Militarización de la frontera sur de EE.UU.: ¿Protección nacional o criminalización de la migración?
La creciente presencia militar y el uso de nuevas zonas de defensa reavivan el debate sobre derechos humanos, legalidad y política migratoria en tiempos de Donald Trump
Un cambio de paradigma en la frontera sur
En una maniobra que ha despertado tanto preocupación como apoyo, las fuerzas armadas de Estados Unidos han comenzado a detener directamente a migrantes que cruzan áreas recién designadas como zonas de defensa nacional en la frontera sur, en una polémica estrategia de la administración del expresidente Donald Trump. Esta renovación en la política fronteriza, si bien respaldada por algunos sectores, ha generado alarma entre defensores de derechos humanos, jueces y juristas, al tiempo que plantea preguntas fundamentales sobre la legalidad de las prácticas militares en el ámbito civil.
¿Qué está pasando exactamente? En las cercanías de Santa Teresa, Nuevo México, tropas estadounidenses detuvieron a tres migrantes que presuntamente invadieron una nueva zona de defensa militar. Si bien las tropas no tienen autorización legal para ejecutar funciones de orden público bajo la Posse Comitatus Act, una excepción conocida como la doctrina de propósito militar ha sido utilizada para justificar su intervención.
El regreso de una política migratoria más dura
No es coincidencia que estas medidas surjan en una era post-Trump en la que actores clave de su administración y aliados ideológicos, como el actual vicepresidente JD Vance, están activamente impulsando un retorno a las políticas nacionalistas y de “ley y orden”. De hecho, Vance realizó un viaje no anunciado a Montana, donde se reunió con Rupert y Lachlan Murdoch, figuras clave en los medios conservadores, en lo que muchos consideran una señal de alineamiento estratégico para las elecciones de 2026.
Esta sincronización entre la política, los medios y las fuerzas del orden no es nueva, pero ahora adopta nuevas formas a medida que las estructuras de poder buscan consolidar una narrativa sobre inmigración que prioriza la seguridad nacional sobre la dimensión humanitaria. El ranch de los Murdoch, donde ocurrió este encuentro, está ubicado muy cerca del Parque Nacional Yellowstone, un símbolo del conservadurismo rural estadounidense. No es menor el simbolismo.
El contexto de las zonas militarizadas
Las zonas de defensa nacional designadas por la administración Trump cubren grandes extensiones de terreno a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México. Específicamente, hay dos áreas principales: una cerca de Santa Teresa (Nuevo México) y otra de aproximadamente 97 kilómetros desde El Paso hasta Fort Hancock (Texas).
Estas zonas implican que parte del terreno, anteriormente supervisado por el Departamento del Interior, fue transferido al control del Departamento de Defensa durante tres años. Según el portavoz Geoffrey Carmichael, todavía se planea establecer más zonas de este tipo a lo largo de toda la frontera sur.
¿Una frontera más humana (o más punitiva)?
Funcionarios como el jefe de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso, Walter Slosar, defienden la estrategia como parte de una visión de frontera “más humana”. Sin embargo, activistas y abogados aseguran que estas declaraciones son eufemismos que encubren violaciones de derechos humanos.
“Estas asociaciones y consecuencias existen para ofrecer el entorno fronterizo más humano que hemos tenido”, afirmó Slosar.
Pero la cruda realidad es que los migrantes acusados de entrar en zonas militarizadas enfrentan una pena de hasta 18 meses en prisión adicional a los seis meses por entrada ilegal al país. Y ya hay cientos enfrentando estas acusaciones:
- Más de 1,400 migrantes han sido acusados de ingresar ilegalmente en zonas militarizadas.
- Una jueza de Nuevo México ya desestimó más de 100 cargos de seguridad nacional por falta de pruebas de que los migrantes supieran que entraban en áreas restringidas.
- En Texas, una mujer peruana ya fue absuelta bajo este nuevo tipo de cargo.
Respuestas legales y sociales: resistencia judicial y malestar social
Más allá de los procesos judiciales, diversos sectores de la sociedad civil han respondido con protestas y demandas. De hecho, la implementación de estas zonas coincide con una serie de redadas migratorias en ciudades como Los Ángeles, donde más de 4,100 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados junto a 700 marines para controlar protestas sociales.
Estas medidas han recibido condena por parte de líderes locales. Decenas de alcaldes en California han pedido formalmente al gobierno que detenga estas prácticas, mencionando el clima de terror que se ha instalado particularmente en comunidades latinas.
El panorama legal: uso disputado de la Posse Comitatus Act
La Posse Comitatus Act, aprobada en 1878, prohíbe que el ejército actúe como fuerza de orden público dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, la “doctrina de propósito militar” ha sido interpretada de manera expansiva para justificar breves detenciones mientras esperan a que la Patrulla Fronteriza actúe.
El teniente coronel Chad Campbell explicó así una de las operaciones:
“Tres individuos fueron detectados cruzando la barrera protectora. Las tropas les ordenaron sentarse. En tres minutos, los agentes de patrulla los detuvieron”.
Aunque suena breve, ese “arresto temporal” por parte del ejército pone al límite la legalidad constitucional y ha encendido las alarmas entre juristas.
Los medios, la política y el 2026
Es en este contexto que la reunión entre JD Vance y los Murdoch cobra mayor relevancia. La familia Murdoch, propietarios de Fox News y News Corp, ha sido históricamente cercana al Partido Republicano. Rupert Murdoch incluso asistió a la toma de posesión de Donald Trump y fue captado en la Oficina Oval durante su mandato.
Rupert, de 94 años, dejó el control a su hijo Lachlan en 2023, quien ha mantenido la línea ideológica conservadora de su padre. La reunión en el rancho en Dillon, Montana (una propiedad de más de 12,000 reses), se enmarca en lo que podría ser una redirección mediática e ideológica de cara a los comicios de 2026.
¿Y los migrantes? Las historias que importan
Mientras las altas esferas del poder político y económico alinean estrategias, los migrantes son criminalizados por cruzar desiertos, valles y barreras. Muchos desconocen la existencia de las zonas militarizadas, no tienen acceso a traductores en sus juicios sumarios, ni comprensión del sistema legal estadounidense.
Advocacy groups como ACLU y Human Rights Watch han actuarado en defensa legal de varios migrantes, alertando sobre peligrosos precedentes que se podrían repetir en zonas fronterizas de Texas, Arizona y California.
El precedente histórico que no debemos ignorar
Estados Unidos tiene una larga historia de tensión sobre estos temas. Desde la Operation Wetback en 1954 hasta el programa “Permanecer en México” durante el gobierno de Trump, los límites entre seguridad nacional y humanidad han sido difusos.
El regreso de políticas como estas, disfrazadas con lenguaje de protección o legalidad ampliada, evoca los peores momentos de restricción migratoria en el siglo XX, cuando el ejército participaba sin restricciones y las fuerzas de seguridad federales operaban con poderes excepcionales.
Una batalla que apenas comienza
La estrategia fronteriza será uno de los temas más debatidos rumbo a las elecciones de 2026, con figuras como JD Vance y Katherine Robertson (candidata a fiscal general de Alabama) impulsando posiciones de línea dura. Según Robertson:
“Debemos usar el poder del fiscal general para proteger nuestras comunidades y hacer frente a la izquierda fanática”.
La narrativa se está construyendo en múltiples frentes: judicial, militar, mediático y electoral. Y en el centro del conflicto, siguen estando los migrantes, usualmente invisibles, usualmente criminalizados, y pocas veces escuchados.
