Monumentos, política y poder: La nueva batalla por las tierras protegidas en EE.UU.
Entre protección ambiental y ambiciones presidenciales, los monumentos nacionales se convierten en el nuevo frente de disputa ideológica en Estados Unidos
En un momento donde la crisis climática y la división política se cruzan en la historia de los Estados Unidos, los monumentos nacionales vuelven al centro del debate. Esta vez, la batalla no es solo por el paisaje, sino por el legado y el poder presidencial.
¿Qué está en juego con los monumentos nacionales?
Los monumentos nacionales son áreas protegidas creadas mediante proclamaciones presidenciales bajo la Ley de Antigüedades de 1906 (Antiquities Act). Esta legislación fue firmada originalmente por el presidente Theodore Roosevelt con el objetivo de preservar sitios con valor histórico, arqueológico o científico.
Desde entonces, casi todos los presidentes estadounidenses han utilizado dicha ley para proteger formaciones geológicas, áreas culturales y espacios naturales. Muchos parques nacionales actuales, como el Gran Cañón o Arches, comenzaron como monumentos nacionales.
La polémica reavivada: Trump, Biden y los monumentos de California
Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió una polémica opinión bajo la administración de Donald Trump que rescata una visión expansionista del poder presidencial para eliminar monumentos nacionales si considera que “las protecciones no son justificadas”.
Esto afecta directamente a dos monumentos creados en California por el presidente Joe Biden en la recta final de su mandato:
- Chuckwalla National Monument: cerca del Joshua Tree National Park en el sur de California, que protege más de 624,000 acres de desierto con formaciones geológicas únicas y especies como el carnero cimarrón del desierto o el lagarto Chuckwalla.
- Sáttítla Highlands National Monument: ubicado cerca de la frontera con Oregón, abarca terrenos ancestrales sagrados para las tribus Pit River y Modoc, y protege unas 225,000 acres de bosques y montañas.
Ambas designaciones prohíben la minería, perforación de petróleo y extracción de gas natural en el área, lo que ha generado una fuerte crítica de sectores conservadores y afines a la industria energética.
Protección o “apropiación masiva de tierras”: perspectivas enfrentadas
Durante su primer mandato, Trump redujo significativamente el tamaño de dos importantes monumentos nacionales en Utah —Bears Ears y Grand Staircase-Escalante—, acciones que definió como la reversión de una “apropiación masiva de tierras” ejecutada por sus predecesores. En su visión, estos monumentos están mal utilizados para frenar el desarrollo económico y el acceso a recursos naturales.
Por su parte, Biden restauró los límites originales de estos monumentos en 2021 y ha seguido apostando por un legado ambientalista, creando nuevas zonas protegidas como parte de su plan para preservar el 30% de las tierras y aguas de EE. UU. para 2030, estrategia conocida como “30x30”.
Crítica legal al poder presidencial: ¿Puede un presidente revocar monumentos?
La cuestión legal central es si un presidente tiene la autoridad de eliminar o reducir un monumento establecido por su antecesor. La opinión del Departamento de Justicia emitida durante el gobierno de Trump sostiene que sí, basándose en la necesidad de revisar si dichas zonas cumplen con el propósito original de la Ley de Antigüedades.
Sin embargo, muchos abogados especialistas en derecho ambiental y constitución, así como organizaciones como la Natura Resources Defense Council (NRDC) o The Wilderness Society, argumentan lo contrario. En palabras de Axie Navas, funcionaria destacada de esta última organización:
“Los estadounidenses apoyan abrumadoramente nuestras tierras públicas y se oponen a que sean desmanteladas o destruidas.”
Un análisis del National Park Service revela que desde 1912 se han emitido más de una docena de proclamaciones presidenciales que disminuyeron el tamaño de un monumento, pero ninguna lo ha revocado por completo.
Los intereses detrás: minería, petróleo, y luchas tribales
Muchos de los monumentos más polémicos están ubicados en áreas donde existen intereses económicos sustanciales relacionados con la extracción de minerales críticos como el litio, indispensable para la transición energética. Las empresas mineras y energéticas ejercen presión sobre los legisladores conservadores para acceder a esos territorios.
Pero también hay intereses culturales y espirituales. Las tribus nativas americanas consideran muchas de estas regiones como lugares sagrados. En el caso de Bears Ears, por ejemplo, fue la primera vez en la historia que un monumento fue propuesto por un conjunto de pueblos indígenas.
Legados presidenciales: los parques como instrumento político
La creación de monumentos nacionales a menudo trasciende lo ambiental. Se ha convertido en una forma de dejar huella política. En un año electoral como 2024-2025, donde los debates sobre el cambio climático, el medio ambiente y el federalismo están más polarizados que nunca, cada nueva designación —o revocación— es vista como una declaración de principios.
Según detalló Lanora Pettit, subsecretaria de Asuntos Jurídicos en la administración Trump:
“Las actividades promovidas por estos monumentos —como el ciclismo o el camping— no están relacionadas con la protección científica o histórica, sino con una estrategia política de legado ecológico”.
De esta manera, Trump acusa a Biden de usar los monumentos para impulsar un expansionismo conservacionista que limita la libertad económica en zonas ricas en recursos, mientras que Biden contraataca insinuando que su rival solo busca explotar el medio ambiente en nombre del lucro inmediato.
El precedente de Eisenhower y los desafíos actuales
En la historia moderna, el presidente que más reducciones hizo fue Dwight Eisenhower, quien disminuyó seis monumentos, incluyendo el Arches National Monument (que luego fue convertido en parque nacional). Sin embargo, nunca se llegó al extremo de revocar completamente un monumento, como potencialmente busca la actual opinión jurídica promovida por figuras del trumpismo ambiental.
Actualmente, la reducción de monumentos como Bears Ears está siendo analizada en tribunales, aunque Biden ya revirtió dichas reducciones y el caso está técnicamente pendiente.
Impacto en comunidades locales y turismo
Más allá del debate ideológico, la protección de áreas como Chuckwalla o Sáttítla Highlands tiene implicaciones directas para las comunidades locales. Según Headwaters Economics, los condados con monumentos nacionales tienden a tener un mejor desempeño económico gracias al impulso del turismo, los empleos recreativos y la atracción de nuevos residentes.
Al mismo tiempo, los críticos sostienen que muchos de estos beneficios se concentran en sectores urbanos o clases acomodadas, mientras que los trabajadores rurales quedan excluidos o sin opciones de empleo directamente relacionadas con la tierra.
El futuro de los monumentos en manos de los votantes
A medida que se intensifica el ciclo electoral estadounidense, el futuro de los monumentos nacionales como los de California dependerá, en última instancia, de la voluntad de los votantes y la visión que el próximo presidente tenga acerca del equilibrio entre protección ambiental, libertad económica y respeto cultural.
Una encuesta de Pew Research Center muestra que el 74% de los estadounidenses apoya mayores protecciones para tierras públicas, reflejando una tendencia nacional hacia la conciencia ambiental. Pero las divisiones partidistas también son evidentes: mientras el 88% de los demócratas apoya estas protecciones, solo el 49% de los republicanos está de acuerdo.
Estamos ante una nueva revolución en cómo entendemos nuestras tierras, y si deben ser preservadas para el bien común o explotadas al servicio del crecimiento. El Monumento es más que piedra: es símbolo, política, identidad.