¿Desegregación superada? La batalla latente por la equidad escolar en Concordia, Luisiana

Ferriday, Luisiana. A unos pocos kilómetros de distancia, dos escuelas del mismo distrito lucen más como si pertenecieran a mundos distintos que a la misma comunidad educativa. Ferriday High School, con sus muros agrietados y rodeada por un cerco de alambre de púas, contrasta irónicamente con Vidalia High School, moderna, brillante, con una biblioteca nueva y un vistoso mural con la "V" azul sobre ladrillos anaranjados.

Ferriday es un pueblo donde el 90% de los estudiantes son afroamericanos. Vidalia, en cambio, tiene una mayoría blanca del 62%. Las diferencias no solo son estéticas; representan una profunda brecha estructural construida a lo largo de generaciones. Pero ahora, las protecciones legales federales que garantizan la equidad están siendo desmanteladas sistemáticamente bajo un nuevo clima político. ¿Es esta una señal de progreso o una puerta abierta al retroceso?

Una herencia legal que no expira

Concordia Parish, donde se encuentran Ferriday y Vidalia, fue uno de los muchos distritos escolares en el sur de Estados Unidos obligados por orden judicial a desegregar sus escuelas en las décadas de 1960 y 70. Sin embargo, más de 60 años después del histórico caso Brown v. Board of Education (1954), este y otros 120 distritos todavía están bajo supervisión judicial.

La orden judicial en Concordia se originó en 1965, cuando familias afroamericanas de Ferriday demandaron el derecho a asistir a escuelas tradicionalmente reservadas para blancos. La respuesta federal fue clara: integración inmediata y monitoreo continuo. Desde entonces, persisten medidas como el envío obligatorio de reportes de diversidad en el cuerpo docente y sistemas para permitir transferencias entre escuelas segregadas de facto.

¿Un sistema obsoleto o una herramienta vigente?

En abril de 2024, el Departamento de Justicia de EE.UU. revocó la orden de desegregación de Plaquemines Parish en Luisiana, marcando el inicio de una posible cascada de resoluciones similares. Harmeet Dhillon, directora de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia, declaró que muchos otros casos pronto “morderán el polvo”.

El gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, ha abogado agresivamente por el fin de estas órdenes judiciales, calificándolas como “cargas innecesarias” y “reliquias del pasado”. Pero para muchos defensores de los derechos civiles, ¨lo obsoleto¨ es justo lo contrario.

“Llamar a estas órdenes reliquias históricas es absolutamente falso,” afirmó Shaheena Simons, exjefa de la sección del Departamento de Justicia que supervisa los casos escolares de desegregación. “Las desigualdades raciales y la segregación aún existen en nuestras escuelas.”

Una geografía desigual

Ferriday, históricamente afroamericana y de bajos ingresos, ha visto fugarse a muchas familias blancas hacia Vidalia y Monterey. Esta última tiene una escuela secundaria con un 95% de estudiantes blancos. Vidalia, por su parte, cuenta con recursos provenientes de una planta hidroeléctrica local, lo que ha impactado notoriamente en la calidad de sus instalaciones.

Brian Davis, padre de Ferriday, no puede evitar sentir que el mensaje para los niños negros es claro: “no merecen las cosas buenas”.

La resistencia al cambio

En 2023, el Departamento de Justicia propuso una reestructuración del distrito: combinar escuelas primarias y secundarias más homogéneas racialmente para equilibrar la diversidad. La idea fue rechazada rotundamente en una asamblea pública en Vidalia. Los residentes argumentaron que traer a los estudiantes de Ferriday pondría a sus hijos en contacto con drogas y violencia, sin dar mayor evidencia de ello.

Paul Nelson, exsuperintendente del distrito, estuvo entre los que insistieron en que la desegregación ya era historia. “Es hora de avanzar,” dijo. “Miremos al futuro, no al pasado de nuestros abuelos.”

Debates que no mueren

Para el entrenador principal de Ferriday High, Derrick Davis, unir las escuelas sería positivo: “Siempre que nuestros equipos visitan otras escuelas con instalaciones deportivas nuevas, las diferencias saltan a la vista. Si nos unimos, todos podríamos beneficiarnos.”

Sin embargo, otros, como Marcus Martin —oficial de recursos escolares también en Ferriday y afroamericano—, se oponen a una fusión forzada: “Sería un choque cultural para mucha gente si se rediseñara el distrito escolar así de pronto.”

El distrito escolar ha evitado efectuar declaraciones oficiales, lo que deja a la comunidad envuelta en la incertidumbre.

¿El fin del control federal?

El Departamento de Justicia alegó en el caso de Plaquemines que ya no existía evidencia suficiente de segregación consciente. Sin embargo, como detalla Deuel Ross del NAACP Legal Defense Fund, en Concordia la orden impidió que una escuela autónoma (Delta Charter School) favoreciera implícitamente a estudiantes blancos. En su primer año, apenas el 15% de sus alumnos eran negros, pese a que el condado tiene una proporción racial muy diferente.

A raíz de la intervención judicial, Delta tuvo que ajustar su criterio de admisión —hoy el 40% de su alumnado es afroamericano.

¿Esperanza sin supervisión?

Después de fracasar los intentos por resolver el caso fuera del tribunal, Concordia se prepara para argumentar ante un juez que el decreto debe ser eliminado. El problema es que también ha habido una renuncia masiva de los abogados del Departamento de Justicia originalmente asignados al caso: solo dos permanecen.

“Muchas familias aquí no tienen los recursos para pelear en tribunales de forma independiente,” advierte Simons. “Sin estas órdenes, sencillamente no tienen a dónde acudir.”

Con la supervisión judicial desapareciendo, Davis teme lo que se avecina: “Estamos estancados. Si se quita esta orden, Ferriday va a seguir deslizándose hacia la oscuridad.”

Una historia repetida

La segregación escolar no murió en los años 60, solo se volvió más sutil. Según el Instituto de Política Económica, más del 40% de los estudiantes afroamericanos en EE.UU. asisten a escuelas con un 90% de estudiantes de minorías, cifras cercanas a las de antes de 1968. El problema no es solo racial, sino también económico: donde hay segregación racial, también hay escuelas con menos recursos, programas reducidos y tasas de graduación más bajas.

Lo que ocurre en Concordia Parish representa un espejo para decenas de distritos en todo el país. En muchos casos, los decretos judiciales son lo único que previene el retorno a dinámicas discriminatorias. Darles fin sin asegurarse de que la equidad se ha alcanzado de forma estable sería, como lo expresa Simons, una traición a décadas de lucha cultural y legal.

Y mientras las decisiones se discuten a puertas cerradas o en salones de gobierno, los muros agrietados de Ferriday High School y las aulas brillantes en Vidalia High siguen diciendo más de lo que las cifras oficiales se atreven a admitir.