El nuevo frente de batalla: Louisiana versus las píldoras abortivas y el alcance interestatal

La nueva estrategia legislativa de Louisiana

Louisiana ha dado un paso más en la progresiva restricción al aborto en Estados Unidos al aprobar un proyecto de ley que permite a sus ciudadanos demandar a personas fuera del estado que faciliten abortos mediante píldoras. Esta medida representa un giro en la estrategia legal del movimiento antiabortista: no sólo se busca restringir la práctica dentro del territorio estatal, sino también criminalizar a quienes intervengan desde afuera.

Con esta legislación, el estado amplia su marco legal para demandar a médicos y activistas de otros estados que prescriban, coordinen la venta o distribuyan píldoras abortivas —como mifepristona y misoprostol— a residentes de Louisiana. La medida ha sido vista por muchos como una respuesta al caso de Margaret Carpenter, una doctora de Nueva York acusada de enviar medicamentos abortivos a una menor embarazada en Louisiana a petición de su madre.

¿Qué cambia con esta ley?

Hasta ahora, las mujeres en Louisiana ya podían demandar a médicos que realizaran abortos dentro del estado. La nueva legislación, sin embargo, va más allá. Permite iniciar acciones civiles contra cualquier persona (o entidad) “que desempeñe un papel sustancial” en facilitar un aborto, incluyendo prescribir, vender u organizar la entrega de pastillas abortivas.

Además, el plazo para presentar demandas se extiende hasta 10 años después del aborto, lo que crea un largo horizonte legal de responsabilidad para proveedores, incluso aquellos que operen fuera de Louisiana.

Los médicos y farmacéuticos que estén licenciados dentro del estado y actúen conforme a la ley están exentos, lo cual refuerza la intención de esta normativa: perseguir prácticas desde jurisdicciones más permisivas.

Un modelo que se expande

Louisiana no está sola en esta avanzada legal contra el aborto medicado desde fuera. Según The New York Times, estados como Idaho, Oklahoma y Texas ya han aprobado leyes similares que persiguen a quienes ayudan a residentes a obtener abortos, incluso sin intervenir directamente en el procedimiento.

Estas legislaciones reflejan una tendencia clara desde que la Corte Suprema de EE.UU. anuló Roe v. Wade en 2022, eliminando el derecho federal al aborto y dando a los estados libertad para regular el procedimiento.

La ley de Louisiana, impulsada por el senador estatal republicano Rick Edmonds, es explícita en su objetivo: "Estas píldoras no son bienvenidas", declaró Edmonds ante los legisladores. La retórica ha pasado del tradicional "proteger la vida" a la criminalización activa de proveedores foráneos.

Un caso emblemático: Margaret Carpenter

La doctora neoyorquina Margaret Carpenter enfrenta cargos de "aborto criminal por medios de medicamentos" en Louisiana, un delito grave en ese estado. Según las autoridades, en 2023 prescribió mifepristona y misoprostol a través de una consulta en línea a solicitud de la madre de una menor embarazada en Louisiana.

Carpenter habría enviado las pastillas por correo. Una vez llegaron, la madre se las administró a su hija. El caso ha sido el catalizador para la nueva ley, según explicó la abogada estatal Liz Murrill, quien tildó a Carpenter de “traficante de drogas” por haber violado la ley de Louisiana desde otro estado.

Sin embargo, el caso ha generado controversia a nivel nacional. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se negó a extraditar a Carpenter, amparándose en las llamadas "leyes escudo" que buscan proteger a proveedores de salud reproductiva de otras jurisdicciones que penalicen el aborto.

Un choque legal entre estados

El conflicto entre los estados antiabortistas y aquellos que aún protegen el derecho al aborto se está intensificando. Desde la derogación de Roe, diversos estados azules (liberales) han aprobado leyes que impiden la cooperación en arrestos o extradiciones relacionadas con abortos legales en su territorio.

Por ejemplo, Nueva York, California e Illinois han aprobado leyes de refugio que protegen tanto a pacientes como a proveedores. Según el Center for Reproductive Rights, estas leyes están diseñadas para resistir el "imperialismo legal" de estados conservadores como Texas y Louisiana.

"Estamos viendo la construcción de dos sistemas jurídicos completamente diferentes en Estados Unidos. Uno en el que el aborto es atención médica y otro en el que se trata como delito", explicó la abogada Jennifer Dalven, del ACLU Reproductive Freedom Project.

Resistencia y preocupaciones médicas

Los opositores a la nueva ley de Louisiana argumentan que es innecesaria, dado que el estado ya posee algunas de las leyes más restrictivas sobre el aborto en EE.UU. Desde que se desencadenaron las leyes de activación con la caída de Roe, en Louisiana sólo se permite abortar si existe un riesgo alto para la vida o salud de la madre, o si el feto muestra malformaciones fatales.

Pero más allá del marco legal, los grupos médicos alertan sobre un éxodo de profesionales de la salud debido al creciente riesgo jurídico.

"Al criminalizar no sólo a los médicos en el estado, sino también su comunicación con colegas y farmacéuticos en otros lugares, están creando un clima de miedo", dijo la doctora Rebecca Gee, exdirectora de Salud Estatal en Louisiana. "El riesgo no vale la pena para muchos médicos que simplemente quieren practicar medicina."

Detractores dentro del propio estado

El senador estatal demócrata Royce Duplessis criticó duramente la medida, denunciando que es otro intento del establishment conservador de “controlar las decisiones que toman las mujeres sobre su salud.”

"Es desconcertante cómo año tras año siguen intentando restringir más, incluso después de haber cancelado Roe y establecido leyes de activación. ¿No les basta?", declaró en una acalorada sesión legislativa.

La propuesta inicial del proyecto incluía sanciones penales más duras, pero fue modificada para centrarse en demandas civiles, posiblemente para reducir la percepción de castigo estatal sobre mujeres y médicos.

Medicinas bajo la lupa

El año pasado, Louisiana también añadió la mifepristona y el misoprostol a su lista de “sustancias controladas peligrosas”, una acción que para muchos expertos en salud es inconstitucional. Ambas drogas, aprobadas por la FDA, están considerados medios seguros y eficaces para interrumpir embarazos durante las primeras 10 o 11 semanas.

"Desde una perspectiva médica, estos son medicamentos esenciales según la OMS. Que se les equipare a narcóticos es una aberración", declaró el Dr. Daniel Grossman, profesor de obstetricia en la Universidad de California y activista por el acceso al aborto.

Implicaciones federales

Este tipo de legislación plantea problemas constitucionales aún no resueltos. ¿Puede un estado penalizar a médicos de otros estados por practicar medicina según las normas de su jurisdicción? El conflicto recuerda los desacuerdos judiciales interestatales previos a la Guerra Civil, cuando existían leyes en estados esclavistas que criminalizaban acciones tomadas en estados libres.

La Suprema Corte eventualmente tendrá que decidir si un estado como Louisiana puede extender su ley más allá de sus fronteras, especialmente cuando entra en conflicto con derechos ciudadanos protegidos en otras partes del país.

Por ahora, sin embargo, los conservadores han encontrado una nueva arma legal para erosionar lo que queda del acceso al aborto en muchos rincones del país, y Louisiana está liderando esa batalla.