Abortos por telemedicina: una nueva frontera legal y médica en Estados Unidos

El auge de la telemedicina abortiva tras Dobbs

Desde que la Corte Suprema de EE. UU. anuló Roe v. Wade en 2022, los paisajes legales y médicos del país han cambiado radicalmente. Hoy, más de veinte estados tienen restricciones o prohibiciones totales al aborto. Sin embargo, una nueva forma de acceder a cuidados reproductivos ha cobrado fuerza: el aborto por telemedicina, mediante consultas en línea y el envío postal de medicamentos.

Según un informe de la Society of Family Planning, entre abril y junio de 2024 se realizaron en promedio 7,700 abortos por telemedicina al mes en estados donde el procedimiento está severamente restringido o prohibido. Esta cifra representa una estrategia de evasión de leyes estatales sin precedentes que ha abierto un nuevo campo de guerra: el jurídico.

Dos píldoras polémicas: mifepristona y misoprostol

El régimen estándar de aborto médico se basa en dos medicamentos: mifepristona, que bloquea la progesterona, y misoprostol, que provoca contracciones para completar la expulsión. La FDA aprobó este método hace décadas, y su seguridad está científicamente respaldada.

La revolución llegó cuando clínicas de telemedicina empezaron a facilitar el acceso remoto, eliminando la necesidad de que las pacientes se trasladaran fuera de su estado. Hoy, se puede completar un proceso de aborto sin videollamadas ni saber el nombre del doctor —todo mediante formularios web, asesoría vía texto y entrega por correo en menos de una semana.

Los estados escudo: ¿protectores o provocadores?

Actualmente, 23 estados y Washington D.C. han aprobado leyes para proteger a médicos y clínicas que practican abortos desde sus territorios, independientemente de dónde se encuentren las pacientes. De ellos, ocho estados tienen disposiciones explícitas que los protegen de demandas civiles o procesos penales incluso si el aborto ocurre remotamente para una paciente en un estado donde es ilegal. Estos ocho son:

• California
• Colorado
• Maine
• Massachusetts
• New York
• Rhode Island
• Vermont
• Washington

El caso de la doctora Margaret Carpenter, quien reside en Nueva York y fue acusada formalmente en Louisiana por enviar pastillas abortivas a una adolescente, ha sido una fuente de tensión legal entre estados. Aunque Louisiana solicitó su extradición, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lo denegó basándose en las leyes escudo del estado.

¿Dónde ocurre el crimen: en el estado de la paciente o del médico?

Este dilema fundamental aún no ha sido resuelto judicialmente. Carmel Shachar, directora de la Clínica de Ley y Política de Salud de la Universidad de Harvard, lo resume así: “¿Consideramos que un aborto por telemedicina ocurrió donde está la paciente o donde está el proveedor?” La respuesta tendrá implicaciones decisivas.

Organizaciones contrarias al aborto como Alliance Defending Freedom argumentan que estas leyes escudo violan la Constitución, pues ignoran el mandato de respetar las leyes y resoluciones jurídicas de otros estados – la llamada Full Faith and Credit Clause.

Perspectiva médica: ¿delincuentes o salvadores?

Mientras los estados conservadores ven en estos médicos actores ilegales y “traficantes de drogas”, como los llamó la fiscal general de Louisiana, Liz Murrill, los proveedores se ven a sí mismos como la última posibilidad de salud reproductiva para muchas personas.

“Esto ha sido una red de seguridad”, dice Greer Donley, profesora en la Universidad de Pittsburgh especializada en derecho médico. “Permite a personas que —por motivos económicos, familiares o sociales— no pueden viajar, recibir la atención que necesitan”.

Dr. Angel Foster, cofundadora de The Massachusetts Medication Abortion Access Project (también conocida como The MAP), lo dijo claro: “Tenemos excelentes asesores legales que nos aseguran que lo que hacemos es legal”.

Preocupaciones de licenciamiento médico

Muchos estados requieren que un proveedor tenga una licencia local para recetar cualquier tratamiento dentro de sus límites. Estas normativas no fueron diseñadas pensando en una realidad post-Dobbs, donde cada aborto puede ser una maniobra legal milimétrica.

Mei Wa Kwong, directora del Center for Connected Health Policy, aclara que esto ha creado un terreno incierto, porque las licencias estatales se están utilizando como armas ideológicas para criminalizar la telemedicina en temas reproductivos.

¿Judicialización inevitable?

Se espera que este conflicto alcance prontamente a la Corte Suprema. Caso tras caso, se avizora una guerra de jurisdicciones entre estados que criminalizan y estados que protegen. ¿Puede un estado arrestar o procesar a un médico que actuó legalmente desde otro estado? Hasta ahora, el precedente es escaso.

“Es una violación flagrante del federalismo,” opina Erik Baptist del grupo antiabortista Alliance Defending Freedom. Pero del otro lado, activistas pro-derechos reproductivos como Julie Kay aseguran: “No dejaremos que nos intimiden con demandas y cargos criminales. Esto es una emergencia médica colectiva”.

El activismo médico no piensa detenerse

Desde Aid Access hasta A Safe Choice en California, los proveedores de aborto por telemedicina afirman que seguirán operando. Algunos médicos han optado por no salir de sus estados “escudo” por temor a ser arrestados o demandados en otras jurisdicciones.

“No saldré de California en mucho tiempo”, dijo bajo anonimato un médico entrevistado por la AP. “No porque lo que hago sea ilegal aquí, sino porque allá afuera las reglas cambian cada semana”.

Los riesgos más allá del derecho

Más allá del debate constitucional, el acceso a estos servicios está salvando vidas y reduciendo consecuencias médicas severas por abortos en condiciones peligrosas. Para muchas personas, la telemedicina es su única opción, no su primera.

En esta batalla trascendental, la línea entre delincuencia y cuidado médico depende menos de la ética que de un código postal.