Autocracias en ascenso: las democracias tambaleantes de Togo, Myanmar y Hungría

Protestas sofocadas, constituciones manipuladas y derechos vulnerados: tres naciones enfrentan el retroceso del poder civil ante el autoritarismo y la represión estatal

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Tres escenarios, una misma sombra: el autoritarismo moderno

En pleno siglo XXI, la narrativa democrática parece estancarse en algunos rincones del mundo. Togo, Myanmar y Hungría —tres países dispares en cultura, historia y geografía— convergen en un punto alarmante: el debilitamiento profundo de sus estructuras democráticas y la erosión sistemática de los derechos ciudadanos.

Este artículo toma un enfoque de análisis para explorar los patrones de autoritarismo compartidos por estos tres contextos, las estrategias empleadas por los líderes en el poder, y las respuestas ciudadanas ante un ambiente de represión cada vez más institucionalizada.

Togo: la permanencia del poder tras un "golpe constitucional"

En Togo, el presidente Faure Gnassingbé, en el poder desde 2005 tras suceder a su padre Gnassingbé Eyadéma —quien gobernó durante 38 años—, ha vuelto a modificar el equilibrio político del país. El cambio reciente en la Constitución lo posiciona como Presidente del Consejo de Ministros, con capacidad de ser reelegido indefinidamente por el parlamento, en un cargo sin límites de mandato.

Este nombramiento ha sido tachado de "golpe constitucional" por las fuerzas opositoras y organismos de la sociedad civil, como la coalición "Hands Off My Constitution", quienes han denunciado que bajo su mandato de dos décadas, el país se ha hundido en una represión absoluta y sin garantías democráticas.

Aunque las manifestaciones están prohibidas en el país desde 2022 —a raíz de un ataque mortal en el principal mercado de Lomé—, grupos opositores han desafiado la censura reuniéndose en protestas pacíficas, principalmente visibilizadas en redes sociales. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido férrea: al menos 80 personas fueron detenidas, algunas presuntamente golpeadas durante su arresto, según Amnistía Internacional.

Aimé Adi, director de la oficina local de Amnistía, subraya que “el régimen de Gnassingbé ya no tiene nada que ofrecer tras 20 años de poder abusivo”. Mientras tanto, los opositores claman por una liberación inmediata de los detenidos y el retorno a una legitimidad democrática perdida.

Myanmar: entre terremotos, guerra civil y limpieza étnica

En el sudeste asiático, Myanmar (antes Birmania) vive una de las crisis políticas y humanitarias más graves del planeta. Desde el golpe militar de febrero de 2021, cuando los militares derrocaron al gobierno elegido de Aung San Suu Kyi, el país se ha sumido en un estado de guerrilla permanente.

La violencia no se detuvo ni siquiera tras el terremoto de marzo de 2024, que dejó más de 3,000 muertos y miles de heridos en Naypyitaw y Mandalay, lo que la ONU catalogó como “una crisis dentro de otra crisis”.

Hasta ahora, más de 6,600 civiles han sido asesinados por fuerzas de seguridad y hay al menos 22,000 presos políticos, incluyendo a Suu Kyi y al expresidente Win Myint, según organizaciones no gubernamentales e informes de Naciones Unidas.

La enviada especial de la ONU, Julie Bishop, declaró ante la Asamblea General que Myanmar está en “camino a la autodestrucción” si la violencia no cesa. Pese a algunos anuncios de alto al fuego, la escalada continúa con enfrentamientos armados entre el Ejército y milicias étnicas como el Ejército de Arakan.

En el lado más oscuro de esta historia se encuentra la situación de los rohingyas, una minoría musulmana que ha sido despojada de la ciudadanía y masacrada por décadas. Más de 700,000 fueron expulsados hacia Bangladesh desde 2017. Bishop denunció su estado actual: 80% de ellos viven bajo la línea de pobreza, atrapados en un fuego cruzado donde son víctimas de reclutamiento forzado.

