La Deportación Sombra: El Caso de los Migrantes Enviados a El Salvador y el Choque de Poderes entre Trump y la Justicia

Un conflicto de siglos: la Ley de Enemigos Extranjeros y su resurgimiento

En marzo, la administración del expresidente Donald Trump recurrió a una ley casi olvidada del siglo XVIII: la Alien Enemies Act de 1798 (Ley de Enemigos Extranjeros). Esta ley, promulgada en el contexto de tensiones con Francia, permite al gobierno deportar o detener ciudadanos de países enemigos durante tiempos de guerra sin el debido proceso. En pleno siglo XXI, esta ley fue utilizada para justificar la deportación rápida de al menos 137 migrantes –mayoritariamente venezolanos– considerados sospechosos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

El intento de eludir la jurisdicción de los tribunales estadounidenses llevó a estos migrantes a ser extraditados a un polémico centro penitenciario en El Salvador, el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad famosa por su brutalidad.

La intervención del juez Boasberg: derechos pisoteados

Ante esta situación, el juez federal James Boasberg intervino de forma decisiva. Según su dictamen, los migrantes fueron removidos del país sin poder impugnar su deportación ni defenderse de las acusaciones. Boasberg calificó la acción como una violación del debido proceso y ordenó a la administración crear un mecanismo inmediato para que los detenidos pudieran presentar sus reclamos, incluso desde El Salvador.

“La evidencia significativa muestra que muchos de los migrantes no tienen vínculos con el Tren de Aragua, y por tanto languidecen en una prisión extranjera por acusaciones frívolas" – Juez James Boasberg

El papel de Bukele y la diplomacia con derroche de sarcasmo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no tardó en publicar una respuesta celebratoria una vez que el avión con los migrantes aterrizó, incluso después de que Boasberg ordenara cancelar el vuelo. Su mensaje en redes: “Oopsie, demasiado tarde”, fue compartido por asesores cercanos a Trump, marcando un episodio de diplomacia provocativa que tensó aún más las relaciones entre los tres poderes del Estado norteamericano y una nación extranjera aliada en prácticas dudosas.

Una prisión temida: el Centro de Confinamiento del Terrorismo

Inaugurado por Bukele en 2023 como parte de su política de “mano dura” contra las pandillas, esta prisión ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos. Diseñada para albergar hasta 40,000 pandilleros, muchos críticos han señalado que las condiciones son inhumanas, con celdas superpobladas, falta de atención médica y denuncias de torturas. Enviar migrantes no judicializados a esta prisión equivale, según activistas, a “una forma moderna de desaparición forzada”.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han solicitado acceso y transparencia sobre el estatus de los prisioneros, pero las autoridades salvadoreñas han mantenido un hermetismo absoluto.

La Corte Suprema también interviene

Ante la creciente controversia, la Corte Suprema de Estados Unidos intervino y dictaminó que cualquier individuo señalado bajo la Alien Enemies Act tiene derecho a apelar su designación como “enemigo del Estado”. A pesar de ese fallo, la administración recurrió a maniobras nocturnas como vuelos secretos desde Texas para evadir la supervisión judicial.

La historia recuerda otro caso reciente donde un ciudadano de Maryland fue erróneamente deportado a El Salvador. La misma Corte Suprema ordenó su retorno tras descubrir que se trataba de un error flagrante.

Implicaciones éticas y legales

Más allá del tecnicismo legal de invocar una ley de 1798, el caso plantea graves cuestiones morales y constitucionales. ¿Puede un gobierno en una democracia moderna deportar a individuos sin juicio simplemente por sospechas? ¿Y hacerlo a una nación donde no hay garantías mínimas de derechos humanos?

• La Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución prohíben la privación de libertad sin el debido proceso.
• El uso de prisiones extranjeras para eludir la legalidad estadounidense sienta un precedente potencialmente peligroso.
• Las consecuencias de ser acusado sin pruebas en un país extranjero podrían resultar irreversibles: pérdida de vida, integridad psicológica, tortura.

¿Una estrategia política encubierta?

Muchos analistas creen que este tipo de deportaciones masivas forman parte de una estrategia electoral populista por parte de Trump, destinada a apelar a sectores extremos, reforzar la narrativa anti-inmigrante y presentar una imagen de 'firmeza' ante lo que se describe como “invasión migratoria”.

Sin embargo, el costo humano y diplomático de esta estrategia es elevadísimo. Washington corre el riesgo de ser percibido como violador de derechos humanos, algo que contrasta con su habitual papel autoproclamado de garante de la democracia en el mundo.

Datos relevantes y contexto histórico

• La Ley de Enemigos Extranjeros fue parte de un paquete legal aprobado por el presidente John Adams en 1798, en una época en la que temían una invasión francesa. Su aplicación ha sido escasa y siempre polémica.
• Durante la Segunda Guerra Mundial, se usó para internar a ciudadanos japoneses, italianos y alemanes sin juicio previo, lo que hoy se considera uno de los episodios más vergonzosos de discriminación e injusticia en la historia estadounidense.

Traer de vuelta esta ley en 2024 para criminalizar a migrantes venezolanos genera indignación en múltiples sectores jurídicos y sociales.

¿Qué sigue?

El juez Boasberg ha dado una semana para que el gobierno proponga un plan de acción. Mientras tanto, al menos 137 personas se encuentran en un limbo legal, atrapadas en una de las prisiones más temidas del continente, sin rostro y sin defensa.

El tiempo dirá si Estados Unidos podrá reparar este grave tropiezo legal y humanitario sin precedentes en su historia migratoria moderna. Pero el daño ya está hecho.