La nueva guerra cultural en EE.UU.: ataques legislativos y simbólicos a los derechos LGBTQ+ y migrantes

Una ofensiva desde múltiples frentes

En los últimos meses, Estados Unidos ha presenciado un repunte en las políticas conservadoras destinadas a revertir avances sociales en derechos civiles y humanos. Las acciones recientes desde el gobierno y legislaturas locales han encendido las alarmas no solo en las comunidades directamente afectadas, sino también entre defensores de las libertades fundamentales.

No se trata de simples movimientos aislados: la decisión del Departamento de Justicia de bloquear una ley histórica de Texas que otorga matrícula universitaria estatal a jóvenes indocumentados, la propuesta de retirar el nombre del activista LGBTQ+ Harvey Milk de un buque de la Marina y la reciente ley en Nebraska que prohíbe a estudiantes trans participar en deportes femeninos, reflejan un patrón de creciente exclusión institucional.

Texas y el fin de un modelo nacional

En 2001, Texas sorprendió al liderar con una ley que permitía a jóvenes indocumentados, conocidos como "Dreamers", acceder a la tarifa de matrícula estatal en universidades si cumplían con ciertos requisitos de residencia. Aunque fue pionera, esta política fue replicada en al menos 24 estados, según el Higher Ed Immigration Portal.

Hoy, esa misma ley está bajo amenaza. El Departamento de Justicia ha interpuesto una demanda para bloquearla, argumentando que da trato privilegiado a inmigrantes sin estatus legal en detrimento de ciudadanos estadounidenses. Según la fiscal general Pam Bondi: “El Departamento de Justicia luchará incansablemente para hacer valer la ley federal y garantizar que los ciudadanos de EE.UU. no sean tratados como ciudadanos de segunda clase”.

Sin embargo, esto afecta a más de 57,000 estudiantes indocumentados que actualmente se encuentran inscritos en instituciones de educación superior en Texas, según la organización Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration.

Harvey Milk: borrar su legado en el mes del Orgullo

Durante el Mes del Orgullo, en el que se conmemora la lucha y visibilidad de la comunidad LGBTQ+, surgió la noticia de que el gobierno norteamericano estaría considerando rebautizar el buque USNS Harvey Milk, nombrado en 2016 en honor al activista asesinado en 1978 y uno de los primeros políticos abiertamente gays del mundo.

Milk no solo fue supervisor en San Francisco, sino que también fue miembro de la Marina durante la Guerra de Corea, de donde fue expulsado por su orientación sexual. El entonces secretario de la Marina, Ray Mabus, explicó en su momento que el barco llevaría este nombre porque sería parte de una clase de buques homenajeando a defensores de los derechos civiles, como John Lewis.

La reacción ha sido de profunda indignación. Cleve Jones, activista y amigo cercano de Milk, expresó: “Es cruel, mezquino y estúpido. Es una distracción de problemas más graves como la guerra en Gaza y los recortes a Medicaid y Seguridad Social”.

El senador estatal de California Scott Wiener calificó la medida como un intento deliberado de borrar la historia de las minorías, mientras que Nancy Pelosi, ex presidenta de la Cámara de Representantes, la tildó de insultante.

La estrategia detrás del cambio de nombre

Aunque el Pentágono no ha confirmado oficialmente el cambio de nombre, una orden interna habría circulado entre altos mandos en línea con la política del actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, de eliminar toda mención a iniciativas en diversidad, equidad e inclusión (DEI).

La Fundación Harvey Milk, dirigida por su sobrino Stuart Milk, comunicó que ha iniciado conversaciones con el Pentágono para detener la decisión. “Será un grito de guerra no solo para nuestra comunidad, sino para todas las comunidades marginadas”, señaló Milk.

Las leyes anti-trans: Nebraska y una tendencia nacional

En paralelo, Nebraska se convirtió en el estado número 25 en adoptar leyes que prohíben la participación de estudiantes transgénero en deportes femeninos. Flanqueado por conservadores y atletas que apoyan la medida, el gobernador Jim Pillen firmó la ley que fue impulsada por la senadora estatal Kathleen Kauth.

La versión original de la ley también intentaba prohibir el uso de baños o vestidores por parte de estudiantes en función de su identidad de género, pero esa cláusula fue retirada para asegurar su aprobación. No obstante, Kauth prometió reincorporarla el próximo año.

Curiosamente, según la Nebraska School Activities Association, menos de 10 estudiantes trans han participado en deportes escolares en la última década, lo que lleva a críticos a hablar de una legislación sin fundamento en la realidad.

Organizaciones como la ACLU de Nebraska han calificado la ley como "innecesaria y discriminatoria". Mindy Rush Chipman, su directora ejecutiva, dijo que “esta prohibición solo creará problemas, no resolverá ninguno”.

Un patrón que se repite en varios estados

Este tipo de legislación no es exclusiva de Nebraska. Al menos otros 24 estados han aprobado medidas similares desde 2021, motivados en gran parte por una narrativa promovida por políticos conservadores y medios de derecha que presentan a las personas trans como una amenaza a la equidad en el deporte femenino.

La exnadadora Riley Gaines se ha convertido en una figura central en esta causa, asegurando que las mujeres "están perdiendo sus oportunidades por culpa de atletas trans". No obstante, organizaciones deportivas como la NCAA y científicas de salud han mostrado que no existen pruebas concluyentes de esto, en parte por el escaso número de casos registrados.

¿Retroceso social o necesidad de nuevas garantías legales?

Los detractores de estas medidas alertan que se trata de un retroceso a épocas donde las minorías eran sistemáticamente excluidas del espacio público y de los derechos ciudadanos. Como dijo Stuart Milk: “Mi tío siempre decía que los derechos de los marginados exigen vigilancia constante”.

En esa línea, los expertos en derechos humanos argumentan que la ola actual de medidas conservadoras constituye un ataque amplio y coordinado contra políticas de inclusión consolidada tras décadas de lucha.

Organizaciones como Human Rights Watch y Lambada Legal han documentado un aumento del 67% en leyes estatales presentadas en 2023 que buscan restringir derechos de personas LGBTQ+ o inmigrantes indocumentados en EE.UU.

El impacto duradero en las generaciones más jóvenes

Para los jóvenes trans, indocumentados o miembros de comunidades LGBTQ+, estos movimientos legislativos no son solo simbólicos. Representan obstáculos muy reales en acceso a educación, participación comunitaria y sensación de pertenencia.

Según datos del Williams Institute, los jóvenes trans tienen tasas significativamente más altas de síntomas depresivos, riesgos suicidas y deserción escolar cuando enfrentan entornos hostiles. De igual modo, los Dreamers que pierden acceso a matrícula estatal ven truncadas sus oportunidades académicas y profesionales.

En palabras del director del Centro Nacional para los Derechos de los Inmigrantes, Tom Wong: “Estamos normalizando un nuevo tipo de exclusión social, disfrazada de defensa de lo justo, pero que en el fondo obedece a miedos políticos mal canalizados”.

Una alarma encendida

En un año electoral, estos pasos parecen diseñados con fines estratégicos para movilizar votantes conservadores. Pero, más allá del ajedrez político, su impacto cotidiano repercute en miles de vidas.

Tanto la simbólica eliminación de un nombre en un buque, el cierre de puertas a estudiantes sin papeles, como la prohibición de participar en deportes acorde con la identidad de género, configuran una narrativa de exclusión que contrasta con los valores democráticos que EE.UU. dice defender.