Corrupción, negligencia y fugas: el alarmante estado del sistema penitenciario en el sur de EE.UU.

El sheriff de Alabama acusado de contratar oficiales sin certificación

El sheriff del condado de Walker, Alabama, Nick Smith (41 años), fue arrestado recientemente tras ser acusado de contratar a varios oficiales sin la formación ni certificación estatal necesaria. Según la acusación formal, Smith habría contratado a un ayudante del sheriff, cuatro oficiales escolares armados y un carcelero sin los estándares requeridos por la ley estatal. A pesar de la falta de acreditación, algunos de ellos recibieron armas, patrullas oficiales y placas.

Entre los oficiales contratados se encuentra un exagente cuya certificación fue suspendida en Arizona luego de confesar que puso una pistola en la cabeza de una mujer durante una parada de tráfico. No obstante, fue contratado en Alabama como oficial provisional en junio. Según testimonios ante la junta del servicio civil, este agente hizo tres arrestos ilegales y participó en investigaciones sobre muertes sin estar autorizado.

Smith ha sido ampliamente criticado por su papel en la trágica muerte de Tony Mitchell, un hombre con problemas mentales que falleció en 2023 por sepsis e hipotermia después de ser retenido en condiciones inhumanas en la cárcel del condado. El caso ha desencadenado la imputación o condena de al menos 14 empleados de la ley del condado. Smith está actualmente implicado en una demanda civil presentada por la familia de Mitchell.

Una cultura de impunidad y abuso

Desde su elección en 2018, Smith intentó proyectar una imagen de "mano dura" en seguridad. Sin embargo, sus políticas han generado mayor controversia que resultados. En una audiencia, Smith calificó el proceso judicial como una “farsa política”, negando toda responsabilidad.

Las contrataciones ilegales no fueron su única medida cuestionable. Su subjefe, Ralph Williams, fue también arrestado por mentir a la Comisión de Normas y Formación de Oficiales de Paz de Alabama, ocultando información sobre el despido anterior de uno de los oficiales involucrados.

Estos sucesos son reflejo de un sistema donde la negligencia institucional permite que oficiales con antecedentes peligrosos continúen ejerciendo sin supervisión, poniendo en riesgo a la ciudadanía.

Nuevo capítulo en Nueva Orleans: fuga masiva y traición interna

En un caso distinto pero igualmente perturbador, una exempleada de la cárcel de Nueva Orleans, Darriana Burton (28 años), fue arrestada por su presunto rol en la fuga de 10 reclusos el pasado 16 de mayo. Entre los fugitivos estaba su novio, Derrick Groves, condenado por asesinato.

La historia de Burton revela una red de complicidad que se gestaba desde antes de su despido en 2023, año en que fue detenida por intentar introducir contrabando a la cárcel: un cuchillo plegable y una bolsa de Cheetos con marihuana y tabaco. Aunque entonces logró evitar juicio mediante un programa de desviación, ahora enfrenta cargos mayores por asistir en la fuga y transportar a un recluso a casa de un familiar durante el escape.

Las autoridades reportan que 16 personas han sido arrestadas por vínculos directos con la fuga. Aún permanecen prófugos Derrick Groves y Antoine Massey, este último acusado de violación, secuestro y violencia doméstica.

“Vamos a perseguir a todos los que han ayudado y facilitado a estos criminales. Serán encontrados, arrestados y juzgados con todo el peso de la ley,” declaró la Fiscal General de Luisiana, Liz Murrill.

Cuando el sistema penitenciario es parte del problema

Estos sucesos en Alabama y Luisiana no son hechos aislados, sino parte de una preocupante tendencia en el sistema penitenciario del sur de EE.UU., donde la corrupción, la negligencia y la falta de escrutinio institucional han permitido abusos prolongados y fallos gravísimos en la aplicación de la justicia.

El sistema carcelario de Estados Unidos alberga a más de 1,9 millones de personas, una de las tasas más altas del mundo. Sin embargo, según Human Rights Watch, en muchos centros se reporta un exceso de violencia, negligencia médica e incluso maltrato psicológico. Estas problemáticas son aún más intensas en cárceles rurales del sur, donde los recursos son limitados y la supervisión externa casi inexistente.

De hecho, en 2022, el Departamento de Justicia de EE.UU. concluyó que las condiciones en varias cárceles del condado en Alabama violaban sistemáticamente los derechos civiles de los reclusos, señalando inacción del estado para remediar prácticas abusivas y peligrosas.

El caso Hanson y la controversia del sistema de pena capital

En una tercera vertiente relacionada, la reciente suspensión temporal de ejecución a John Fitzgerald Hanson en Oklahoma ha reabierto el debate sobre la equidad del sistema de pena de muerte en EE.UU.

Hanson, condenado por el asesinato de Mary Bowles en 1999, fue transferido a Oklahoma desde una prisión federal en Luisiana por orden ejecutiva del entonces presidente Donald Trump, quien impulsó una política de apoyo firme a la pena capital. La reciente suspensión fue concedida por un juez después de cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso de clemencia.

La defensa de Hanson alega que un miembro de la Junta de Perdones y Libertad Condicional, Sean Malloy, votó en contra del indulto a pesar de haber estado vinculado con la fiscalía durante el juicio original. Aunque se niega cualquier conflicto, el caso expone de nuevo la fragilidad del proceso de pena de muerte en los estados del sur.

¿Un patrón regional?

Los tres casos —el sheriff en Alabama, la fuga en Nueva Orleans y la situación legal en Oklahoma— comparten un mismo patrón: una cultura institucional permisiva, falta de controles internos, compadrazgos y negligencia al más alto nivel.

Estas situaciones no solo violan la integridad del sistema judicial estadounidense, sino también ponen en peligro a la sociedad al facilitar la impunidad con trágicas consecuencias. Casos como el de Tony Mitchell ilustran con crudeza cómo la inacción y el descuido de las autoridades pueden costar vidas inocentes.

La crisis en el sistema carcelario del sur estadounidense exige reformas profundas: procesos de certificación rigurosos, auditorías funcionales, protección a denunciantes y capacitación ética permanente. Mientras estos cambios no lleguen, la mezcla de malas decisiones, corrupción y compadrazgo seguirá abonando el caos y la injusticia.