¿Memoria o Manipulación?: La Batalla por Conmemorar el 6 de Enero en el Capitolio
Mientras policías héroes claman por una placa conmemorativa, la política estadounidense se debate entre justicia, negacionismo y poder
Un suceso que cambió la historia
El 6 de enero de 2021 marcó un antes y un después no solo para la democracia estadounidense, sino también para su imagen ante el mundo. La invasión al Capitolio por partidarios del entonces presidente Donald Trump dejó más de 100 policías heridos y una nación dividida frente a sus propias convicciones democráticas.
Hoy, más de tres años después, una nueva batalla se libra no en las calles ni en las urnas, sino en los pasillos del Congreso: dos oficiales, Daniel Hodges y Harry Dunn, han demandado al Congreso por no cumplir una ley que obliga a la instalación de una placa conmemorativa en honor a los héroes del Capitolio. Su reclamo resalta una grieta profunda: ¿Estados Unidos honra a sus defensores o intenta reescribir la historia para beneficio político?
La ley que el Congreso ignora
En 2022, el Congreso aprobó una ley que instruía al Arquitecto del Capitolio colocar una placa memorial en reconocimiento a los oficiales que protegieron la sede del Poder Legislativo durante el asalto. Este pequeño pero significativo gesto tenía como objetivo inmortalizar la valentía de policías como Hodges, que fue aplastado contra una puerta de metal mientras era golpeado y gaseado, o Dunn, quien enfrentó insultos racistas durante la insurrección.
Sin embargo, el plazo de instalación de la placa pasó sin cumplirse. El Arquitecto del Capitolio, Thomas Austin, confirmó en abril que el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, no dio instrucciones para proceder con la instalación.
La demanda presentada por los oficiales afirma que esta omisión no es casual, sino parte de una estrategia deliberada de blanqueamiento histórico en la que actores políticos—entre ellos el propio Trump y aliados del Congreso—pretenden minimizar o reinterpretar los hechos del 6 de enero.
Una lucha por reconocimiento
“Ambos hombres viven con heridas psíquicas de ese día, agravadas por la negativa del gobierno a reconocer su servicio”, dice la denuncia.
En la parte más valiente del documento legal, se señala algo crucial: no se trata solo de una placa. Se trata de la validación simbólica a todos los funcionarios que sacrificaron su integridad física y emocional por defender la sede de la democracia estadounidense.
Harry Dunn ha contado públicamente cómo fue víctima de insultos racistas e intimidaciones durante el ataque. Tras dejar la policía del Capitolio, intentó entrar en política pero perdió en unas primarias demócratas en Maryland. Daniel Hodges, por su parte, ha sido un rostro visible de las secuelas de ese día —fue captado por las cámaras siendo aplastado en una entrada mientras gritaba de dolor.
Política y silencio: los dos enemigos
Que el Congreso, la misma institución que fue atacada, no haya cumplido con una ley propia, es una ironía que solo puede entenderse dentro del actual clima político estadounidense. Donald Trump sigue siendo una figura dominante en el Partido Republicano, y su influencia disuade a muchos legisladores de asumir posturas que pudieran enfrentarlo o cuestionarlo.
El representante demócrata Jamie Raskin, quien encabezó el juicio político contra Trump por el ataque, acompañó a los dos oficiales en una reunión en su despacho. Raskin colocó una réplica de la placa fuera de su oficina e instó a sus colegas a hacer lo mismo hasta que el Congreso cumpla la ley.
“Todo lo que están pidiendo es que se cumpla la ley”, expresó Raskin en un gesto de solidaridad. Una frase poderosa en un contexto donde el respeto a la legalidad parece algo negociable para algunos políticos.
Trump y el revisionismo histórico
La demanda también advierte sobre una operación más amplia de negación o revisionismo promovida desde el círculo cercano del expresidente Trump. No solo se han minimizado los hechos del 6 de enero en el discurso político, sino que al regresar a la Casa Blanca, Trump otorgó clemencia a cientos de personas condenadas por su participación en el asalto.
Este acto, sin precedentes en la historia reciente de EE.UU., no solo mostró la dirección ideológica de su segunda presidencia, sino que también representó una bofetada a los cuerpos de seguridad que defendieron a sangre la democracia esa jornada.
Memoria colectiva frente al olvido institucional
La lucha de Hodges y Dunn no es una batalla personal. Es uno de los tantos intentos por conservar la memoria colectiva antes de que sea deformada por el poder. Hoy son cientos los manifestantes, historiadores, artistas y periodistas que documentan y reviven lo ocurrido para impedir un blanqueamiento sistemático de los hechos.
Organizaciones como Just Security y The Brennan Center for Justice han denunciado cómo ciertos sectores buscan reescribir o quitarle gravedad constitucional al asalto, tergiversando incluso el papel de los propios congresistas esos días.
¿Por qué importa una placa?
En términos materiales, una placa es solo una lámina de bronce o acero. Pero simbólicamente representa el peso de una nación agradecida, el acto de elevar el sacrificio de los que defendieron los pilares de un sistema democrático.
En civilizaciones antiguas como la romana, monumentos y placas marcaban los espacios donde se defendía la república. La falta de una placa en el Capitolio, tres años después del ataque, es también una omisión moral.
En una entrevista con ‘CNN’, Dunn afirmó que habían intentado presionar políticamente sin éxito: “Simplemente pedirlo no funcionó. Es lamentable que tengamos que forzar al Congreso a seguir su propia ley, pero aquí estamos”.
La ironía legislativa estadounidense
Mientras se exige a ciudadanos de a pie cumplir leyes complejas, muchas veces a rajatabla, el Congreso queda impune ante sus propios mandatos legales. ¿Qué mensaje envía eso a los ciudadanos? La promesa democrática se tambalea cuando ni aquellos que legislan sobre ética y moralidad tienen la voluntad de cumplirlas.
El caso también pone la lupa sobre el papel del liderazgo legislativo. El arquitecto Thomas Austin fue claro: sin las instrucciones del presidente de la Cámara, las modificaciones en la sede del Congreso no pueden realizarse. Y Mike Johnson, de tendencia trumpista conservadora, simplemente no ha actuado.
Un precedente peligroso
Si esta omisión se convierte en precedente, otros actos históricos podrían ser ignorados o reescritos por dinámicas de poder. No es solo una lucha por justicia, sino una batalla por preservar la verdad como base de la historia democrática.
La pregunta que sobrevuelan muchos círculos en Washington y más allá es: ¿Será el 6 de enero recordado como un ataque a la democracia o como parte de una narrativa moldeada por los vencedores?
El futuro de esta demanda podría detonar un debate más amplio sobre el papel de los símbolos, la memoria institucional y el rol del Congreso como faro (o no) de legalidad y ética pública.