Hugo Aguilar y la justicia indígena en México: ¿símbolo de esperanza o brazo del poder?

Un hecho histórico: la voz indígena en la Suprema Corte

En un suceso sin precedentes modernos en la historia de México, Hugo Aguilar, abogado mixteco originario de Oaxaca, ha sido elegido como ministro de la Suprema Corte tras las primeras elecciones judiciales nacionales. Su nombramiento marca un cambio drástico: es el primer indígena en ocupar dicho cargo desde Benito Juárez en el siglo XIX.

Este hito ha sido celebrado como una victoria simbólica para los más de 23 millones de personas indígenas del país, históricamente marginadas de los espacios de poder y toma de decisiones. No obstante, también ha generado críticas divididas por la manera en que se dio su postulación y las vinculaciones políticas del nuevo magistrado.

Del activismo jurídico al ojo del huracán político

Aguilar, de 52 años, comenzó su carrera legal en la capital de Oaxaca trabajando con SERmixe, una organización dedicada a la defensa de los derechos indígenas. Testimonios como el de Sofía Robles, quien trabajó con él durante años, lo describen como un joven apasionado, comprometido con su comunidad, que incluso trabajaba sin salario mientras estudiaba Derecho.

Tras el levantamiento zapatista de 1994, Aguilar colaboró en las reformas constitucionales que buscaban reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Fue un momento crucial para institucionalizar la lucha indígena desde el marco jurídico.

No obstante, su trayectoria tomó un giro polémico cuando, en 2018, se incorporó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, su nombre se asoció con la defensa de mega-proyectos cuestionados como el Tren Maya, lo que levantó dudas sobre la integridad de su compromiso con las comunidades.

Una Suprema Corte en transformación… ¿y en riesgo?

Las elecciones judiciales impulsadas por López Obrador y sostenidas por la actual presidenta Claudia Sheinbaum han sido ampliamente criticadas. En vez del tradicional nombramiento por experiencia y méritos judiciales, el nuevo proceso permitió que la ciudadanía eligiera directamente a más de 2,600 jueces a nivel federal, estatal y local.

Sin embargo, con un bajo porcentaje de participación del 13%, la legitimidad de los resultados es cuestionada. En el caso de Aguilar, obtuvo más de 6 millones de votos, superando incluso a ministros en funciones, pero su amplio respaldo está siendo investigado debido a la presunta promoción partidista mediante volantes y propaganda vinculada a Morena.

Esto pone sobre la mesa un debate importante sobre la independencia del Poder Judicial en México. El riesgo de que los magistrados respondan más a intereses del partido gobernante que a principios constitucionales es latente, especialmente cuando dichos jueces podrían intervenir en temas clave como las reformas electorales o los megaproyectos.

¿Representante indígena o representante de Morena?

Excolegas y especialistas como Francisco López Bárcenas, también mixteco y especialista en Derecho indígena, han sido contundentes: “Él es un indígena que se convirtió en candidato, no un candidato indígena”. Según Bárcenas, el ascenso de Aguilar no representa genuinamente una agenda autónoma indígena, sino una instrumentalización del origen étnico para legitimizar reformas partidistas.

Algo similar piensa Romel González Díaz, dirigente del Consejo Indígena de Xpujil (Campeche), quien relata cómo Aguilar acudió a su comunidad con un equipo gubernamental y sin advertir plenamente de los efectos negativos del Tren Maya. González Díaz sostiene que Aguilar nunca fue consultado como igual por la comunidad, sino como parte del aparato informativo del Estado.

El Tren Maya: el mayor punto de quiebre

Uno de los momentos más conflictivos en la actuación de Aguilar fue su rol en el análisis de impacto del Tren Maya, proyecto emblemático del anterior sexenio, pero fuertemente cuestionado por expertos en derechos humanos, ambientalistas y organismos internacionales como la ONU.

• La obra ha implicado la deforestación de áreas clave de la selva del sureste mexicano.
• Se han destruido sistemas de cavernas subterráneas, muchos de ellos sagrados para los pueblos mayas de la Península de Yucatán.
• La consulta indígena se realizó en tiempo récord y bajo condiciones criticadas por su falta de pluralidad y transparencia.

Aguilar, como parte del INPI, fue señalado de haber minimizado los riesgos medioambientales y sociales del proyecto al presentarlos ante las comunidades. Aunque hay quienes dicen que su postura fue de oyente activo, el hecho de no oponerse a un proyecto tan dañino le ha pasado factura.

El apoyo de la presidenta Sheinbaum

Pese a las críticas, la presidenta Sheinbaum ha defendido la elección de Aguilar con firmeza. En sus declaraciones, hizo énfasis en su conocimiento jurídico, modestia y compromiso con el pueblo. Y agregó: “Tenemos el privilegio de que un abogado como él forme parte de esta nueva etapa para México”.

En efecto, si se retoma su historia desde los años 90, puede decirse que su perfil empezó con una convicción colectiva. No obstante, en sus últimos años, su proximidad con las instituciones gubernamentales ha encendido alarmas entre activistas que lo conocieron en otro tiempo.

¿Qué puede significar esta elección para la justicia indígena?

Independientemente del debate político, no se puede desestimar el impacto simbólico que tiene su presencia en la Suprema Corte. Uno de los grandes rezagos sistémicos es la falta de intérpretes en lenguas indígenas durante procesos judiciales. Según el CNDH, cerca del 70% de los indígenas encarcelados entre 2015 y 2020 no tuvo defensa adecuada ni pudo entender completamente su juicio.

Aguilar podría impulsar desde la Corte una verdadera reforma intercultural de justicia que atienda a más de 60 pueblos originarios. Podría visibilizar casos de despojo territorial, criminalización de defensores indígenas o el abandono estatal de sus derechos ecosistémicos.

Por otro lado, no se puede ignorar su cercanía con un partido que acumula poder en los tres niveles del Estado y que ha mostrado signos preocupantes de debilitamiento institucional. Así, el verdadero reto para Aguilar será demostrar que no está al servicio del poder, sino del pueblo.

Líder incómodo o pionero histórico

Las decisiones que tome Hugo Aguilar desde la Suprema Corte marcarán no solo su legado individual, sino también una nueva jurisprudencia en los derechos de los pueblos indígenas en México. Será vigilado tanto por activistas críticos como por votantes esperanzados.

La posibilidad de que llegue a presidir la Suprema Corte (considerando el respaldo electoral) añade aún más peso simbólico. Sería un regreso al liderazgo indígena que no se veía desde Benito Juárez, algo que muchos interpretan como el principio de una reparación histórica, aunque otros sospechen de una estrategia política maquillada de inclusión.

Las páginas aún están por escribirse. Lo cierto es que, entre esperanza y escepticismo, Hugo Aguilar se convierte desde ahora en una figura clave del debate democrático y plurinacional de México.