Trump vs Newsom: la batalla por la Guardia Nacional en California y la sombra del autoritarismo

Un choque sin precedentes en California

El presidente Donald Trump ha desatado una tormenta política y legal al desplegar tropas de la Guardia Nacional —y más tarde, Marines activos— en las calles de Los Ángeles para enfrentar las protestas provocadas por redadas de inmigración de su administración. Esta acción, realizada sin el consentimiento del gobernador demócrata Gavin Newsom, representa la primera vez en más de seis décadas que un presidente federaliza fuerzas contra la voluntad de un estado.

Trump justifica la medida asegurando que sin su intervención “Los Ángeles hubiese sido destruida”, haciendo referencia a manifestaciones que incluyeron el bloqueo de autopistas, quema de automóviles y enfrentamientos con la Policía. Pero detrás de esta narrativa de orden y seguridad subyace una disputa por el equilibrio de poderes entre la presidencia federal y los estados —y el resurgimiento de viejos fantasmas autoritarios.

Una escalada calculada

Desde su nueva campaña hacia la Casa Blanca, Donald Trump ha prometido realizar la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Se ha referido con admiración a las redadas de inmigración realizadas bajo el mandato de Dwight D. Eisenhower en 1954 —la tristemente célebre “Operation Wetback”— y ha insinuado que estaría dispuesto a utilizar al ejército para cumplir sus promesas en materia migratoria.

El reciente despliegue en California parece ser una puesta en marcha de esa estrategia. Enfrentado a una ola de protestas pacíficas pero también a escenas de violencia aislada, Trump ordenó el envío de 2.000 soldados de la Guardia Nacional y más de 700 Marines activos desde la base de Twentynine Palms. Todo esto, pese a la firme oposición del gobierno estatal, una demanda por violación de soberanía y críticas incluso desde sectores conservadores.

¿Insurrección en Los Ángeles?

Para justificar su intervención, Trump invocó una cláusula legal reservada para casos extremos: cuando haya “una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos”. Históricamente, esta norma —contenida en el código federal— ha sido usada con cautela. Por ejemplo, el presidente George H. W. Bush la utilizó en 1992 durante los disturbios tras el veredicto en el caso Rodney King.

Pero el caso actual es muy distinto: las protestas surgen en reacción a políticas federales que muchos consideran represivas. Y la violencia, aunque real, no ha estado generalizada. Como afirmó el senador californiano Alex Padilla: “Esto es una crisis creada por Trump mismo”.

¿Una fuerza militar contra civiles?

El envío de Marines levanta dudas legales aún más serias. Bajo la Posse Comitatus Act de 1878, el ejército estadounidense tiene prohibido realizar funciones de policía en suelo nacional. Aunque el Pentágono ha prometido que los Marines solo protegerán propiedad federal, y lo harán sin usar gases lacrimógenos, portarán armas de combate y equipos antimotines.

Una de las principales expertas legales del Brennan Center en NYU, Elizabeth Goitein, advirtió: “Si esos Marines detienen o registran civiles, Trump estaría cruzando límites constitucionales muy peligrosos”. Además, describió el despliegue como la antesala de una posible expansión del poder presidencial por fuera del marco democrático.

Newsom: “Una violación a la Constitución”

El gobernador Gavin Newsom ha reaccionado con indignación. Calificó el despliegue como “un acto ilegal, inmoral e inconstitucional”, y anunció una demanda federal contra la administración Trump. Acusó al presidente de querer “provocar caos a propósito” para fortalecer su narrativa de mano dura y distraer de sus otros fracasos de gestión.

“Trump quiere violencia”, advirtió Newsom. “Está instigando esto para justificar su intervención. No le demos ese gusto”. También señaló que durante una llamada privada con Trump, éste nunca mencionó el plan de envío de tropas. Una omisión que, de ser cierta, revelaría una clara falta de transparencia.

La Casa Blanca intensifica su retórica

Mientras tanto, la Casa Blanca ha elevado el tono. Trump ha llamado públicamente a Newsom “Newscum” —un apodo despectivo que ha usado antes— y sugirió incluso que su gobernador debería ser arrestado por “obstruir” la ley federal de inmigración.

En redes sociales, el secretario de Defensa Pete Hegseth se mostró favorable al uso de la fuerza diciendo: “La Guardia Nacional, y los Marines si es necesario, están con ICE”. Estas declaraciones, lejos de calmar los ánimos, profundizan la imagen de una administración dispuesta a utilizar la maquinaria del estado para fines políticos.

El juego electoral en marcha

No es casualidad que todo esto ocurra mientras comienzan los preparativos para la campaña electoral de 2026. Las imágenes de autos incendiados, protestas acaloradas y estandartes mexicanos ondeando durante manifestaciones le sirven a Trump para agitar su base y convencer al electorado indeciso de que solo él puede mantener el orden.

Pero esta estrategia, parecida a un show de “law and order”, puede generar rechazo en sectores moderados y latinos. Ileana Garcia, fundadora de Latinas for Trump y otrora aliada del expresidente, denunció la operación como “inhumana e inaceptable”. Según declaró: “Muchos de estos inmigrantes tienen casos reales de miedo creíble. Esto parece una cacería de brujas para cumplir con un objetivo estadístico de deportaciones”.

Legado y advertencias históricas

El uso del ejército en asuntos civiles es una línea borrosa que ha encendido alarmas en la historia estadounidense. Desde la Masacre de Kent State en 1970 hasta las operaciones bajo Eisenhower en los años 50, cada vez que se utilizan soldados contra ciudadanos, el país sufre una profunda herida legal y moral.

Académicos y juristas temen que este nuevo episodio marque una peligrosa tendencia hacia el autoritarismo. La separación de poderes, la soberanía estatal y las libertades civiles están siendo puestas a prueba con cada orden ejecutiva que Trump emite y cada despliegue armado no consensuado.

¿Qué sigue?

• California avanza con su demanda federal, insistiendo en la violación de la Décima Enmienda.
• Los Marines ya están en LA, entrenados en desescalada pero armados y listos para “defender propiedad federal”.
• Trump ha prometido seguir desplegando tropas si las protestas continúan o si otros estados se resisten.
• Mientras tanto, el Congreso republicano trabaja en una ley que permitiría financiar centros de detención para hasta 100,000 inmigrantes sin papeles y deportar a 1 millón de personas por año.

¿Se convertirá Estados Unidos en una nación donde los soldados patrullen las calles regularmente? ¿Hasta dónde llegará Trump si percibe que su base respalda estas medidas? ¿Y cuán sólida es la democracia estadounidense si un presidente puede movilizar tropas contra civiles sin control legislativo ni judicial?

Son preguntas que ya no pertenecen al terreno de la especulación: están aplicándose en tiempo real en las calles de Los Ángeles.