La justicia migratoria en tiempos de Trump: el caso de O.C.G. y el ataque a Harvard

Un retorno inusual: La historia de O.C.G.

En un incidente que ha resonado en los espacios jurídicos y activistas de derechos humanos en Estados Unidos, un hombre guatemalteco identificado como O.C.G. fue deportado en contra de una orden judicial y luego repatriado a EE.UU. por presión legal tras meses de batalla entre su equipo legal y la administración de Donald Trump.

El hombre, quien es abiertamente gay, solicitó asilo en Estados Unidos temiendo por su integridad si regresaba a Guatemala, país donde la persecución a la comunidad LGBTQ+ es documentada ampliamente por organismos internacionales como Human Rights Watch. Sin embargo, violando una orden judicial, fue enviado a México, donde sufrió violaciones y extorsión mientras seguía esperando una respuesta a su proceso de asilo.

¿Un sistema roto o una política deliberada?

El juez federal Brian Murphy, al examinar el caso, concluyó que la remoción de O.C.G. a México "carecía de cualquier apariencia de debido proceso". Esta afrenta al sistema judicial se enmarca dentro de una larga lista de abusos administrativos durante el mandato de Trump, donde incluso la justicia no siempre fue capaz de frenar las deportaciones arbitrarias.

Casos como el de Kilmar Abrego García—deportado erróneamente a El Salvador después de vivir en Estados Unidos por más de 14 años—y devuelto por orden de la Corte Suprema, muestran cómo este patrón se repite.

El arma política de la inmigración: el caso contra Harvard

Simultáneamente, Trump también protagonizó una batalla abierta contra Harvard University, una de las instituciones educativas más prestigiosas del país. En una maniobra sin precedentes, el expresidente emitió una orden ejecutiva para bloquear el ingreso de estudiantes internacionales a dicha universidad, alegando riesgos para la seguridad nacional.

Este acto fue visto por críticos como un intento más del gobierno de Trump por debilitar a las llamadas "élites liberales", reprimiendo a las instituciones que no comulgaban con su agenda. Harvard, con aproximadamente un 25% de su matrícula compuesta por estudiantes internacionales (más de 7,000), se vio directamente amenazada.

El trasfondo de la orden ejecutiva

El argumento oficial fue que Harvard no cumplió adecuadamente con proporcionar información detallada sobre posibles conductas inapropiadas por parte de estudiantes extranjeros tras una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional. Trump usó esta supuesta 'falta de cumplimiento' para justificar su medida radical.

La orden estipulaba incluso que el Departamento de Estado revisara las redes sociales de los solicitantes de visa para detectar signos de antisemitismo, una movida que fue tachada de politización del proceso de visa. Para muchos, esto fue solo otro frente en la guerra cultural emprendida desde la Casa Blanca.

Datos preocupantes y acciones legales

• Más de $2.6 mil millones en subvenciones de investigación fueron recortadas a Harvard durante la administración Trump.
• Corte de contratos federales y llamados públicos a investigar a universidades por considerarse "semilleros de liberalismo".
• Estados como Massachusetts y California entablaron múltiples demandas contra las políticas migratorias durante el gobierno de Trump.

En palabras de Maureen Martin, directora de servicios migratorios de Harvard, las acciones del gobierno generaron un clima de “temor profundo, preocupación y confusión” entre el estudiantado internacional. Este miedo provocó un aumento considerable en solicitudes de transferencia a otras instituciones o cancelaciones de inscripción.

¿Qué dice la ley?

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la cual EE.UU. es parte, establece que ningún país debe devolver a una persona a un lugar donde su vida o libertad esté amenazada. Esta norma fue violada con la deportación de O.C.G.

Por otro lado, la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense autoriza ciertas formas de protección cuando un inmigrante demuestra creíblemente que podría ser perseguido. Las cortes han reiterado que estas leyes fueron dejadas de lado intencionadamente por la administración de Trump.

Un patrón sistemático

El caso de O.C.G. no es una anomalía. De hecho, durante el gobierno de Donald Trump se registraron más de 60,000 deportaciones erróneas entre 2017 y 2020, según datos internos filtrados de ICE y reportes del American Immigration Lawyers Association (AILA).

Estas deportaciones incluyeron casos de niños separados de sus padres en la frontera, solicitantes de asilo enviados ilegalmente a México bajo el programa "Quédate en México" y cientos de retornos arbitrarios a países considerados peligrosos y con dictámenes judiciales contrarios.

Una represión ideológica

Más allá de fallas técnicas o malos entendidos, lo que hace alarmante esta política es su carácter ideológico. La inmigración fue utilizada como una palanca de poder político por la administración de Trump, que apelaba constantemente a su base electoral mediante un discurso antimigrante. Las universidades, por su parte, sufrieron recortes y represión por alejarse de la “línea oficial”.

El uso de medidas de fuerza contra espacios que representan apertura, diversidad y pensamiento crítico como Harvard, ilustra un patrón de confrontación deliberada contra la multiculturalidad e internacionalización del pensamiento académico.

¿Qué sigue?

El caso de O.C.G. marca un precedente. Aunque es uno de los pocos repatriados por orden judicial durante la era Trump, abre la puerta para futuras batallas legales por parte de miles que fueron removidos ilegalmente. Además, plantea preguntas serias sobre la autonomía de las universidades, la integridad del sistema judicial y los derechos humanos en el contexto migratorio.

La historia seguirá escribiéndose con cada demanda, con cada estudiante extranjero que decide no inscribirse en EE.UU., y con cada persona forzada a escapar de su país de origen en busca de un futuro que la política, a veces, niega.