Trump, medios y la Primera Enmienda: El derecho a informar bajo amenaza

¿Hasta dónde puede llegar un presidente en restringir el acceso de los medios a la información? La pugna legal entre la agencia de noticias Associated Press (AP) y la administración de Donald Trump por el acceso a eventos presidenciales ha reavivado un debate central en la democracia estadounidense: la libertad de prensa. Pero más allá del plano jurídico, lo sucedido plantea una pregunta profunda sobre el estado actual del derecho a informar y ser informado en la era contemporánea.

Un conflicto que comenzó con un nombre

Todo empezó, irónicamente, con el nombre de un cuerpo de agua. En febrero, la administración Trump comenzó a restringir el acceso de AP a eventos presidenciales, luego de que la agencia se rehusara a seguir la sugerencia presidencial de llamar al Golfo de México como "Golfo de América" en su copia periodística. La negativa de AP desató una represalia: se le denegó el acceso a periodistas de texto a eventos donde antes estaban presentes, como reuniones en la Oficina Oval o vuelos en el Air Force One.

Esta decisión contraviene una práctica arraigada desde hace décadas. Como medio global con 179 años de historia, la Associated Press ha sido parte del llamado press pool, un pequeño grupo de periodistas que cubren eventos presidenciales donde el espacio es limitado. Aunque los fotógrafos de AP continúan recibiendo acceso, los reporteros de texto han sido virtualmente excluidos desde entonces.

Una decisión judicial polémica

En abril, un tribunal federal inferior falló a favor de AP, dictaminando que la administración había actuado de manera punitiva y violado los derechos de la agencia bajo la Primera Enmienda. Sin embargo, el pasado viernes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia —dos de ellos nombrados por Trump— suspendió esa decisión, lo cual permite que la exclusión de AP continúe por ahora.

Esta jugada judicial generó controversia inmediata. "La decisión de la corte de apelaciones de pausar la orden del tribunal distrital le permite a la Casa Blanca discriminar y tomar represalias por palabras que no le gustan, lo cual es una violación de la Primera Enmienda", declaró Patrick Maks, vocero de AP. La agencia busca ahora que el caso sea escuchado por el pleno de la corte, compuesta por nueve jueces nombrados por presidentes demócratas y seis por republicanos.

¿Puede un presidente castigar a la prensa?

El meollo del caso no es solamente semántico ni técnico. Se trata de si un presidente puede usar el poder institucional para penalizar a los medios por el contenido de su cobertura. En otras palabras, ¿hasta qué punto la libertad de prensa está protegida cuando entra en conflicto con el poder ejecutivo?

La jurisprudencia estadounidense ofrece algunos antecedentes. En el famoso caso de New York Times Co. v. United States (1971), la Corte Suprema defendió firmemente la libertad de prensa ante el intento del gobierno de Nixon de frenar la publicación de los Papeles del Pentágono. Entonces, la Corte afirmó que "la prensa debía ser libre para revelar los engaños del gobierno". Pero en el contexto actual, el enfrentamiento toma un giro diferente: la exclusión física de cobertura en represalia por el contenido publicado. Es una forma sutil, pero efectiva, de silenciamiento.

¿Es esto censura indirecta?

Expertos legales y defensores de la libertad de prensa consideran que sí. El profesor de derecho Geoffrey Stone, de la Universidad de Chicago, asegura que "el gobierno no puede tomar decisiones punitivas contra medios simplemente por el contenido de lo que publican. Eso está en el corazón de lo que la Primera Enmienda protege".

No obstante, la defensa legal del gobierno apela a una lógica diferente: argumentan que las restricciones en el acceso no violan la Primera Enmienda porque los periodistas aún pueden cubrir otros aspectos del gobierno federal, y que el acceso a eventos presidenciales en espacios reducidos no es un derecho automático.

