Turquía bajo presión: el asalto judicial a la oposición de Erdogan

Una nueva ofensiva contra la oposición

El jueves, las autoridades turcas anunciaron la suspensión de cinco alcaldes electos pertenecientes al Partido Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco), en el marco de una campaña judicial que muchos en la oposición consideran orquestada por el presidente Recep Tayyip Erdogan para socavar la democracia y eliminar a posibles rivales en las próximas elecciones.

Los alcaldes destituidos representan distritos clave de Estambul: Avcilar, Büyükçekmece y Gaziosmanpaşa, así como las localidades de Seyhan y Ceyhan en la provincia mediterránea de Adana. Las detenciones se han producido bajo acusaciones de soborno y extorsión, pero el contexto político sugiere que existe un trasfondo más complejo.

Ekrem Imamoglu en la mira

Estas medidas llegan semanas después de que el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, una de las figuras más prominentes del CHP y considerado el principal rival electoral de Erdogan de cara a 2028, fuera detenido por razones similares. Su arresto provocó las mayores protestas populares en Turquía en más de una década, evidenciando el creciente malestar ciudadano frente a la deriva autoritaria del gobierno.

La detención de Imamoglu no representa un hecho aislado. En lo que va del año, se han encarcelado a 11 alcaldes del CHP y decenas de funcionarios de gobiernos locales han sido detenidos bajo investigación. La narrativa oficial sostiene que se trata de una lucha contra la corrupción, pero los observadores internacionales y ONG pro derechos humanos advierten de una campaña sistemática de represión política.

El caso Ozgur Ozel y la censura a la disidencia

La escalada represiva se extiende también al plano nacional. Ozgur Ozel, líder del CHP a nivel nacional, está siendo ahora investigado por la fiscalía tras haber criticado abiertamente al fiscal jefe de Estambul, Akin Gurlek, en una emotiva intervención el miércoles por la noche. Ozel denunció el uso corrupto del sistema judicial como herramienta de persecución política. La respuesta de las autoridades fue inmediata: le acusan de “amenazas a un funcionario judicial” e “insultos a un funcionario público”.

Este episodio es revelador del creciente autoritarismo en Turquía, donde incluso las expresiones críticas hacia el sistema judicial pueden derivar en procesos penales. La plataforma de redes sociales X (antes Twitter) se ha visto obligada incluso a restringir el acceso a la cuenta de Imamoglu por orden judicial, una orden que la empresa ha impugnado por considerarla una violación de la libertad de expresión.

El contexto: Erdogan y el control del poder

Desde el fallido golpe de Estado en 2016, el presidente Erdogan ha consolidado su poder, controlando mediante reformas constitucionales los tres poderes del Estado. Con la reconfiguración del sistema parlamentario en una presidencia ejecutiva reforzada —aprobada en referéndum en 2017—, Erdogan ha ampliado su capacidad para designar jueces, fiscales y gobernadores directamente.

Esto ha permitido la creación de un ecosistema judicial altamente politizado que actúa como brazo punitivo del gobierno. Según Freedom House, Turquía registra desde 2018 una calificación de “no libre” en derechos políticos y libertades civiles, con tendencias negativas muy marcadas en independencia judicial, libertad de prensa y pluralismo político.

Municipios como bastiones de resistencia democrática

En las elecciones municipales de 2019, el CHP logró una histórica victoria en las principales ciudades del país, incluyendo Estambul, Ankara e Izmir. Esta oleada opositora fue interpretada como un claro mensaje de desgaste político hacia Erdogan, que desde entonces ha centrado sus esfuerzos en neutralizar estos bastiones democratizantes.

En las elecciones municipales de 2024, el CHP volvió a expandir su control urbano pese a la represión, lo que habría encendido aún más las alertas en el Palacio de Beştepe. De ahí el renovado esfuerzo por judicializar a sus líderes y reemplazarlos por administradores impuestos desde Ankara, algo que la sociedad civil ha bautizado como “el modelo de intervención municipal tutelada”.

Un patrón repetido: del HDP al CHP

Este patrón represivo no es nuevo en Turquía. Desde 2016, más de 50 alcaldes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), formación kurda de izquierda, fueron destituidos y reemplazados por funcionarios designados por Erdogan. Muchos de ellos fueron encarcelados bajo cargos de “terrorismo” por presuntos vínculos con el PKK.

Ahora, con el CHP convertido en el núcleo de oposición nacional, se ensayan las mismas fórmulas. De hecho, analistas como Sebnem Korur Fincanci, presidenta del Colegio Médico de Turquía, advierten que los métodos represivos “ya no distinguen entre oposición kurda y oposición laica: el objetivo es sofocar toda disidencia”.

Ecos europeos y el riesgo para la adhesión a la UE

La Unión Europea ha expresado reiteradas preocupaciones por el estado de derecho en Turquía. En un informe del Parlamento Europeo publicado en septiembre de 2023, se subrayaba que “la independencia judicial ha sido gravemente erosionada” y que “las autoridades turcas deben cesar inmediatamente cualquier uso de procesos judiciales con fines políticos”.

No obstante, las relaciones entre Bruselas y Ankara están marcadas por la complejidad: desde la cuestión migratoria (por el acuerdo de contención de refugiados de 2016) hasta las relaciones energéticas en el Mediterráneo. Esa dependencia mutua ha provocado una tibieza diplomática que Erdogan ha capitalizado para continuar su ofensiva autocrática.

¿Qué sigue para la oposición?

A pesar de la presión del gobierno, el CHP ha prometido resistir. En un comunicado tras las recientes detenciones, Ozgur Ozel dijo: “No vamos a abandonar los municipios a burócratas designados por decreto. Nuestro compromiso con la participación democrática es más fuerte que nunca”.

Algunas voces en el interior del partido sugieren incluso convocar a movilizaciones masivas similares a las de Gezi Park en 2013, aunque esta vez con un enfoque más institucional que callejero. Otros sectores apuestan a reforzar alianzas con partidos minoritarios y figuras independientes de cara a los comicios presidenciales, que aunque programados para 2028, podrían adelantarse si Erdogan así lo decide.

Lo cierto es que la oposición turca enfrenta su reto más complejo desde la fundación de la República: reconstruir la democracia sin contar con garantías institucionales plenas, bajo un clima de persecución constante y sin una prensa libre que respalde su lucha.

Turquía en la encrucijada

Hoy, Turquía parece debatirse entre dos futuros posibles: uno cada vez más autoritario, donde el presidente y su círculo concentran todo el poder político, judicial y mediático; y otro democrático, representado por una sociedad civil vibrante, alcaldes valientes como Imamoglu y líderes opositores resilientes como Ozel.

La batalla no está resuelta, pero el desenlace tendrá consecuencias no solo para los turcos, sino para la estabilidad democrática en Europa Oriental y Medio Oriente.