¿Nueva barrera económica o protección patriótica? La peligrosa apuesta fiscal de Trump con la Sección 899

La Sección 899: un arma fiscal con doble filo

En el marco de la reforma tributaria impulsada por la administración de Donald Trump, una cláusula ha generado un debate encendido no sólo entre economistas y políticos, sino también entre empresarios globales: la Sección 899. Este apartado, contenido en el paquete legislativo aprobado por la Cámara de Representantes, permitiría al gobierno federal de EE. UU. gravar a empresas extranjeras provenientes de países cuyos sistemas fiscales se perciben como "desleales" con las compañías estadounidenses.

El objetivo, según sus defensores, parece claro: proteger los intereses nacionales frente a políticas tributarias extranjeras que, en su opinión, perjudican la competitividad estadounidense. Sin embargo, la realidad podría ser mucho más compleja y perjudicial para la propia economía de EE. UU.

Un impacto económico calculado: $55 mil millones y 360,000 empleos

Un estudio reciente de la Global Business Alliance (GBA), organización que representa a gigantes internacionales como Toyota y Nestlé, plantea una alarma seria. Según su estimación, la implementación de la Sección 899 podría costarle a la economía estadounidense más de $55 mil millones anuales en Producto Interno Bruto y generar la pérdida de hasta 360,000 empleos durante la próxima década.

Jonathan Samford, presidente de la GBA, fue tajante: "Este impuesto no daña a los gobiernos extranjeros, sino a los trabajadores estadounidenses", haciendo referencia a estados clave como Florida (44,200 empleos en riesgo), Pensilvania (27,700), Carolina del Norte (24,500) y Míchigan (23,500).

¿Una herramienta de presión o un acto de autolesión?

El congresista republicano Jason Smith defendió la medida como una herramienta de presión diplomática: "Si estos países retiran sus impuestos y deciden comportarse, habremos logrado nuestro objetivo", afirmó. No obstante, críticos argumentan que esta visión simplifica dinámicas geoeconómicas complejas y pone en riesgo la percepción de estabilidad legal en EE. UU.

La contradicción del mensaje económico de Trump

“Soy el presidente de la inversión”, solía decir Trump. De hecho, en varias ocasiones declaró que su agresivo enfoque arancelario había incentivado a países como Arabia Saudita a comprometer inversiones millonarias. "Tenemos $14 billones comprometidos ", sostuvo en mayo, en un discurso ante inversionistas.

Sin embargo, estas afirmaciones no cuadran fácilmente con los datos ofrecidos por los reportes del propio gobierno sobre gastos de capital y construcción comercial: no se ha registrado un aumento sustancial en nuevas fábricas o instalaciones extranjeras producto de estas presiones.

Riesgos para la imagen de EE. UU. como destino de inversión

El Investment Company Institute, que representa operadores financieros internacionales, advirtió que la Sección 899 podría hacer que los inversionistas extranjeros reconsideren sus planes de establecerse o innovar en EE. UU. Ya no se trata de buscar exenciones o mejores tratos, sino de evitar una imposición arbitraria que, si bien se basa en criterios de "injusticia fiscal", carece de un marco objetivo claro de aplicación.

La cláusula permitiría un impuesto del 30% sobre ganancias y beneficios generados por empresas extranjeras, si sus países aplican impuestos considerados “dañinos” sobre servicios digitales o beneficios empresariales de compañías estadounidenses. Este sistema podría incluir además impuestos adicionales a trabajadores extranjeros no ciudadanos empleados por dichas compañías en suelo estadounidense.

El precedente peligroso de una diplomacia fiscal punitiva

Desde el Tax Law Center de la Universidad de Nueva York, su directora ejecutiva Chye-Ching Huang no ha ahorrado críticas: "La Sección 899 es un juego de gallina fiscal con altas apuestas. Puede terminar siendo más dañino que la guerra comercial del pasado".

En efecto, si otras naciones deciden contraatacar con medidas similares, el resultado puede ser una escalada global de restricciones y sobrecostos que frene el comercio e inversión extranjera directa (IED). Y para una economía que intenta mantener su estatus como potencia receptora de capital, esto podría ser devastador.

La paradoja del “America First” económico

Trump vendió su programa económico bajo el lema de "America First", pero ¿a qué costo? Analistas y economistas afirman que esta doctrina ha creado contradicciones internas difíciles de conciliar. De un lado, se busca mantener impuestos bajos para atraer inversiones; del otro, se amenaza a esos mismos inversores con sanciones si sus gobiernos de origen aplican políticas fiscales soberanas.

Este enfoque difiere del marco tradicional establecido por acuerdos intergubernamentales como el Convenio de Doble Imposición (CDI), que existe entre muchos países y reduce considerablemente el riesgo de dobles cargas tributarias injustificadas.

Comparación global: otras naciones y la neutralidad fiscal

La mayor parte de los países de la OCDE han adoptado marcos legislativos para gravar servicios digitales, en gran medida debido al avance de compañías como Amazon, Netflix o Google en sus mercados sin tributar proporcionalmente. Esto ha motivado la implementación de impuestos digitales en países como Francia, Italia, India y España.

En lugar de basarse en una estructura de represalias, la tendencia global ha sido cooperar en la arquitectura fiscal multilateral, como lo demuestra la Iniciativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) liderada por la OCDE y el G20.

¿Qué viene para la Sección 899?

La sección ahora se encuentra bajo consideración del Senado. A pesar de las críticas, sus promotores insisten en que es una herramienta legítima de negociación.

Más de 20 grupos empresariales —entre ellos la GBA, el Investment Company Institute y diversas cámaras de comercio— han enviado una carta conjunta al senador John Thune y al presidente del Comité de Finanzas del Senado, Mike Crapo, instando una revisión urgente.

Mientras tanto, diversos legisladores demócratas han manifestado su preocupación por cómo esta medida podría perjudicar a sus estados. Existe también un temor creciente de que la imposición fiscal pueda extenderse a zonas francas e industrias tecnológicas, tradicionalmente dependientes de inversión extranjera.

Una bofetada a la libertad económica

La propuesta ha desatado preguntas incómodas: ¿Estamos ante un retroceso en la apertura económica de EE. UU.? ¿Por qué los inversores seguirían apostando por un país que cambia sus reglas fiscales de manera unilateral y punitiva?

El verdadero desafío hoy no es proteger artificialmente a las compañías locales, sino modernizar el sistema fiscal de forma equitativa e inteligente, asegurando que todos —locales y extranjeros— contribuyan proporcionalmente sin recurrir a medidas que desincentiven la actividad empresarial y dañen la credibilidad institucional.

En una economía global interconectada, las herramientas fiscales deben unir, no dividir.