La Corte Suprema y los Derechos Civiles: ¿Un Nuevo Capítulo para la Justicia en EE.UU.?

Un día decisivo en la Corte Suprema

El reciente consenso unánime en la Corte Suprema de los Estados Unidos para fallar a favor de tres familias en casos distintos, pero profundamente interconectados por el tema de abuso de autoridad estatal, podría marcar un antes y un después en las disputas jurídicas relacionadas con derechos civiles, discriminación y uso del poder gubernamental. El 13 de junio de 2024 se convirtió en un día emblemático, cuando el tribunal más alto del país emitió fallos significativos sobre:

• Una redada errónea del FBI a una familia afroamericana en Atlanta.
• El acceso a la educación para una adolescente con epilepsia en Minnesota.
• La desclasificación de archivos vinculados al asesinato de Robert F. Kennedy, revelando sus lazos con la CIA.

La redada que nunca debió ocurrir

En 2017, Trina Martin, su pareja Toi Cliatt y su hijo de 7 años fueron víctimas de una redada por parte de un equipo SWAT del FBI. A las 4:30 a.m., agentes armados irrumpieron en su casa, rompieron la puerta y detonaron una granada cegadora. Para cuando se dieron cuenta de que estaban en la dirección equivocada, el daño —físico, psicológico y material— ya era irreversible.

Los agentes se disculparon en el momento. Según se supo después, el líder del equipo siguió por error la señal de su GPS personal. A pesar de ello, las autoridades federales se negaron a aceptar responsabilidades legales. Ningún tribunal inferior permitió que el caso avanzara. ¿La razón? El argumento de que se trató de un "error honesto" y que, según la Cláusula de Supremacía de la Constitución, las leyes federales prevalecen sobre las estatales.

Sin embargo, la Corte Suprema dio un giro inesperado a la narrativa al reconocer que los ciudadanos estadounidenses no deberían quedar desprotegidos ante errores de esta magnitud. El dictamen abre la puerta para que el caso continúe su curso y se investigue la posible violación de los derechos constitucionales de la familia afectada.

“Los errores honestos no deben proteger automáticamente a los agentes del Estado frente a prácticas que aterrorizan a ciudadanos inocentes”, destacó uno de los magistrados en su opinión.

Discriminación disfrazada de burocracia educativa

En otro fallo unánime, la Corte Suprema respaldó a una estudiante de una escuela pública del distrito de Osseo, Minnesota. La adolescente sufre de una rara forma de epilepsia que le impide asistir regularmente a clases, especialmente durante las mañanas cuando sus convulsiones son más frecuentes. Sus padres solicitaron adecuaciones, incluido acceso a clases nocturnas y apoyo especializado, pero la escuela no respondió de forma adecuada.

Los tribunales inferiores desestimaron su demanda de discriminación, exigiendo que probara que la escuela actuó con “mala fe o juicio gravemente erróneo”, un estándar legal inusualmente alto. Esta decisión colocaba una carga probatoria casi insalvable para las familias de personas con discapacidades en varias regiones del país.

Con su nueva resolución, el Supremo eliminó este obstáculo, habilitando un camino más justo, al señalar que las escuelas no pueden escapar a la responsabilidad por el simple hecho de haber actuado con buena intención si los derechos civiles de los estudiantes con discapacidades han sido claramente vulnerados.

Las asociaciones de defensa de los derechos de personas con discapacidades celebraron el fallo calificándolo como "un parteaguas que reequilibra la balanza de la justicia".

RFK, la CIA y los secretos de la Guerra Fría

Paralelamente a estos fallos, la CIA desclasificó 1.500 páginas de documentos vinculados al asesinato del senador Robert F. Kennedy en 1968. La agencia reveló sorprendentes detalles: RFK colaboró como informante voluntario con la CIA tras su viaje a la Unión Soviética en 1955.

Según los documentos, Kennedy compartió observaciones sobre actividades industriales soviéticas, prácticas laborales e infraestructura. Por ejemplo, en un informe fechado el 29 de agosto de 1955, relataba una visita a una fábrica estatal en Novosibirsk que empleaba a 3.500 personas, un tercio de ellas mujeres. Comentó incluso sobre la actitud distante del director y la amabilidad del ingeniero que los acompañaba.

Esta transparencia resulta especialmente llamativa en el contexto de la creciente desconfianza en las instituciones estadounidenses y de medio siglo de teorías conspirativas en torno a su asesinato. Kennedy fue baleado por Sirhan Sirhan en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, pocos minutos después de celebrar su victoria en las primarias presidenciales de California. Sirhan fue condenado por asesinato en primer grado y cumple cadena perpetua.

¿Por qué importa esta desclasificación ahora? Porque evidencia cómo figuras clave de la política estadounidense —en este caso RFK— mantenían relaciones confidenciales con agencias de inteligencia incluso antes de ocupar cargos de alto nivel, desdibujando las líneas entre política e inteligencia.

Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud y Servicios Humanos, recibió esta información como "un paso crucial para recuperar la confianza del pueblo en su gobierno".

¿Una Corte más protectora de libertades individuales?

Los tres fallos, aparentemente desconectados, componen un mosaico revelador sobre el rol actual de la Corte Suprema como última línea de defensa cívica. Mientras que buena parte de la narrativa pública reciente ha retratado al Supremo como una institución altamente politizada, lo ocurrido este junio aporta una visión alternativa: un tribunal comprometido con corregir injusticias estructurales y reafirmar los derechos de los individuos frente a un Estado cuyos errores —intencionados o no— pueden tener consecuencias devastadoras.

Las tres decisiones reflejan una sensibilidad jurídica que prioriza la protección efectiva de derechos frente a tecnicismos legales o escudos institucionales. Cada caso muestra cómo los errores del gobierno (por acción u omisión) pueden —y deben— ser cuestionados en los tribunales.

Estas decisiones no han pasado desapercibidas. Organizaciones no gubernamentales como la ACLU, el Human Rights Watch y el National Disability Rights Network aplaudieron los dictámenes como vitales para ampliar las vías legales de reparación, particularmente para comunidades vulnerables.

¿Qué viene después?

Estos tres casos han abierto la puerta a más demandas contra instituciones gubernamentales por daños concretos. También podrían impulsar reformas legislativas para armonizar los criterios jurídicos entre los distintos circuitos federales del país. Especialmente crucial será observar cómo los estados y agencias federales ajustan sus protocolos para evitar cometer los mismos errores que ahora podrían acarrear más consecuencias legibles y económicas.

Lo indiscutible es que el 13 de junio de 2024 se perfila ya como un punto de inflexión en la jurisprudencia estadounidense, demostrando que, pese a sus fallos y retos, el sistema judicial puede aún responder al clamor de justicia.

Y eso, en tiempos inciertos, ya es algo digno de celebrar.