El peso de una pistola: el debate sobre el porte oculto sin permiso sacude Carolina del Norte

Una decisión polémica en el corazón del sur

En un paso que ha levantado una ola de reacciones encontradas, la legislatura de Carolina del Norte aprobó un proyecto de ley que permite a los adultos portar armas de fuego ocultas sin necesidad de un permiso. Esta iniciativa, respaldada por la mayoría republicana en el Congreso estatal, convierte al estado en uno de los últimos del sureste en sumarse al club de territorios que desmontan los sistemas de permisos para portar armas ocultas.

El debate no se ha hecho esperar. Mientras los defensores de los derechos de armas celebran lo que consideran un fortalecimiento de la Segunda Enmienda, los opositores, encabezados por legisladores demócratas y organizaciones sociales, advierten sobre las graves consecuencias que esta medida podría tener para la seguridad pública.

¿Qué cambia exactamente?

Hasta ahora, en Carolina del Norte, cualquier persona interesada en portar un arma oculta debía obtener un permiso, el cual exige ser mayor de 21 años, pasar por un entrenamiento en seguridad con armas de fuego y no tener impedimentos físicos o mentales que interfieran con el uso de la pistola. Con la nueva legislación, cualquier adulto mayor de 18 años con identificación válida podría portar un arma oculta, sin entrenamiento previo ni evaluación del carácter por parte de las autoridades.

Según datos de la National Conference of State Legislatures, con esta decisión, Carolina del Norte se unirá a otros 29 estados que permiten el “porte constitucional” o sin permiso. Entre ellos se encuentran Texas, Georgia y Florida, consolidando una tendencia en la región.

Un veto en el horizonte

El gobernador demócrata Josh Stein ya ha manifestado su oposición a la medida, aunque oficialmente aún no ha emitido un comentario definitivo. Su posible veto sería uno de los primeros desde que asumió el cargo con mayor poder frente al Congreso, luego de que los republicanos perdieran su supermayoría en la Cámara de Representantes estatal.

La aritmética legislativa complica un posible anulación del veto. Todos los legisladores demócratas, junto con dos republicanos, votaron en contra de la medida en la Cámara Baja. Esto hace que sea improbable que los republicanos logren los votos necesarios para anular un veto del gobernador, a menos que puedan convencer a al menos un demócrata de cambiar de opinión.

Una brecha generacional e ideológica

Uno de los aspectos más debatidos del proyecto es la reducción de la edad mínima para portar armas de 21 a 18 años. Para muchos legisladores demócratas, esto representa un peligro adicional en un contexto donde los tiroteos y la violencia armada entre jóvenes ha aumentado. La representante demócrata Tracy Clark compartió una emotiva experiencia personal en la que perdió a dos amigos en la universidad por actos de violencia armada, y cuestionó: “¿Recuerdan cómo eran a los 18? Susceptibles a la presión, emocionales, impulsivos”.

¿Más derechos o más riesgos?

Los defensores del proyecto de ley argumentan que la legislación simplemente reafirma un derecho constitucional. El representante republicano Brian Echevarria declaró: “Los derechos de portar armas están inseparablemente ligados al derecho de poseerlas. Si una persona no puede poseer un arma, no puede portarla”. Para ellos, la ley favorece a los ciudadanos cumplidores de la ley, al liberarles de trámites innecesarios.

No obstante, incluso algunos miembros del Partido Republicano votaron en contra. Para las autoridades policiales y organizaciones pro-seguridad como Everytown for Gun Safety, permitir que cualquier mayor de edad cargue un arma oculta sin entrenamiento previo abre una peligrosa puerta hacia conflictos armados innecesarios, accidentes domésticos y más muertes evitables.

El contexto nacional

A nivel nacional, el tema del porte de armas ha sido parte del debate político durante décadas. Estados Unidos cuenta con más armas en circulación que personas: se calcula que hay más de 393 millones de armas en manos civiles, según el Small Arms Survey. En 2020, el país registró más de 45.000 muertes por armas de fuego, de las cuales el 54% fueron suicidios y el resto homicidios, accidentes o incidentes no clasificados, según los CDC.

En los estados donde se han aprobado leyes de porte sin permiso, la evidencia sobre el impacto en la seguridad es mixta. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que algunas jurisdicciones experimentaron aumentos en crímenes violentos con arma de fuego tras la implementación de estas leyes, mientras que otros estados no mostraron cambios significativos. Aun así, la percepción pública se ha inclinado hacia mayor cautela: una encuesta de Pew Research Center indica que el 57% de los estadounidenses piensa que las leyes sobre armas deberían ser más estrictas.

Una oportunidad para la formación

Como medida complementaria a la ley de porte sin permiso, la legislatura aprobó también una iniciativa casi unánime para ofrecer cursos de seguridad con armas en los colleges comunitarios de Carolina del Norte para personas mayores de 18 años. No obstante, estos cursos serían voluntarios, lo cual despierta dudas sobre cuántas personas realmente recibirán una formación básica antes de portar un arma.

Impactos en las comunidades y en la aplicación de la ley

Los cuerpos policiales han expresado preocupación por el impacto en su trabajo diario. Sin un sistema centralizado para saber quién está legalmente armado, los oficiales podrían enfrentarse a situaciones más impredecibles durante operativos rutinarios. Además, comunidades que ya enfrentan altos niveles de violencia, como algunas zonas urbanas de Charlotte o Durham, temen que esta medida aumente la disponibilidad de armas en conflictos comunitarios.

“Cuando alguien es arrestado por portar un arma en circunstancias sospechosas, parte de nuestras herramientas era verificar si tenía el permiso correspondiente. Ahora, esa línea de defensa desaparece”, comentó un oficial veterano de Raleigh que pidió no ser identificado.

Una batalla con implicaciones políticas

Más allá de la cuestión práctica y jurídica, esta ley se ha convertido en un campo de batalla político. El Partido Republicano ve en ella una forma de galvanizar a sus votantes tradicionales, mientras que los demócratas la usan como ejemplo de lo que está en juego en las elecciones locales y nacionales, especialmente entre votantes jóvenes y urbanos.

Y es que, en plena era de polarización política, el debate sobre armas de fuego no solo enfrenta dos visiones sobre la seguridad y los derechos individuales, sino también dos Américas con prioridades sociales completamente distintas.

¿Hacia dónde va Carolina del Norte?

Con esta legislación, Carolina del Norte se encuentra en una encrucijada. Si el gobernador Stein emite su veto y logra mantenerlo firme, se consolidará una barrera contra la expansión del porte sin permiso. Si, por el contrario, el veto es anulado o nunca llega, el estado se sumergirá a fondo en una era donde portar un arma será tan simple como llevar el teléfono móvil.

La pregunta de fondo sigue sin resolverse: ¿qué pesa más en nuestra sociedad, el derecho individual o el bienestar colectivo? La respuesta, al menos por ahora, será escrita por las urnas, las calles y los titulares de los próximos meses.