El futuro en juego: la polémica decisión de cerrar los centros Job Corps en EE.UU.

Una decisión que sacude cimientos históricos

En un giro sorpresivo pero controversial, la administración del expresidente Donald Trump propuso cerrar decenas de centros Job Corps, un programa federal con más de 50 años de historia, creado para ofrecer formación vocacional y apoyo a jóvenes de bajos ingresos en Estados Unidos. Esta medida se encontró de inmediato con enérgicas críticas de legisladores demócratas y republicanos, defensores sociales y hasta jueces federales que cuestionan su legalidad y consecuencias.

El Job Corps, creado como parte de la Guerra contra la pobreza de Lyndon B. Johnson en 1964, ha sido una de las políticas insignia en el desarrollo de la juventud marginada que no encaja fácilmente en sistemas educativos tradicionales. En sus centros residenciales, los estudiantes reciben alojamiento, alimentación, atención médica y formación técnica gratuita, todo financiado por el gobierno federal.

El argumento de la administración Trump

El Departamento de Trabajo, dirigido por la secretaria Lori Chavez-DeRemer, anunció una "pausa de operaciones" para los 99 centros gestionados por contratistas privados. La decisión se respaldó con un informe interno que señalaba altos costos, bajo rendimiento y problemas de seguridad.

Según este informe, durante el año fiscal más reciente, el programa tuvo un desequilibrio presupuestario de $140 millones y su tasa promedio de graduación fue inferior al 39%. En 2023 se habrían reportado más de 14,000 incidentes graves dentro de los centros, incluidos hechos de violencia física, agresiones sexuales y consumo de drogas.

“Este programa no está brindando resultados seguros ni exitosos a nuestros jóvenes, como merecen”, dijo Chavez-DeRemer tras presentar los resultados.

Críticas desde todos los frentes

Pero los críticos sostienen que estas cifras fueron interpretadas sin contexto. La National Job Corps Association (NJCA), una organización que agrupa a empresas, sindicatos y grupos comunitarios afiliados al programa, respondió que muchos de los incidentes catalogados como graves estaban relacionados con interrupciones eléctricas, condiciones climáticas adversas o lesiones deportivas menores.

Además, señalaron que las tasas de graduación históricas del programa superaban el 60%, pero cayeron temporalmente debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en la enseñanza presencial.

“Esta medida desplazará a decenas de miles de jóvenes vulnerables y provocará despidos masivos sin causa legítima”, afirma una demanda presentada por la NJCA ante un tribunal federal en Nueva York.

Entre los más vocales se encuentra el congresista Bobby Scott (demócrata por Virginia), quien confrontó a la secretaria de Trabajo con una carta que ella misma escribió en 2024 en apoyo al programa, donde reconocía que “mejoraba el acceso al empleo, aumentaba salarios y reducía la dependencia de ayudas públicas”.

“Usted ha pasado de ser una defensora a una destructora de este importante programa para nuestra juventud”, añadió la representante Suzanne Bonamici (demócrata por Oregón).

Una orden judicial y un freno temporal

La controversia escaló hasta las cortes. El juez federal Andrew Carter bloqueó temporalmente la decisión del Departamento de Trabajo mediante una orden de restricción (TRO), argumentando que la eliminación de Job Corps sin aprobación del Congreso era presuntamente ilegal.

La ley federal establece un procedimiento claro para cerrar centros Job Corps: se debe publicar los datos de rendimiento de las instalaciones, justificar su cierre y dar tiempo para comentarios públicos. Algo que, según varios expertos legales, el Departamento de Trabajo no respetó.

“Es descaradamente ilegal. Pero también muy característico de Donald Trump arremeter contra jóvenes pobres, en su mayoría personas de color, que solo quieren una oportunidad para progresar”, aseguró Seth Harris, ex secretario interino de Trabajo y actual investigador en la Northeastern University.

Un programa históricamente respaldado

El Job Corps ha gozado de un respaldo bipartidista sólido en el Congreso debido a su impacto positivo comprobado. Desde su fundación en 1964, más de 2 millones de jóvenes han participado. Según estudios del Departamento de Trabajo y del Bureau of Labor Statistics, muchos egresados logran acceder a empleos en industrias como la construcción, atención médica, tecnología y hotelería.

También ha demostrado disminuir las tasas de reincidencia delictiva y aumentar sustancialmente los ingresos a largo plazo de los participantes.

Historias reales: vidas cambiadas por Job Corps

Durante la audiencia del Congreso, varios estudiantes presentes recibieron ovaciones al ponerse de pie. Entre ellos estaba Jacob Martínez, de 19 años, quien narró brevemente cómo pasó de vivir en su auto a estudiar soldadura en el centro Job Corps de Denver. “Hoy tengo una oferta de trabajo fija y estoy ahorrando para tener mi propio apartamento”.

Historias como la de Jacob abundan en los centros del país, y muchas comunidades locales han visto en estos programas un motor revitalizador de su economía.

¿Cláusula de extinción silenciosa?

Varios analistas interpretan esta “pausa” de operaciones como un intento de cierre progresivo sin anuncios formales. Si bien la secretaria Chavez-DeRemer reconoció que legalmente no pueden eliminar el programa sin intervención del Congreso, su estrategia parece empujar a una desintegración de facto, trasladando estudiantes y cesando contratos antes del 30 de junio.

El expresidente Obama también enfrentó desafíos presupuestarios con el programa, pero nunca consideró su eliminación. De hecho, en 2014, ante recortes, legisladores de ambos partidos lo presionaron para protegerlo.

Un dilema de fondo: inversión vs. resultados

La pregunta de fondo es si un programa con costos operativos elevados pero con impacto positivo en vidas humanas merece ser reformado o eliminado. La crítica sobre la eficiencia económica se enfrenta a los testimonios humanos y a evidencia social.

El economista James Heckman, ganador del Premio Nobel en 2000, ha argumentado que la inversión en el desarrollo de habilidades en jóvenes en riesgo tiene retornos sociales significativamente mayores que costos fiscales inmediatos.

El Congreso en la encrucijada

Con una orden judicial vigente y presiones crecientes desde la sociedad civil, el Congreso deberá intervenir de forma explícita para decidir el futuro del programa. En juego están tanto principios legales como el compromiso de una nación con su juventud más necesitada.

La historia de Job Corps aún no se cierra. Pero lo que está claro es que su desaparición afectaría a miles de vidas que han encontrado en esos centros no solo una segunda oportunidad, sino también una resolución para salir del ciclo de pobreza.