Fentanilo, protestas e inmigración: la fractura política que sacude a Estados Unidos

Una ley dura contra el fentanilo: ¿salvación o agravamiento del problema?

La Cámara de Representantes de EE. UU. acaba de aprobar con una contundente mayoría (321 a 104 votos) la Ley HALT Fentanyl, que busca hacer permanente una regulación de 2018 que clasifica las sustancias análogas al fentanilo como drogas de Categoría I. Esto equivale a castigos penales más duros y menor flexibilidad para la investigación científica.

La ley, que ahora espera la firma del presidente Donald Trump, ha desatado un fuerte debate en el Congreso. Aunque fue apoyada por casi todos los republicanos y una parte considerable de los demócratas, ha sido criticada por no atacar el problema de raíz y por perpetuar un enfoque punitivo sobre una crisis de salud pública.

¿Qué es el fentanilo y por qué es tan peligroso?

El fentanilo es un opioide sintético creado originalmente para tratar el dolor intenso. Es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, lo cual lo convierte en un arma mortal fuera de control. En 2023, más de 100,000 estadounidenses murieron por sobredosis y un gran porcentaje estaba vinculado al fentanilo y sus variantes, según datos de los CDC.

Las versiones análogas del fentanilo, que los cárteles modifican para eludir la legalidad, han inundado las calles estadounidenses, muchas veces mezcladas con otras drogas. Esto ha llevado a que cualquier exposición minúscula pueda ser fatal.

Criminalización vs salud pública

El congresista demócrata Frank Pallone de Nueva Jersey criticó duramente la Ley HALT Fentanyl. Señaló que la legislación no permite una salida para aquellas sustancias con potencial médico y condenó las penas mínimas obligatorias como una reiteración del modelo punitivo fallido de la "Guerra contra las Drogas".

“El proyecto recicla una respuesta basada en la prisión a lo que considero un desafío mayormente de salud pública,” — Frank Pallone (D-NJ)

Los medicamentos clasificados en la Lista I (como la heroína y la marihuana) se consideran sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso. El hecho de que la ley incluya analogías del fentanilo en esta misma categoría levanta alarmas entre científicos y defensores de los derechos civiles.

Protestas y represión: el caso Padilla y la respuesta federal

Mientras se votaba la nueva legislación, otra batalla se libraba en Los Ángeles. Durante una conferencia de prensa llevada a cabo por la Secretaría de Seguridad Nacional, el senador demócrata Alex Padilla fue expulsado a la fuerza del evento tras intentar cuestionar a la secretaria Kristi Noem.

Las imágenes se volvieron virales: Padilla, representante de California e hijo de inmigrantes mexicanos, fue agarrado por la chaqueta y retirado del recinto por agentes del Servicio Secreto. La escena provocó indignación inmediata entre senadores y activistas, quienes la consideran un ejemplo más de la represión política de la administración Trump frente a la disidencia.

Padilla denunció que esta estrategia refleja un patrón mayor: cada vez más legisladores, alcaldes y activistas están siendo objeto de intimidación y criminalización por oponerse a los operativos de deportación masivos que actualmente se desarrollan en California y otros estados.

Una sociedad movilizada: líderes religiosos, protestas y resistencia civil

En medio de esta tormenta legislativa y política, la sociedad civil no se ha quedado callada. Marchas y vigilias —muchas lideradas por líderes religiosos— se han multiplicado en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. Figuras reconocidas como el reverendo Edward Anderson y el rabino Sharon Brous han surgido como voces morales contra la política migratoria del gobierno.

“Es imperativo que las personas de fe alcen la voz porque el silencio ante la injusticia es complicidad,” — Reverendo Edward Anderson

Desde el cristianismo progresista hasta el budismo zen, múltiples religiones han reivindicado el principio de resistencia no violenta como deber espiritual. Citando a influencias desde Jesús hasta Gandhi, se plantean como escudos humanos y acompañan a los migrantes con asistencia legal, espiritual y material.

¿Un nuevo escenario de militarización interna?

La militarización de las ciudades, como Los Ángeles, ha sido otra fuente de alarma. Trump ha ordenado el despliegue de tropas de la Guardia Nacional e incluso Infantes de Marina para “mantener el orden” durante las protestas. Aunque la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, ha habido enfrentamientos. Alcaldes como Karen Bass han llamado a la calma, pero también han exigido al gobierno que se retire de las operaciones excesivas con soldados armados.

Los conflictos han escalado al punto que incluso el alcalde de Newark y una congresista afroamericana fueron arrestados por intentar ingresar a un centro de detención para observar prácticas migratorias.

Derechos humanos, salud y justicia: un equilibrio en desequilibrio

Lo que está en juego no es solo una ley sobre drogas o el manejo de fronteras. Se trata de la visión que Estados Unidos quiere proyectar como nación: su compromiso con la humanidad, la ciencia, la justicia y la libertad. Mientras se avanza con políticas de penalización extrema, no hay presupuestos adicionales para prevención, tratamientos de adicción o reformas a las condiciones penitenciarias.

La experta en justicia criminal, Michelle Alexander, autora de The New Jim Crow, ya había advertido:

“Las políticas de drogas han sido el caballo de Troya del encarcelamiento masivo y la represión de poblaciones racializadas en EE. UU.”

El riesgo parece repetirse ahora bajo una nueva forma: una guerra contra el fentanilo blindada por el castigo, sin solución de salud pública a la vista.

Los caminos se bifurcan

La Ley HALT Fentanyl puede traer claridad legal a las fuerzas del orden, lo cual los defensores de la ley celebran como una “herramienta necesaria” en medio de la emergencia de las sobredosis. Sin embargo, sin un enfoque integral que incluya educación, salud mental, inversión en comunidades marginadas y reforma judicial, el problema de fondo no desaparecerá.

De igual forma, frente a la inmigración y las protestas, el país se encuentra ante una disyuntiva: optar por la represión y la exclusión, o caminar hacia una nación que defienda con coherencia sus valores democráticos y humanitarios.

Mientras tanto, los ciudadanos —creyentes o no— están tomando las calles, las cámaras del Senado y los púlpitos con una misma consigna: la dignidad humana no es negociable.