Redada migratoria en Omaha desata caos económico y temor en la comunidad

Una redada que paralizó una ciudad

Lo que parecía una jornada habitual en la planta empacadora Glenn Valley Foods en Omaha, Nebraska, terminó convertida en una pesadilla para su dueño y sus trabajadores. Más de 70 empleados fueron arrestados por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada que ha dejado profundas marcas en la comunidad, la economía local y la confianza en los mecanismos federales de verificación migratoria.

El dueño: "Hicimos todo bien... y nos castigaron por ello"

Gary Rohwer, propietario de la empresa, no ocultó su frustración. "Estaba muy molesto, señora, porque nos dijeron que usáramos E-Verify, y lo hemos usado durante años. Estaba en shock", declaró fuera de su planta, que ahora opera a sólo un 30% de su capacidad.

E-Verify es un sistema del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., lanzado en los años 90, que permite a los empleadores verificar rápidamente si sus empleados tienen autorización legal para trabajar en el país. Grandes empresas como Walmart y Starbucks lo utilizan, pero su adopción no es generalizada.

Según Rohwer, ICE confirmó que su empresa había sido víctima de trabajadores que usaron identidades robadas o documentos falsificados para evadir el sistema, algo que pone en tela de juicio la fiabilidad del propio E-Verify. Agentes a cargo de la redada habrían calificado el sistema como "roto" y "defectuoso".

¿Fallo del sistema o negligencia institucional?

La situación genera preguntas legítimas: ¿cómo es posible que empresas que cumplen con el proceso legal sean penalizadas? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno cuando su propio sistema es vulnerado?

De acuerdo con un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), E-Verify tiene múltiples limitaciones. Entre 2016 y 2020, se estimó que el sistema aceptó erróneamente hasta el 58% de los casos en los que se usaron identidades robadas.

Expertos afirman que E-Verify no puede detectar documentos robados o auténticos usados de manera fraudulenta, ya que únicamente compara los datos ingresados con bases del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional, sin verificar en tiempo real la biometría o la autenticidad de los documentos físicos.

Los efectos colaterales: miedo y desconfianza

La redada no solo afectó a la empresa. En el barrio sureste de Omaha, donde casi el 25% de los residentes son extranjeros, el impacto fue inmediato. Negocios cerraron, el campus South Omaha del Metropolitan Community College interrumpió actividades y la biblioteca local también clausuró operaciones momentáneamente.

El presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Douglas, Roger Garcia, expresó preocupación: "Las calles están vacías, hay miedo e incertidumbre. Esto afecta la economía, las relaciones comunitarias y la seguridad".

Garcia también reveló que una tía política fue detenida durante la operación. La familia aún no sabe en qué centro de detención se encuentra, una historia replicada por muchas otras familias hispanas en la zona.

Una protesta que se hizo sentir

La redada provocó movilizaciones. Cientos de personas salieron el mismo día por la tarde a manifestarse frente a las oficinas de ICE y en las calles circundantes. Con banderas mexicanas, letreros como "No somos criminales, somos trabajadores", y consignas contra las políticas migratorias del gobierno federal, la rabia comunitaria se hizo visible.

Omaha se ha vuelto un epicentro de migración laboral en el medio oeste. La presencia latina en la industria cárnica, empacadora y de distribución es dominante. Datos del Censo 2020 indican que uno de cada cuatro trabajadores en la zona sur de la ciudad es inmigrante.

No es la primera, ni la última redada

Este operativo se inscribe en una larga lista de acciones similares incentivadas por políticas migratorias restrictivas durante varias administraciones, en especial bajo el expresidente Donald Trump. Durante su mandato se intensificaron las operaciones ICE en centros de trabajo como parte de la llamada "tolerancia cero" frente a la migración irregular.

En 2019, una de las mayores redadas ocurrió en plantas agrícolas de Mississippi, con más de 680 trabajadores detenidos. Sólo semanas después, muchas de esas empresas seguían operando con relativa normalidad, mientras que las familias de los detenidos vivían un infierno emocional y económico.

¿Con quién está la ciudad?

El recién juramentado alcalde de Omaha, John Ewing, demócrata que venció al republicano Jean Stothert tras tres mandatos, expresó su apoyo a los residentes migrantes: "Estamos con ellos", dijo durante su primera conferencia de prensa como alcalde, sin querer especular si la redada coincidió adrede con su toma de posesión.

Por su parte, el jefe de la policía local, Todd Schmaderer, dejó claro que no colaborarán con autoridades migratorias: "Nuestra misión es la seguridad pública, no ser agentes migratorios", dijo. "Necesito que las víctimas denuncien sin temor".

¿Hay una solución viable?

La solución requiere una revisión profunda de las políticas migratorias laborales y de los sistemas de verificación de empleo. Rohwer fue claro en su pedido: "Necesitamos un programa del gobierno que nos enseñe cómo contratar ayuda legalmente. Punto".

Analistas laborales plantean la urgente necesidad de una reforma migratoria que contemple visas temporales de trabajo, un camino a la legalización para quienes ya están empleados, y una modernización real del sistema de verificación de identidades.

El daño está hecho

Mientras tanto, empresas como Glenn Valley Foods sufren por la falta de personal y el estigma generado. Muchos trabajadores legales prefieren no postularse a empleos por miedo, aunque tengan papeles en regla. Las empresas locales se ven atrapadas entre exigencias federales contradictorias y un sistema poco confiable.

Y en medio de todo, la comunidad inmigrante sufre el peso de políticas que no diferencian entre víctimas del sistema y quienes lo aprovechan con fines criminales.

Las redadas como la de Omaha no solo resquebrajan empresas, sino familias, economías y comunidades enteras — todo en nombre de una seguridad fronteriza cuya eficacia sigue siendo cuestionable y cuyas consecuencias humanas son devastadoras.