¿Justicia o persecución?: El nuevo rostro del sistema migratorio en EE.UU.

Una justicia atrapada en una red de miedo

Desde Seattle hasta Atlanta, los pasillos de los tribunales de inmigración en Estados Unidos se han convertido en espacios de tensión y temor para miles de personas que buscan asilo. Un reciente giro en la política migratoria ha desencadenado una ola de arrestos que deja en entredicho el respeto al debido proceso, generando alarma entre activistas, abogados y comunidades enteras.

Las detenciones fuera de los tribunales: ¿Estrategia legal o cacería migratoria?

Casos como el de O-J-M, una mujer transgénero que huyó de México tras ser violada por miembros del cartel, revelan una táctica cada vez más común de las autoridades migratorias: solicitar al juez que deseche el caso para luego ejecutar una detención inmediata, en muchos casos sin notificar ni permitir una defensa adecuada.

“Es un intento de desaparecer a las personas”, denunció Jordan Cunnings, directora legal de Innovation Law Lab, quien representa a O-J-M. Y es que aunque la “remoción expedita” permite deportaciones sin audiencia judicial, puede suspenderse si se manifiesta temor creíble. Sin embargo, la velocidad del proceso y las limitadas oportunidades para asistencia legal han puesto a muchas personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Una herramienta legal convertida en trampa

Esta modalidad de deportación, ampliada por Donald Trump en 2020, fue retomada con fuerza este año por el gobierno actual, lo cual resulta contradictorio con la retórica proinmigrante con la que muchos esperaban un cambio de enfoque. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, cualquier persona que haya ingresado ilegalmente en los últimos dos años es candidata para remoción rápida.

No obstante, como recuerda Isa Peña, directora de estrategia de Innovation Law Lab, “la administración está manipulando el sistema judicial para iniciar procedimientos de deportación acelerada”. ¿El resultado? El miedo ha comenzado a disuadir a muchos de presentarse a sus audiencias, con lo que se arriesgan a órdenes de deportación automática.

Historias humanas detrás del protocolo

• Un hombre venezolano lloraba al ver que su caso era desechado pese a alegar amenazas de muerte en su país.
• Un haitiano fue detenido mientras su primo, con idéntica situación, fue liberado.
• Militares, agentes de ICE enmascarados, y protestas masivas como en Seattle, son ahora parte habitual del escenario judicial migratorio.

“¿Al salir, pueden detenerme?” preguntó uno de los solicitantes de asilo al juez Kenneth Sogabe. La respuesta fue contundente y ambigua: “No puedo responder eso, no tengo conexión con la parte encargada de aplicar la ley”.

Disuasión como política no oficial

La percepción general es que estas tácticas buscan algo más que la aplicación de la ley: busca disuadir. Así lo expresó el abogado Alex Baron, al explicar cómo la difusión de estas tácticas genera un efecto dominó: muchos inmigrantes, por temor, dejan de asistir a las audiencias o no aplican al asilo, lo cual automáticamente acelera sus deportaciones.

En Los Ángeles, Phoenix y Seattle se han confirmado múltiples detenciones idénticas. En la mayoría de casos, las personas detenidas no hablan inglés ni pueden costear un abogado.

Los jueces bajo presión

No todos los jueces aceptan esta dinámica sin cuestionarla. En Atlanta, el juez Andrew Hewitt desafió directamente a un abogado del gobierno cuando este pidió cerrar los casos de varios centroamericanos. “Parece un razonamiento circular e ineficiente”, afirmó públicamente.

Hewitt se negó a cerrar el caso de una mujer ecuatoriana, aplazando la consideración hasta agosto. Asimismo, permitió continuar el proceso de asilo de una ciudadana venezolana al reconocer que sí había presentado una solicitud formal.

Más allá del tribunal: los intereses políticos y económicos detrás de las deportaciones

La crispación migratoria no termina en los tribunales. En Nueva Orleans, un caso paralelo evidenció cómo universidades como Tulane reprimen los esfuerzos académicos que puedan contradecir los intereses de poderosos donantes o autoridades políticas.

La investigadora Kimberly Terrell, de la clínica de derecho ambiental de Tulane, renunció tras denuncias de censura institucional. Su "ofensa" fue publicar estudios que demostraban:

• Cáncer elevado en comunidades negras o pobres de Luisiana
• Contaminación tóxica vinculada a partos prematuros y bajo peso
• Menor inclusión laboral para afroamericanos en industrias petroquímicas

En correos internos, Tulane reconoció que su investigación ponía en riesgo la expansión universitaria promovida por legisladores estatales. Incluso, según Terrell, el gobernador Jeff Landry amenazó con vetar cualquier financiamiento estatal si Tulane no "controlaba la narrativa".

“No puedo quedarme callada mientras esta universidad sacrifica la integridad académica en nombre del apaciguamiento político”, escribió Terrell en su carta de renuncia.

Un entramado que conecta migración, derechos humanos y lucro

Los patrones de opresión, silencio y presión económica no se limitan al ámbito migratorio. Hablamos de un ecosistema donde:

• El sistema judicial se convierte en instrumento de control político.
• Las universidades ceden a intereses financieros, optando por silenciar investigaciones legítimas sobre injusticias ambientales y raciales.
• El discurso de “seguridad nacional” sirve para justificar la remoción acelerada de personas vulnerables y el atropello del debido proceso.

Una verdad incómoda: deportaciones como espectáculo político

Bajo órdenes directas del asesor presidencial Stephen Miller, ICE ha intensificado redadas buscando alcanzar una meta diaria de 3,000 arrestos. Esta cifra desvela que más allá de la ley, hay una narrativa simbólica, una estrategia política de “mano dura” para capitalizar miedos e incertidumbres en contextos electorales.

Con más de 3.6 millones de casos pendientes en tribunales de inmigración (según datos del TRAC Immigration en 2025), resulta claro que el sistema no busca una resolución justa, sino consumidores de temor, votos y silencio estratégico.

¿Qué nos enseña esta ola de deportaciones sobre el alma de un país?

Como escribió Karen Musalo, experta en derechos humanos en la Universidad de California, “la verdadera prueba de los valores democráticos de una nación no se mide por cómo trata a sus ciudadanos sino a los extranjeros más vulnerables en su territorio”.

En este punto, Estados Unidos enfrenta una encrucijada moral, donde debe decidir si conservar la narrativa de ser tierra de acogida y justicia o aceptarse como un estado de vigilancia, miedo y oportunismo político. Para miles de personas, esta decisión es una cuestión de vida o muerte literal.