La nueva militarización de Los Ángeles: ¿Seguridad nacional o represión disfrazada?

Una historia que se repite, con matices preocupantes

Las imágenes de patrullas militares, protestas inflamadas y vehículos incendiados en el corazón de Los Ángeles no son nuevas. Pero aunque remiten inevitablemente al trágico episodio de 1992 tras el veredicto por la golpiza de Rodney King, hoy el contexto ha cambiado radicalmente. Esta vez, el detonante ha sido una serie de redadas migratorias ordenadas por el gobierno de Donald Trump, lo que generó una cadena de protestas que todavía estremecen a California.

Uno de los contrastes más significativos es la escala. Las protestas actuales, aunque tensas, se han limitado a unas pocas cuadras del centro de Los Ángeles y no han dejado víctimas fatales. Sin embargo, su simbolismo político es profundo. Han sido suficientes para que el presidente ordene el despliegue de 4,100 soldados de la Guardia Nacional y 700 Marines, en desafiante oposición a las autoridades estatales y municipales.

Trump, la Insurrection Act y el poder presidencial

La decisión de Trump se fundamenta en la Ley de Insurrección, una disposición legal de 1807 que permite al presidente desplegar tropas en suelo nacional cuando se enfrenta a una “rebelión” o “peligro de rebelión” contra el gobierno de EE. UU. Es la misma herramienta utilizada en 1992 por George H.W. Bush. Sin embargo, esta vez hay una diferencia crucial: tanto el gobernador de California, Gavin Newsom, como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresamente rechazaron el despliegue.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ya ha interpuesto una demanda, señalando que Trump habría excedido su autoridad constitucional. Lo que subyace aquí es un conflicto de alcance mucho mayor: la tensión recurrente entre los llamados "estados santuario" y las políticas federales antiinmigrantes.

Un aparato migratorio en modo ofensiva

La coyuntura californiana no es aislada. Trump, animado por figuras como Stephen Miller, arquitecto de su política migratoria, pretende escalar la maquinaria de deportaciones. Mientras que el promedio diario de arrestos de migrantes por parte de ICE entre enero y mayo fue de 656, Miller ha sugerido un objetivo alarmante: 3,000 detenidos diarios.

Eso ha exigido una expansión sin precedentes del uso de recursos: colaboraciones con policías locales mediante convenios 287(g) se han cuadruplicado (650 acuerdos actualmente), se ha movilizado personal de otras dependencias federales y se han realizado operativos tácticos inéditos. Entre ellos, destacan redadas con granadas aturdidoras y enfrentamientos armados en lugares como San Diego y Tennessee.

Una comunidad al borde del colapso

La presión es doble. Por un lado, los arrestos han generado miedo y caos en barrios latinos y comunidades migrantes. Más de 100 arrestos se han contabilizado solo en Los Ángeles en lo que va del mes, incluyendo figuras sindicales y estudiantes secundarios. Por otro lado, ICE está experimentando un serio problema de capacidad: su presupuesto cubre espacios para 41,000 detenidos, pero ya aloja a más de 53,500 personas.

El Congreso analiza una iniciativa de financiamiento de $45,000 millones para llegar a una capacidad de detención de 100,000 migrantes, y otros $8,000 millones para añadir 10,000 nuevos oficiales de ICE.

Las secuelas del 92 aún viven en la memoria

Volver a militarizar Los Ángeles activa inevitablemente recuerdos del levantamiento de 1992. En aquella ocasión, murieron 63 personas, más de 2,000 resultaron heridas, se destruyeron 3,600 incendios estructurales y se produjeron 12,000 arrestos. Muchos afroamericanos apuntaron entonces contra los comerciantes coreanos, quienes protegieron sus tiendas con armas en medio del caos.

No estamos en 1992. Pero para muchos residentes, el eco emocional es similar. La presencia de militares patrullando barrios urbanos se interpreta como un mensaje de intimidación y no de protección. “No queremos una guerra en nuestras calles”, dijo en conferencia de prensa la alcaldesa Bass.

Legalidad versus legitimidad

Técnicamente, la Insurrection Act le da la facultad a Trump de tomar decisiones como esta sin autorización previa de gobernadores. No obstante, la mayoría de expertos concuerda en que una ley del siglo XIX quizá no esté diseñada para cubrir situaciones modernas de disenso civil no armado. De hecho, la American Civil Liberties Union (ACLU) y otras organizaciones ya trabajan en recursos judiciales contra esta acción.

“El uso de la fuerza militar contra ciudadanos americanos por ejercer su derecho de protesta pacífica es inaceptable”, declaró el abogado constitucionalista Laurence Tribe de Harvard. “Estamos ante un posible abuso de poder con consecuencias severas para el futuro de la democracia en EE. UU.”

¿Hacia una criminalización del activismo?

Las voces independientes que han salido a las calles —mayormente latinas— no solo protestan contra las redadas; lo hacen por un sistema que parece haberse convertido en una máquina inhumana. En varias ciudades del país, personas han sido detenidas por el simple hecho de presentarse a audiencias migratorias. En Massachusetts, ICE detuvo a un joven de 18 años cuando se dirigía a practicar vóleibol, sin antecedentes ni cargos.

“No dije que fuera peligroso, solo que está en el país ilegalmente y no vamos a ignorar eso”, afirmó el director interino de ICE, Todd Lyons. La frase, aunque legalmente válida, ilustra el endurecimiento extremo de las prioridades de deportación bajo Trump.

El efecto dominó: polarización al límite

Desde Mississippi hasta California, pasando por Kentucky y Massachusetts, las decisiones del Ejecutivo federal están avivando llama tras llama. El mismo lunes en que se desplegaron Marines en Los Ángeles, decenas de estudiantes protestaban en Mississippi contra una ley que, según múltiples organizaciones de derechos civiles, elimina espacios para discutir cuestiones de diversidad, equidad e inclusión en las aulas.

Como escribió Jarvis Dortch, director de la ACLU de Mississippi: “El hecho de que algunos legisladores no puedan mantener conversaciones productivas sobre raza o género no significa que los estudiantes no estén preparados para asumirlas”.

Una encrucijada histórica

Estados Unidos enfrenta una de las crisis político-morales más profundas en décadas. Si el despliegue de soldados en una ciudad tan simbólica como Los Ángeles no basta para alertar sobre la militarización del descontento civil, ¿qué lo hará?

Los Ángeles, con su diversidad, historia de resistencia y herida aún viva de 1992, se ha convertido nuevamente en el epicentro de un forcejeo titánico entre federalismo y derechos humanos. En 2025, la pregunta no es si habrá más protestas, sino cuán lejos está dispuesto a llegar el gobierno federal para silenciarlas. Y, sobre todo, qué papel jugará la ciudadanía en resistir o facilitar esta peligrosa pendiente autoritaria.