¿Una Influencer como Cirujana General?: El polémico caso de Casey Means

La elección de Casey Means como candidata a Cirujana General por parte de Donald Trump ha generado una tormenta de críticas que no se limita a lo político: también apunta a los límites —cada vez más difusos— entre salud pública y promoción personal.

¿Quién es Casey Means?

Casey Means, médica egresada de Stanford, abandonó su residencia quirúrgica en 2018 y desde entonces ha construido una carrera como influencer de salud y bienestar. Con más de 825,000 seguidores en Instagram, una newsletter con 200,000 suscriptores y apariciones constantes en podcast y medios, se ha convertido en una figura prominente del ecosistema wellness estadounidense.

Co-fundadora de Levels, una aplicación que monitorea glucosa, sueño y ejercicios, también ha promovido productos como suplementos alimenticios, monitores corporales, sistemas de sueño impulsados por IA y comidas preparadas. No obstante, gran parte de esa promoción tiene un trasfondo: Means ha sido consultora, inversora o afiliada comercial de muchas de las marcas que respalda.

Influencia, rentabilidad y nula transparencia

Uno de los temas que ha encendido las alarmas éticas gira en torno a los conflictos de interés. Según una investigación detallada, Casey Means no ha revelado sistemáticamente cuando una recomendación está asociada a una ganancia económica personal. Esto incluye desde programas de afiliados con Amazon hasta menciones de marcas en las que tiene intereses comerciales.

Por ejemplo, en su sitio había una sección titulada “My Faves” donde admitía que algunos enlaces eran comisionados, pero expertos destacan que la normativa de la Comisión Federal de Comercio (FTC) exige divulgación directa y en cada instancia en la que haya una relación económica.

La FTC establece que esos vínculos deben ser "claros y prominentes", una medida destinada a que el consumidor sepa cuándo puede haber un sesgo en la recomendación de una figura pública. Aunque las sanciones por incumplimiento son raras, académicos como Christopher Terry, de la Universidad de Minnesota, subrayan que esta opacidad puede erosionar la confianza pública, especialmente cuando hablamos de cargos como Cirujano General.

La paradoja de Casey Means: ¿cruzada contra el sistema o beneficiaria del mismo?

Casey Means ha sido una crítica ferviente del sistema de salud estadounidense, al que considera “roto y explotador”. Como señala en su sitio: “Durante mi formación quirúrgica, vi lo roto que está el sistema sanitario y decidí enfocarme en mantener a la gente fuera del quirófano”.

No ha dudado en calificar a quienes participan del aparato médico-industrial como corrompidos por intereses comerciales, desde científicos institucionales hasta médicos, pasando por organismos reguladores. Sin embargo, sus críticos subrayan que Means ha monetizado su imagen e influencia de manera similar.

Un caso icónico fue su promoción repetida de Daily Harvest —marca de alimentos congelados— en su libro y en podcasts, sin reconocer abiertamente que tenía una relación profesional como socia de marca.

¿Ganancias desde el gobierno?

Uno de los mayores temores para quienes monitorean a políticos y funcionarios públicos es que el cargo termine siendo una plataforma para que Casey Means expanda aún más su influencia comercial.

Jeff Hauser, del grupo watchdog Revolving Door Project, advirtió: “Temo que mientras ocupe el cargo, esté cultivando sus próximos empleadores o socios comerciales”.

Esta preocupación no es infundada. La historia reciente muestra que anteriores Cirujanos Generales también han enfrentado conflictos de interés. Vivek Murthy, por ejemplo, recibió más de 2 millones de dólares en honorarios por consultorías y charlas antes de regresar al cargo con Joe Biden. Sin embargo, él se recusó de tratar temas donde había vínculos económicos previos.

Hasta el momento, Casey Means no ha anunciado qué compromisos éticos asumirá si es confirmada.

Una nueva era de marketing político-sanitario

Emily Hund, autora de "The Influencer Industry: The Quest for Authenticity on Social Media", sostiene que la nominación de Means representa “un momento de aprendizaje sobre la evolución de nuestra democracia”.

La presencia de influencers en posiciones gubernamentales plantea preguntas fundamentales: ¿Cómo separar el liderazgo público del branding personal? ¿Cuál es el precio de la autenticidad cuando entra en juego el poder político?

Means también ha sido promotora y usuaria de Function Health, empresa de pruebas de laboratorio por suscripción. La AP detectó más de una docena de posts sobre la empresa sin ninguna mención a que tiene inversión personal en ella. La cofundadora también tiene una relación con la marca de suplementos Zen Basil, que incluso patrocina su newsletter.

Política sanitaria con sabor a marketing

Una de las mayores polémicas ha sido la promoción por parte del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., del uso de monitores de glucosa como antesala para determinar la elegibilidad de pacientes a medicamentos para perder peso. Coincidentemente, Levels —la empresa de Means— ofrece este tipo de tecnología.

Esto ha llevado a teóricos del conflicto de interés como Olivier Sylvain, exasesor de la FTC y profesor en Fordham Law School, a cuestionar si la política de salud pública se está diseñando al servicio de intereses comerciales encubiertos.

“¿Queremos que a cargo de la política nacional de salud esté alguien que puede tener incentivos comerciales personales mezclados con sus decisiones?”, pregunta Sylvain. “¿Debería haber cualquier duda sobre quienes plantean recomendaciones para la salud pública de 330 millones de ciudadanos?”.

¿Y ahora qué?

Mientras se espera el proceso de confirmación ante el Senado, tanto la comunidad médica como las instituciones regulatorias observan con especial interés los compromisos que Casey Means estará dispuesta a asumir.

Queda por definirse si se recusará en discusiones relacionadas con empresas con las que ha tenido vínculos, si desinvertirá sus activos o si dejará atrás definitivamente su carrera como influencer monetizada.

Lo cierto es que el caso de Casey Means, más allá del debate político, revela un cambio de paradigma: la idea de que el capital social en redes puede ser tan poderoso como la formación médica tradicional para alcanzar niveles altos de influencia institucional.

En una era donde la información —y la desinformación— fluye más rápido que nunca, su nominación amerita un análisis profundo sobre qué tipo de líderes sanitarios necesitamos.