de un período de seis meses tras la pérdida de cobertura por impago.

Números que abruman

Actualmente, más de 1.6 millones de personas sin estatus legal están inscritas en Medi-Cal. Con una población total de 39 millones, aproximadamente un tercio de los californianos recibe atención médica gratuita o de bajo costo a través de este sistema. La expansión del programa a inmigrantes sin estatus comenzó en 2016, y cada administración demócrata desde entonces ha ampliado su alcance.

Pero esa ampliación ha venido con un precio. Según estimaciones oficiales, los cambios propuestos por Newsom podrían ahorrar hasta $5.4 mil millones para el año fiscal 2028-2029. La propuesta de la legislatura, un poco más flexible, ahorraría $3.8 mil millones al año fiscal 2027-2028.

Una crisis fiscal con impacto humano

Más allá de los recortes, la medida pone de relieve la tensión entre las metas progresistas y la restricción presupuestaria. Activistas denuncian que estas decisiones condenan a comunidades que ya están marginadas a una mayor inseguridad médica.

“Esta no es forma de responder a preocupaciones sobre la salud y seguridad de comunidades que impulsan nuestra economía y contribuyen con miles de millones en impuestos estatales”, expresó Masih Fouladi, director ejecutivo del California Immigrant Policy Center.

Y es que muchos de estos inmigrantes trabajan en sectores esenciales como agricultura, construcción, servicios y salud. Un estudio del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC) reveló que los inmigrantes indocumentados representan el 10% de la fuerza laboral del estado.

Sin embargo, carecen de acceso a muchos de los beneficios que ayudan a los ciudadanos o residentes legales a mantenerse saludables y productivos. Al imponer una prima mensual y congelar la inscripción, el estado corre el riesgo de empujar a más personas sin seguro a los caros servicios de emergencia, un costo que muchas veces termina cubriendo el propio estado.

Un debate que divide a los demócratas

La propuesta ha fracturado incluso a los legisladores demócratas. Mientras algunos justifican la medida como un mal menor, otros ven en ella una traición a los principios del partido.

“La gente ya tiene poca confianza en el gobierno, y cuando rompemos nuestras promesas, solo empeoramos esa desconfianza”, dijo la senadora estatal Caroline Menjivar.

Por su parte, Akilah Weber Pierson, también demócrata, defendió el plan al afirmar que se evitaron cortes más drásticos como los que afectaban servicios a personas con discapacidades o al financiamiento de Planned Parenthood. “No se está eliminando la cobertura de nadie que ya esté inscrito”, afirmó.

Un problema que trasciende California

California no es el único estado azul enfrentando una tormenta fiscal. En Illinois y Minnesota, liderados también por gobernadores demócratas, se está considerando revertir o suspender programas similares debido a los mismos problemas de déficit presupuestario. La administración Biden, aunque ha promovido políticas a favor de la equidad, enfrenta sus propios desafíos con un Congreso dividido, lo que dificulta enviar fondos a los estados para respaldar este tipo de programas.

Además, los recortes podrían verse amplificados si el gobierno federal impone reducciones al financiamiento de Medicare o Medicaid, o si se agravan las tensiones por políticas comerciales y tarifarias internacionales que impactan los ingresos estatales.

¿Un Estado progresista en retroceso?

California lleva décadas construyendo una identidad como símbolo del progreso social. Sin embargo, esta propuesta plantea una pregunta incómoda: ¿es esa identidad sostenible frente a crisis fiscales recurrentes?

Desde las calles de Los Ángeles, donde miles protestaron en años pasados contra las políticas migratorias de Donald Trump, hasta las oficinas en Sacramento, se percibe una grieta creciente entre el discurso y la acción. Mientras se debaten las cifras presupuestarias, personas reales —muchas de las cuales han vivido en California durante décadas, construyendo sus comunidades y criando familias— quedan vulnerables, sin certeza sobre su derecho a la salud.

Y aunque la medida aún no es definitiva —las negociaciones continúan hasta el inicio del nuevo año fiscal el 1 de julio—, la votación inminente representa un pulso político y ético. Si los legisladores no aprueban un presupuesto balanceado para el domingo, perderán sus salarios. Pero para la comunidad inmigrante, lo que está en juego es mucho más que eso: es su bienestar, su seguridad y su lugar en la sociedad californiana.

Entre esperanza y desesperación: lo que sigue

Organizaciones sociales como Health Access California y el Centro de Políticas Inmigrantes han incrementado sus esfuerzos de cabildeo, presentando informes que muestran cómo las primas, aunque reduzcan el presupuesto en el corto plazo, provocarán un gasto público mayor a largo plazo. Algunos economistas coinciden: la prevención es siempre más barata que la intervención tardía.

No obstante, la pugna no se limita al terreno económico. También es moral. Muchos californianos se preguntan si pueden seguir llamándose progresistas mientras excluyen del sistema a quienes más lo necesitan, simplemente por una línea en un documento migratorio.

“Si California no puede mantener sus promesas de equidad, ¿quién lo hará?”, cuestionó un editorial reciente del San Francisco Chronicle.

Restará ver hacia dónde se inclina finalmente la balanza: ¿el imperativo fiscal o el compromiso histórico con la justicia social?