Ruth López vs. Bukele: ¿Justicia o represión en El Salvador?

Una detención que genera más preguntas que respuestas

El pasado 18 de mayo, la reconocida abogada salvadoreña Ruth Eleonora López fue detenida en su domicilio por las autoridades de El Salvador. Su arresto no pasó desapercibido: López no solo es una destacada jurista, sino también una de las principales voces críticas del gobierno de Nayib Bukele, a través de su trabajo en la organización no gubernamental Cristosal.

Desde el momento de su detención, diferentes organizaciones nacionales e internacionales comenzaron a señalar que esta acción podría formar parte de un patrón de criminalización hacia las voces críticas del gobierno actual. López ha negado categóricamente las acusaciones de enriquecimiento ilícito que ahora enfrenta y ha exigido públicamente un juicio abierto.

¿Quién es Ruth Eleonora López?

Ruth López dirige la Unidad Anticorrupción de Cristosal, una organización que ha dedicado años a documentar y denunciar actos de corrupción en el aparato estatal salvadoreño. Su historial profesional incluye una trayectoria destacada como asesora legal, y su trabajo está vinculado con organismos judiciales nacionales e internacionales.

Entre sus intervenciones más notables se encuentran las denuncias contra presuntas irregularidades en compras estatales durante la pandemia y el acompañamiento legal a víctimas de abusos perpetrados durante el régimen de excepción que hoy se mantiene vigente en El Salvador.

Una acusación cuestionada

El caso que se ha abierto contra López es por enriquecimiento ilícito, al parecer relacionado con su periodo como asesora de Eugenio Chicas, quien fue presidente del Tribunal Supremo Electoral durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Sin embargo, el giro hacia esta acusación ocurrió dos semanas después de su detención, horas antes de que compareciera ante un juez por primera vez.

La defensa de López, encabezada por el abogado Pedro Cruz, ha cuestionado la legalidad de mantener el caso bajo reserva y ha señalado que la fiscalía “teme que la acusación no se sostenga públicamente”.

Una Biblia en mano y una exigencia: juicio público

En uno de los escasos momentos públicos del proceso, se difundió un video corto donde puede verse a López esposada, con una Biblia entre las manos, exclamando con firmeza:

“No me van a callar, quiero juicio público. El pueblo tiene que saber.”

La frase caló hondo en diversos sectores de la opinión pública salvadoreña, especialmente en un contexto en el que los juicios reservados y las detenciones sin garantías procesales se han vuelto una constante durante el estado de excepción decretado desde marzo de 2022.

La sombra del régimen de excepción

El Salvador vive bajo un estado de excepción permanente desde hace más de tres años, declarado inicialmente para enfrentar a las pandillas y criminalidad organizada. Este estado ha permitido:

• Detenciones sin orden judicial previa.
• Interrupción del derecho al debido proceso.
• Restricciones al acceso a abogados y a la información sobre casos judiciales.

Según datos oficiales, más de 86,000 personas han sido arrestadas bajo esta medida. Sin embargo, organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado abundantes casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

La postura de Cristosal y la comunidad internacional

La organización Cristosal publicó un comunicado en el que expresó su apoyo a su directora de la Unidad Anticorrupción y rechazó las acusaciones como parte de un hostigamiento sistemático contra defensores de derechos humanos en el país.

“Ruth ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Lo que le está ocurriendo no es un caso aislado, sino parte de un patrón de criminalización”, reza el comunicado.

Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, también se pronunció en su cuenta en X:

“El Estado debe garantizar su derecho al debido proceso. Debe ser liberada.”

La tendencia regional: poderes judiciales cooptados

El caso de Ruth López no es único en América Latina. En los últimos años se ha documentado una preocupante tendencia en varios países de la región, donde el poder judicial es utilizado como instrumento de persecución política. Desde Nicaragua hasta Guatemala, varios defensores de derechos humanos, jueces, periodistas y fiscales anticorrupción han sido encarcelados o forzados al exilio.

En El Salvador, la situación se agrava por el control casi total que ejerce el presidente Bukele sobre las instituciones públicas, incluyendo la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General. Desde 2021, tras la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se denunció una ruptura del orden democrático en el país.

¿Un mensaje para otros críticos?

El caso de Ruth López puede interpretarse como un mensaje claro a otros actores críticos del gobierno. Si alguien con amplio reconocimiento nacional e internacional, con formación jurídica impecable y respaldo de ONG importantes puede ser encarcelado sin mayores pruebas visibles, entonces no hay garantías para nadie.

La intención de López de visibilizar su proceso judicial y exigir un juicio público apunta justamente a contrariar esa narrativa de miedo y silencio.

La represión judicial como forma de control

El derecho penal, en sistemas democráticos, debería operar bajo los principios de proporcionalidad, legalidad e imparcialidad. Pero en regímenes autoritarios o con tendencias autoritarias, se convierte en un medio para deshacerse de adversarios incómodos.

Según expertos en derecho internacional como Claudio Nash y Juan Méndez, el uso del derecho con fines persecutorios genera impactos negativos de larga duración en el sistema judicial de un país, dañando su credibilidad y el acceso a la justicia de los ciudadanos comunes.

El rol de la sociedad civil

Ante este panorama, el rol de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. Cristosal, a pesar de ser blanco de ataques y campañas de desprestigio, ha mantenido su labor, apoyada por organismos internacionales y redes de defensa de derechos humanos.

El fortalecimiento del tejido social, la documentación rigurosa de abusos y las estrategias legales internacionales son ahora herramientas clave para mantener encendida la llama de los derechos fundamentales en un contexto hostil.

¿Hacia dónde va El Salvador?

Las elecciones celebradas este año consolidaron aún más el poder del presidente Bukele. Si bien goza de popularidad interna, su modelo político ha sido duramente cuestionado por organismos multilaterales y por defensores de la democracia a nivel global.

El caso de Ruth López podría convertirse en un parteaguas. Un símbolo de lo que puede venir si no hay límites claros al poder estatal. Su voz, lejos de ser silenciada, parece haber encendido nuevas alertas.

Como dijo ella misma frente a las cámaras, esposada pero firme:

“El pueblo tiene que saber.”