El fin del Texas Dream Act: un golpe a la educación y la esperanza de miles de jóvenes migrantes

Una ley pionera en la historia de EE.UU.

En el año 2001, el estado de Texas marcó un hito en la historia de la inmigración y la educación superior en Estados Unidos. Con el respaldo tanto de demócratas como republicanos, se aprobó la llamada Texas Dream Act, una legislación que permitía a estudiantes sin estatus migratorio regular —pero que habían residido en Texas durante años— acceder a la matrícula estatal en instituciones públicas. Esta política, firmada por el entonces gobernador republicano Rick Perry, fue la primera de su tipo en el país y benefició a decenas de miles de jóvenes con sueños universitarios.

¿Qué permitía exactamente esta ley?

El Texas Dream Act otorgaba tarifas de matrícula estatal (in-state tuition) a estudiantes sin documentación migratoria siempre que cumplieran estos tres requisitos:

• Haber residido en Texas durante al menos tres años antes de graduarse de una escuela secundaria en el estado.
• Haberse graduado de una institución educativa texana.
• Presentar una declaración jurada de que iniciarían el trámite para regularizar su estatus migratorio lo antes posible.

Con esta política, esos estudiantes podrían pagar hasta la mitad o menos de lo que un estudiante no residente paga. Por ejemplo, en la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande (UTRGV), un estudiante calificado bajo la ley Texas Dream pagaba alrededor de $10,000 anuales, frente a los $19,000 que paga un estudiante no residente.

Un modelo replicado en todo el país

La ley texana inspiró a más de 24 estados a promulgar políticas similares. California, Illinois y Nueva York, entre otros, adoptaron leyes para ofrecer educación superior accesible a estudiantes indocumentados que crecieron en Estados Unidos. Las universidades públicas comenzaron a ver un aumento en la matrícula de jóvenes latinos y migrantes, reflejando un progreso en la inclusión y la movilidad social.

Según la organización Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, actualmente hay alrededor de 57,000 estudiantes bajo esta política en Texas. A nivel estatal, las universidades públicas atienden a unos 690,000 estudiantes en total.

La caída repentina del Texas Dream Act

Sin embargo, el 5 de junio de 2024, la ley fue derogada sorpresivamente por un fallo judicial. El Departamento de Justicia, liderado bajo la influencia del expresidente Donald Trump y su política migratoria severa, presentó una demanda alegando que la ley era inconstitucional. Lo más sorprendente fue que el estado de Texas, en lugar de defender su propia ley, se unió a la demanda. El fiscal general del estado, Ken Paxton, aliado de Trump, no presentó defensa alguna.

Sin necesidad de un debate de fondo ni audiencia formal, un juez federal bloqueó la aplicación de la ley, lo que puso fin inmediato a un derecho establecido durante más de dos décadas.

Reacciones de ambas partes

Mientras los líderes republicanos y simpatizantes de Trump celebraron la decisión como una victoria en su cruzada contra la inmigración ilegal, activistas, académicos y estudiantes quedaron conmocionados.

La Dra. Miriam Feldblum, presidenta de la Presidents’ Alliance, declaró: “No se equivoquen: los defensores, los estudiantes y los campus no van a quedarse de brazos cruzados. Esto es solo el comienzo de una larga lucha legal y social.”

El costo emocional y logístico para estos estudiantes es inmenso, especialmente para quienes ya habían hecho planes financieros y académicos. Las universidades emitieron comunicados expresando preocupación. UTRGV advirtió que buscará “minimizar la interrupción en el éxito estudiantil” e informó que ayudará a los estudiantes a transitar por esta nueva realidad.

Un recorte a la esperanza y al desarrollo

Los defensores de la ley argumentan que su impacto no solo ha sido social, sino también económico. Un estudio del Institute on Taxation and Economic Policy en 2017 destacó que los inmigrantes indocumentados contribuyen con más de $11,700 millones en impuestos al año en EE.UU., y promover su educación aumenta ese aporte.

Eliminar el acceso asequible a la universidad supone un retroceso en la formación de capital humano y puede traducirse en una fuerza laboral menos calificada. Muchos de estos estudiantes se convertirían en profesionales esenciales —enfermeros, ingenieros, educadores—, sectores donde Texas enfrenta demandas crecientes.

El factor político detrás del fallo

La sentencia no es un hecho aislado. Responde a una estrategia más amplia de la administración Trump para reforzar un discurso antiinmigrante. Desde su primer mandato, Trump desplegó una política de tolerancia cero encabezada por su promesa de construir un muro fronterizo y ejecutar deportaciones masivas.

Bajo ese enfoque, la administración ha presionado para retirar fondos federales de universidades que promuevan políticas de inclusión migratoria y ha obstaculizado programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Este nuevo frente jurídico podría expandirse a otros estados. Florida, por ejemplo, ya ha aprobado una ley para eliminar beneficios similares en julio de este año.

Los costos humanos: más allá de las cifras

Tras la decisión, muchos jóvenes ven cómo sus sueños se desvanecen de un día para otro. La historia de Jacqueline C., estudiante de biología de primera generación, es un agente de contraste. Nacida en Honduras, cruzó la frontera con su familia a los 7 años. Estudió con esfuerzo, sacó honor roll y, gracias al Texas Dream Act, pudo ingresar a la Texas A&M University.

Ahora, enfrenta la disyuntiva de pagar casi el doble de matrícula o dejar la universidad. “Me siento invisible para el estado que considero mi hogar”, confiesa con tristeza.

Historias como la de Jacqueline se repiten en miles de hogares latinos. En muchos casos, los padres también son indocumentados, pero trabajan en sectores esenciales como agricultura, mantenimiento, construcción o servicios, contribuyendo al tejido económico y social del estado.

¿Y ahora qué?

Abogados de inmigración y organizaciones educativas ya exploran posibilidades legales para apelar la decisión. Algunos consideran que el fallo carece de debate constitucional sustancial y fue emitido con sesgo político.

Además, la comunidad académica y migrante empieza a movilizarse. En Austin, Houston y Dallas se han convocado manifestaciones pacíficas, y figuras políticas como Joaquín Castro y Beto O’Rourke han criticado con severidad lo que catalogan como una decisión cruel e innecesaria.

Mientras tanto, los jóvenes afectados deben decidir si continúan, migran a otros estados, abandonan sus estudios o recurren a deudas más agresivas para seguir adelante.

¿Hacia dónde se dirige el país?

El caso de Texas es una muestra del continuo vaivén entre inclusión y exclusión en las políticas migratorias de EE.UU. Lo que era un escenario progresista en 2001 ha sido barrido por un contexto más polarizado y restrictivo.

¿Se respetarán los aportes de los migrantes o se impondrá la narrativa del castigo?

El futuro de cientos de miles de jóvenes está en juego, no sólo en Texas, sino en todo el país. Y mientras los tribunales deciden, la pregunta que subyace es profundamente humana: ¿A quién consideramos parte de nuestra comunidad?