Ética bajo fuego: Louisiana y la preocupante erosión de la supervisión gubernamental

Cuando la ética se vuelve política

En un momento en que los ciudadanos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas a sus autoridades, el estado de Louisiana está emprendiendo el camino contrario. Legisladores estatales están a punto de aprobar dos leyes que, según expertos y grupos de vigilancia cívica, debilitarán significativamente las capacidades del consejo estatal de ética para investigar y sancionar a funcionarios públicos que violen la ley.

Lo paradójico —y preocupante— es que una de estas iniciativas surge directamente del abogado personal del propio gobernador republicano Jeff Landry, quien actualmente enfrenta cargos por haber recibido vuelos gratuitos no declarados durante su época como fiscal general estatal.

El poder detrás del trono: Jeff Landry y los cambios a la Junta de Ética

En 2023, el gobernador Landry fue acusado de violar las leyes de ética estatales al aceptar viajes en avión a Hawái sin declararlos correctamente. Ahora, su abogado defensor, Stephen Gelé, es el artífice de una legislación que pretende transformar por completo el funcionamiento del Consejo de Ética de Louisiana.

El proyecto de ley requiere que para aprobar investigaciones o presentar cargos, se necesite una mayoría de dos tercios del consejo, lo que supone un gran obstáculo, ya que actualmente basta con una mayoría simple. La nueva norma también impide que el consejo investigue violaciones reportadas públicamente, como en medios de comunicación o redes sociales, y obliga a que cualquier persona que quiera presentar una queja lo haga en persona y revele su identidad al acusado.

Barry Erwin, presidente del Council for a Better Louisiana, expresó que estos cambios “imponen una barrera altísima que, en la práctica, protege a los funcionarios públicos de ser sujetos de escrutinio”.

La mayoría política captura al órgano de control

Uno de los mayores problemas subyacentes no es solo la nueva normativa, sino la fuerte influencia del ejecutivo sobre el organismo diseñado para fiscalizarlo. Tras reformas del año pasado, el gobernador ha ganado poder de designación sobre 9 de los 15 miembros del Consejo de Ética, algo que genera recelos en comunidades de vigilancia ciudadana y entre expertos legales.

“El sistema ha pasado de ser lo más apolítico que podíamos construir a uno increíblemente politizado”, explicó Erwin. “Es prácticamente imposible que el consejo actúe con independencia en el contexto actual”.

Los legisladores justifican los cambios

El principal patrocinador del proyecto, el representante republicano Gerald 'Beau' Beaullieu, argumenta que la ley nace de quejas reiteradas de funcionarios que comparan la Junta de Ética con “ser investigado por la Gestapo”.

De acuerdo con Beaullieu, la ley busca mayor equilibrio en los procesos y reducir supuestos abusos. Para él, permitir que el acusado conozca su acusador y las pruebas en su contra asegura un mejor cumplimiento del debido proceso.

En línea similar, la representante Kellee Hennessey Dickerson promueve la segunda propuesta legislativa que exige que cualquier ciudadano que quiera denunciar un acto poco ético se identifique y realice su queja presencialmente en las oficinas del consejo. Dickerson, quien fue multada con $1,500 en 2023 por una violación ética, insiste en que su medida combate el “acoso político disfrazado de quejas legales”.

Las alertas de los expertos: una caja de Pandora legal

David Bordelon, abogado general del Consejo de Ética, fue directo y sin rodeos: “La nueva ley permitirá intimidar a testigos o influir en información clave”. También advirtió que la exigencia de revelar todas las citaciones a los acusados antes de que se realice la investigación puede permitirles alterar documentos o presionar a los implicados.

Además, la normativa le otorga a los tribunales locales la capacidad de anular investigaciones del consejo, al tiempo que impide iniciar procedimientos contra aquellos que previamente hayan solicitado una opinión al consejo y luego incurran en una posible violación de las leyes éticas. Es decir: se crea un blindaje institucional para quienes buscan burlar el sistema desde dentro.

Un retroceso con nombre y apellido

Estas reformas legales no solo tienen una motivación personal clara —proteger a Jeff Landry de escrutinio actual o futuro— sino que también crean un precedente delicado en una democracia que se precie de transparente. Convertir al órgano auditor en una instancia subordinada al poder ejecutivo es una corrupción estructural más insidiosa que cualquier escándalo aislado.

En el pasado, Louisiana ha sido un estado conocido por casos de corrupción de alto perfil. De acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Illinois, es uno de los estados con mayores condenas por corrupción per cápita desde 1976. Cromwell y Olson (2010) estimaron que Louisiana tuvo 960 funcionarios condenados entre 1976 y 2008.

En este contexto, la existencia de un órgano de ética fuerte y autónomo es más que una herramienta administrativa: es una salvaguarda institucional contra el abuso de poder.

La transparencia como víctima política

En plena era de polarización política y desinformación, cuando millones de estadounidenses desconfían de sus instituciones, enviar señales de que los fiscalizadores ahora responden a los mismos que deben investigar es exactamente lo contrario de lo que se necesita.

Grupos como Louisiana Ethics Administration ya han expresado su preocupación en cartas formales al Congreso estatal. Han indicado que estas reformas desincentivarán a ciudadanos anónimos que deseen reportar actos indebidos por miedo a represalias. Además, limitar la aceptación de evidencias de medios u ONGs quita una de las herramientas más versátiles al consejo.

Un estudio de State Integrity Investigation en 2015 indicó que Louisiana apenas lograba una calificación de “D-” en mecanismos de responsabilidad gubernamental. Con las reformas propuestas, esa calificación podría hundirse aún más.

¿Un modelo peligroso para otros estados?

La preocupación trasciende al estado de Louisiana. Si estas medidas se imponen con éxito, podrían convertirse en un modelo replicado por otros gobernadores o legislaturas con mayorías absolutas. La ética pública se puede convertir en una herramienta decorativa con fachada democrática, pero sin dientes reales.

El problema no es solo normativo. Hay un daño más profundo: la deslegitimación de los contrapesos. Cuando los órganos de ética son percibidos como aliados del poder, se abre la puerta al cinismo ciudadano, a la abstención electoral y al desencanto con la política institucional.

¿Qué se puede hacer?

Organizaciones como Louisiana Progress, Common Cause y Public Affairs Research Council of Louisiana están intensificando la presión pública, organizando campañas de información ciudadana y exigiendo que se restablezcan mecanismos más robustos y realmente autónomos.

A pesar de la rapidez con la que se están aprobando estas leyes, aún hay espacio para litigios y posibles demandas judiciales que cuestionen su constitucionalidad. Expertos legales ya están explorando la posibilidad de recurrir mediante tribunales federales los aspectos que violen la Primera Enmienda (por ejemplo, el anonimato del denunciante).

La vigilancia ciudadana continúa siendo el mecanismo más efectivo ante la erosión institucional. Para que la ética tenga un rol genuino, se necesita una sociedad civil activa, medios de comunicación independientes y sistemas de control que escapen al dominio del poder político inmediato.

En una democracia saludable, los mecanismos de fiscalización no deben proteger al poder, sino al pueblo del poder.