Aquí emerge una tensión crucial entre los derechos formales y los derechos sustanciales. Aunque AP puede seguir cubriendo temas desde la periferia, la exclusión de estas instancias clave afecta de forma evidente su capacidad para elaborar una cobertura competitiva y completa. Como lo expresa el periodista David Bauder: "Si solo se permite entrar a los que escriben bien del presidente, es una forma de sesgo institucionalizado".

Libertad de prensa: ¿pilar o decorado?

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece: “El Congreso no promulgará ninguna ley […] que coarte la libertad de expresión, o de la prensa”. Pero esta protección se ve comprometida si las dinámicas del poder político pueden encontrar formas tangenciales de limitarla.

Una prensa sin acceso no cumple su función. La periodista Lesley Stahl, de 60 Minutes, lo dijo una vez a Trump en una entrevista: "La razón por la que mantenemos una actitud desafiante es para no ser sus defensores, sino sus críticos. Eso es lo que significa ser prensa libre".

Pero bajo esta nueva lógica de comunicación presidencial, esa crítica puede tener un precio: la pérdida de acceso. Se abre entonces la puerta a un peligroso modelo de cobertura condicionado, donde solo quienes se alinean ideológicamente podrán ejercer de manera plena el periodismo político en la Casa Blanca.

Cambios sísmicos en la era de los medios y la polarización

Este conflicto no ocurre en el vacío. Llega en un momento en que los medios mismos enfrentan una crisis de confianza en el público. Según el índice de Gallup de 2022, solo el 16% de los adultos estadounidenses confían plenamente en los medios. Esa baja percepción ha sido alimentada, entre otras cosas, por ataques constantes desde sectores del poder que acusan a los medios independientes de fake news.

La administración Trump popularizó el eslogan "enemy of the people" para referirse a la prensa, un término que tiene ecos históricos inquietantes. La frase fue utilizada durante regímenes autoritarios en el siglo XX para desacreditar institucionalmente a la prensa crítica y así establecer un monopolio sobre la verdad.

Mientras tanto, las redes sociales exacerban la polarización, fragmentando aún más el espacio informativo. La consecuencia es que buena parte del público ya no evalúa las noticias por su veracidad, sino por su afinidad política.

No es solo AP: un patrón preocupante

Este caso se suma a otros episodios en que se cuestionó el acceso de los medios a altos funcionarios. En 2018, el periodista Jim Acosta de CNN fue temporalmente vetado de la Casa Blanca tras un intercambio con Trump considerado “irrespetuoso”. Eventualmente, fue reincorporado, pero ese caso abrió una caja de Pandora sobre el poder discrecional del Ejecutivo respecto a los acreditados.

En paralelo, periodistas críticos como April Ryan o Yamiche Alcindor han denunciado intentos de intimidación o marginalización durante coberturas del gobierno.

¿Qué viene ahora?

La apelación de AP está en marcha, y un fallo por parte del pleno del tribunal de apelaciones podría sentar un precedente crucial. Si prevalece la postura de la administración Trump, otros gobiernos futuros —de cualquier color político— podrían recurrir a esta táctica para silenciar coberturas incómodas sin necesidad de introducir leyes mordaza formales.

Por el contrario, si se restituye el principio de acceso neutral a eventos presidenciales, se reafirmaría la idea de que la prensa debe estar libre de represalias por el contenido informativo que produce. Se decidirá mucho más que el derecho de una agencia a entrar a la Oficina Oval: se juega, de facto, la salud de la democracia informada.

Un llamado urgente a la vigilancia ciudadana

En última instancia, la defensa de la libertad de prensa no recae solo en los periodistas o jueces sino también en la ciudadanía. Una democracia sólida exige una prensa robusta, que pueda incomodar al poder sin temor a represalias. Es, como dijo una vez Thomas Jefferson: "Donde la prensa es libre y cada hombre capaz de leer, todo está a salvo".

Pero si permitimos que se instalen precedentes donde el acceso es condicionado por la lealtad al poder, perderemos algo más que el derecho a informar: perderemos el derecho a saber.