La revocación del parole humanitario en EE.UU.: ¿una política migratoria o un error humanitario?

El gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a notificar a más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que su estatus legal temporal, conocido como parole humanitario, ha sido revocado de forma inmediata. La noticia ha causado una mezcla de confusión, miedo y enojo entre inmigrantes, activistas y comunidades enteras que esperaban encontrar en el país norteamericano una nueva oportunidad de vida tras huir de crisis económicas, políticas y humanitarias en sus países de origen.

¿Qué es el parole humanitario?

El parole humanitario es un mecanismo legal mediante el cual el gobierno de EE.UU. autoriza a ciertas personas a permanecer temporalmente en el país por razones urgentes o de interés público significativo. Fue ampliamente utilizado por la administración Biden a partir de octubre de 2022, permitiendo la entrada de personas provenientes de países con altos niveles de inestabilidad o persecución.

Según el Department of Homeland Security (DHS), entre octubre de 2022 y mayo de 2024, aproximadamente 532,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela fueron aceptadas bajo este programa. A cambio, debían contar con un patrocinador financiero en EE.UU. y someterse a rigurosos controles de seguridad.

Un cambio de gobierno, un cambio de enfoque

La decisión actual tiene raíces políticas claras. El expresidente Donald Trump, durante su mandato, criticó fuertemente los programas de parole, considerándolos una "vía alterna injusta" para el ingreso de migrantes y prometiendo acabar con lo que llamó “el abuso generalizado” del sistema. Su política de línea dura continuó incluso después de su salida del gobierno, siendo respaldada por sectores más conservadores que ven la inmigración como un problema de seguridad nacional.

El pasado mes, la Corte Suprema de EE.UU. permitió finalmente que la administración diera fin al programa de parole para los ciudadanos de estos cuatro países. Fue una victoria judicial para el Partido Republicano, pero una sentencia devastadora para cientos de miles de personas que ahora se enfrentan a una rápida deportación o a la opción de vivir en la clandestinidad.

¿Cuál es el impacto inmediato?

Los afectados están recibiendo notificaciones por correo electrónico indicando que su permiso de residencia y de trabajo ha sido revocado con efecto inmediato. La carta también les informa que pueden “salir voluntariamente” de EE.UU. usando una aplicación móvil llamada CBP One, con la promesa de recibir ayuda económica para regresar a su país, incluyendo 1,000 dólares al llegar a su destino.

Sin embargo, el DHS no ha especificado cómo monitoreará a quienes incumplen la orden ni cómo asegurará que reciban los fondos prometidos. Todo parece indicar que se trata de una medida más simbólica que funcional.

Historias humanas detrás de las cifras

Detrás de los 532,000 números hay personas con nombres, familias y esperanzas. Como Zamora, una cubana de 34 años que llegó en septiembre de 2023 bajo el patrocinio de un ciudadano estadounidense. Ella expresó su temor de ser deportada y separada de su hijo, especialmente en un contexto en el cual regresar a Cuba podría suponer una amenaza real.

“Tengo miedo de que me detengan mientras mi hijo está en la escuela. No quiero regresar a Cuba, la situación allá es muy difícil”, dijo Zamora, quien pidió ser identificada solo por su apellido por motivos de seguridad.

Zamora intenta acceder a una residencia legal a través de la Ley de Ajuste Cubano, una legislación de la era de la Guerra Fría que permite a los cubanos solicitar la tarjeta verde tras un año y un día de presencia legal en EE.UU. Aun así, su proceso aún no ha sido aprobado.

Respuesta de los activistas migratorios

Diversas organizaciones proinmigrantes han condenado enérgicamente esta decisión. Krish O’Mara Vignarajah, presidente de la organización Global Refugee, declaró:

“Es una decisión profundamente desestabilizadora. Estas personas siguieron las reglas, pasaron controles de seguridad, pagaron su viaje, obtuvieron autorización laboral y comenzaron a reconstruir sus vidas en Estados Unidos”.

La crítica no se limita a ONG. También legisladores demócratas, alcaldes de ciudades donde residen comunidades importantes de estos migrantes, y académicos del derecho han cuestionado tanto la legalidad como la ética de la revocación masiva de estos permisos.

Implicaciones jurídicas y constitucionales

La revocación del parole humanitario sin audiencia previa individual podría violar el Proceso Legal Debido garantizado por la Constitución de EE.UU. Varios abogados especializados en inmigración han advertido que el gobierno está cruzando una línea peligrosa al aplicar la lógica migratoria “de uno para todos”.

Además, hay preocupación en torno al uso de datos personales compartidos por los migrantes –como dirección, contacto de patrocinadores e información laboral– que ahora podrían ser usados para localizar y deportar a estas personas.

El dilema moral: ¿son estos migrantes un “problema”?

Mucho se ha dicho sobre la presión que la inmigración irregular ejerce sobre los recursos de ciudades como Nueva York, Miami o Los Ángeles. Pero también existen datos que contrarrestan ese argumento:

• El 85% de los migrantes con parole humanitario trabajan legalmente.
• Más del 70% no ha solicitado ayuda pública de ningún tipo.
• El ingreso promedio de estos migrantes supera los 2,400 dólares mensuales, según un informe del Migration Policy Institute.

Además, muchos de estos inmigrantes desempeñan tareas esenciales en sectores como construcción, agricultura, salud y servicios, donde hay escasez de personal.

CBP One: ¿herramienta de ayuda o trampa digital?

Uno de los mecanismos promovidos por el gobierno para la “salida voluntaria” es la aplicación CBP One, una controvertida herramienta digital que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos debido a sus fallos de seguridad, complicaciones técnicas y poca transparencia.

Varios expertos la han calificado como una “trampa tecnológica” usada para identificar, organizar y deportar más eficientemente a migrantes indocumentados o con permisos vencidos.

¿Qué podrían hacer los afectados?

Existen dos caminos legales principales para los migrantes afectados:

1. Ajuste de estatus: Algunos, como los cubanos, pueden acogerse a leyes especiales como el Cuban Adjustment Act. Otros podrían aplicar bajo asilo, aunque enfrentan colas de años.
2. Demandas colectivas: No se descarta que organizaciones lancen demandas colectivas para defender los derechos adquiridos de estas personas y frenar deportaciones masivas.

Una encrucijada política de cara al futuro

La migración será un tema central en las elecciones presidenciales de 2024. Mientras el Partido Republicano endurece su postura, gran parte de la base demócrata exige mayor humanidad y soluciones reales. El futuro legal de medio millón de personas ahora se encuentra entrelazado con los vaivenes electorales del país más poderoso del mundo.

Y para los Zamora y cientos de miles como ella, la pregunta queda en el aire: ¿habrá un lugar seguro para construir sueños lejos del miedo?