Crisis política en Corea del Sur: ¿avance democrático o persecución partidista?
La presidencia de Lee Jae-myung arranca con un giro dramático: profundas investigaciones sobre el expresidente Yoon Suk Yeol, su esposa y un caso de encubrimiento militar sacuden el panorama político surcoreano
Una Asamblea Nacional renovada toma acción
En un giro explosivo para la política surcoreana, la Asamblea Nacional —ahora bajo control mayoritario del Partido Democrático— aprobó el 5 de junio de 2025 tres proyectos clave con cifras apabullantes: 194 votos a favor y solo 3 en contra. Estas leyes permiten investigaciones especiales sobre:
- La breve imposición de la ley marcial por parte del exmandatario Yoon Suk Yeol en diciembre pasado.
- Las acusaciones criminales contra su esposa, Kim Keon Hee.
- El fallecimiento de un infante de marina durante operaciones de rescate por inundaciones —un incidente que se sospecha fue encubierto por el anterior gobierno.
Esta votación marca un parteaguas en la política nacional. Muchos conservadores del People Power Party (PPP) rehusaron participar, acusando a la bancada liberal de liderar una persecución motivada por el rencor, mientras el nuevo presidente Lee Jae-myung defiende la legalidad y necesidad de descubrir la verdad.
Lee Jae-myung: ¿justiciero o estratega de poder?
Lee, elegido en las elecciones anticipadas del 3 de junio tras la destitución de Yoon, basó su campaña en la promesa de unificar un país fragmentado políticamente. Sin embargo, también fue el arquitecto principal del proceso de destitución del expresidente y ahora impulsa —desde la presidencia— investigaciones que tienen el potencial de desacreditar por completo a su antecesor.
En un discurso reciente, Lee aseguró: “No se trata de venganza, sino de restaurar la confianza del pueblo en sus instituciones”. Pero también es cierto que estos movimientos elevan las tensiones políticas y lo posicionan como un actor con amplio control institucional.
¿Un intento de golpe de Estado en democracia?
El caso más delicado es el de la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024. Aunque duró apenas unas horas, el acto está hoy bajo la lupa judicial bajo el cargo de rebelión.
La Fiscalía del Distrito Central de Seúl acusa a Yoon de intentar arrestar a legisladores de la oposición, ocupar las oficinas electorales mediante tropas militares y suspender funciones legislativas, todo con el objetivo de invalidar su proceso de destitución. Una escena que recuerda a las crisis democráticas más oscuras del siglo XX.
“Los conservadores que hoy callan sobre este hecho no entienden que la democracia no puede sostenerse a base de amenazas militares”, declaró Kim Yong-min, legislador liberal, durante el debate parlamentario.
De no ser revocada tan rápidamente por el propio Parlamento —cuyo quórum pudo superar el bloqueo de soldados armados—, Corea del Sur habría entrado en una era de ruptura constitucional.
El caso del infante de marina: encubrimiento o negligencia
El tercer proyecto aprobado busca esclarecer la muerte de un infante de marina durante un operativo de rescate en 2023. Aunque en su momento se trató como un accidente, nuevas evidencias y testimonios sugieren que altos funcionarios impidieron que se investigara a fondo por temor a daños al prestigio gubernamental.
Durante la votación del proyecto correspondiente, decenas de marinos retirados aplaudieron emocionados, vistiendo camisetas rojas desde las gradas. Exigieron justicia y tildaron al gobierno previo de haber olvidado sus responsabilidades con las fuerzas armadas.
Las sombras de Kim Keon Hee: corrupción y manipulación electoral
La esposa del expresidente Yoon, Kim Keon Hee, enfrenta investigaciones por:
- Recibir artículos de lujo de representantes de la Iglesia de la Unificación.
- Posibles conexiones con manipulación de precios de acciones bursátiles.
- Interferencia en las nominaciones del PPP durante las elecciones legislativas de abril de 2024.
Las acusaciones generan profundo impacto, no solo por su contenido, sino por el hecho de que Yoon bloqueó activamente cualquier intento oficial de investigación mientras ocupaba el poder.
¿Una democracia revitalizada o concentración peligrosa de poder?
Para muchos analistas políticos surcoreanos, estos pasos son una especie de purga institucional necesaria. Para otros, son estrategias de poder con potencial autoritario. La nueva mayoría legislativa de Lee le permite actuar con mucha libertad, y los conservadores resumen su temor en una frase: “Podría convertirse en un presidente sin contrapesos”.
Sin embargo, el contexto importa: Corea del Sur vivió décadas de dictaduras militares hasta 1987. La memoria de ese pasado autoritario aún palpita en la ciudadanía. La idea de que un presidente intentó reactivar la ley marcial se percibe como una línea roja que no puede cruzarse sin consecuencias judiciales y políticas.
El futuro inmediato: juicio y elecciones en juego
Yoon Suk Yeol ahora enfrenta un proceso por rebelión que podría derivar en pena de muerte, según el Código Penal surcoreano en caso de hallarse culpable de organizar un movimiento armado contra las instituciones del Estado.
Mientras tanto, la estrategia de Lee busca renovar la legitimidad democrática y aprovechar una luna de miel institucional. Pero los próximos meses serán clave: si percibe que usa estas investigaciones solo para consolidar poder, podría empezar a perder el apoyo popular con rapidez.
Según una encuesta de la agencia surcoreana Gallup publicada el 6 de junio, un 57% de los encuestados apoya las investigaciones contra Yoon, mientras un 29% las considera una “persecución innecesaria” que retrasará los problemas estructurales del país.
La perspectiva internacional: un modelo en disputa
Estados Unidos y la Unión Europea siguen con atención los acontecimientos. Corea del Sur es un aliado estratégico y ejemplo regional, por lo que su estabilidad institucional es clave. Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni Bruselas han hecho declaraciones oficiales, pero diplomáticos en Seúl apuntan a que “el imperio de la ley debe prevalecer sin importar quién esté en el poder”.
El caso de Corea del Sur se convierte así en un espejo para otras democracias que enfrentan intentos de erosión institucional: ¿hasta dónde se puede castigar sin convertir la justicia en venganza?