La comunidad internacional prepara para el 30 de septiembre una conferencia de alto nivel en la ONU para encontrar “soluciones duraderas” para las minorías étnicas perseguidas en Myanmar, entre ellas los rohingyas.

Hungría: Orbán y la democracia iliberal

En Europa del Este, Hungría enfrenta un proceso distinto pero igual de preocupante. El primer ministro Viktor Orbán, líder del partido Fidesz, es acusado de guiar al país hacia una auténtica autocracia. Las recientes reformas legales y constitucionales han provocado una ola de protestas en Budapest y otras ciudades húngaras.

En marzo y abril de 2024, el parlamento dominado por Fidesz aprobó leyes que prohíben las manifestaciones LGBTQ+ y permiten el uso de tecnología de reconocimiento facial para identificar y sancionar a sus participantes. Estas medidas han sido comparadas con el sistema de represión de Vladimir Putin en Rusia.

El pasado martes, más de 15,000 personas se congregaron en la capital húngara, reclamando el fin de esta política “antidemocrática y represiva”, como la calificaron numerosos oradores, entre ellos periodistas, músicos e intelectuales.

“Este país no pertenece a quienes mienten y roban. Pertenece a quienes creen en sí mismos y en un futuro común”, dijo Csaba Bogos, uno de los participantes.

Las protestas coinciden con la intención gubernamental de aprobar una ley que permitiría al gobierno vetar medios de comunicación y ONGs consideradas como una amenaza para la soberanía nacional. La oposición y la sociedad civil denuncian que es un intento de eliminar el periodismo independiente.

Dénes Sallai, rapero y activista, señaló que “la mayoría de la población está harta del régimen de Orbán. Existe una oportunidad real de cambio en las elecciones de 2026”.

Los paralelismos del autoritarismo contemporáneo

Aunque sus contextos son profundamente distintos, Togo, Myanmar y Hungría comparten una serie de estrategias de consolidación del autoritarismo que ya se están replicando en otros lugares del mundo.

  • Manipulación constitucional: ya sea en el África Occidental o en Europa Central, los líderes en el poder instrumentan reformas legales para extender su mandato de manera aparentemente legal pero ilegítima.
  • Represión de la disidencia: el uso de la fuerza policial, las detenciones, la censura o herramientas tecnológicas son ahora comunes para apagar protestas.
  • Control sobre las minorías: tanto en Myanmar como en Hungría, la estigmatización y criminalización de grupos vulnerables (como los rohingyas o la comunidad LGBTQ+) es parte estructural del programa político.
  • Centralización del poder mediático: todos los regímenes mencionados han buscado controlar el flujo de información limitando la libertad de prensa y criminalizando la labor de medios independientes.

Estas tácticas, si bien localizadas, responden a una tendencia global. Entre 2010 y 2020, el número de democracias plenas en el mundo bajó de 25 a solo 13, según el Índice de Democracia de The Economist. En cambio, los regímenes híbridos o autoritarios crecieron de forma significativa. Democracias antes robustas enfrentan actualmente retrocesos en libertades fundamentales.

¿Queda lugar para la esperanza?

Pese a la represión, la ciudadanía no ha cedido: de Budapest a Lomé, la gente sigue organizándose. Las herramientas digitales han sido clave para visibilizar abusos y generar redes de solidaridad incluso en regímenes represivos.

La comunidad internacional también enfrenta un dilema central: ¿cómo presionar sin intervenir? La diplomacia multilateral, las sanciones focalizadas y el apoyo a la sociedad civil parecen ser vías más efectivas que las intervenciones militares o discursos vacíos.

La historia nos demuestra que ningún régimen es eterno y que las transformaciones profundas requieren no solo presión externa, sino una ciudadanía informada, valiente y decidida a defender sus derechos.

Este artículo fue redactado con información de Associated Press