El Costo Político de los Números: ¿Por Qué el Congreso Está en Guerra con la Oficina Presupuestaria del Congreso?

Por años, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) ha sido un faro de objetividad fiscal en medio del agitado mar político en Washington. Pero hoy, ese faro está siendo golpeado por las olas tumultuosas del Congreso estadounidense, bajo fuego de los aliados de Donald Trump.

¿La razón? La CBO ha estimado que el nuevo “One Big, Beautiful Bill” de Trump —un proyecto de recortes fiscales masivos combinado con reformas migratorias— incrementará el déficit federal en aproximadamente $2.4 billones durante los próximos diez años y dejará a 10.9 millones más de personas sin seguro médico en 2034.

¿Qué es la CBO y por qué importa tanto?

Fundada en 1974 como contrapeso al poder del Ejecutivo sobre los presupuestos públicos, la Oficina Presupuestaria del Congreso nació tras el escándalo de Watergate y ha funcionado como una institución independiente para proveer análisis no partidista sobre propuestas legislativas.

Su rol principal es elaborar estimaciones de costos para cada ley propuesta ante el Congreso y servir como apoyo intelectual para evaluar el estado y evolución de la deuda pública de EE.UU.

Con apenas 275 empleados, su impacto en el proceso legislativo es inmenso. De hecho, hoy su capacidad de cálculo amenaza con frenar uno de los proyectos estrella del expresidente Trump.

La ofensiva republicana contra la CBO

El informe que estima que el plan de Trump disparará el déficit ha encendido las alarmas, especialmente entre los republicanos, quienes durante la presidencia de Joe Biden han utilizado el aumento de la deuda como leitmotiv de su oposición.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, no se contuvo al tildar a la CBO de “notoriamente incorrecta”. Mientras que Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró: “La CBO asume una tasa de crecimiento del PIB de un anémico 1.8%, eso es absurdo. La economía estadounidense se disparará como nunca antes”.

Este tipo de afirmaciones revela un patrón clásico en la política de Washington: cuando una institución pública contradice las expectativas partidistas, esa organización se vuelve blanco fácil pese a décadas de imparcialidad.

El director actual de la CBO es Phillip Swagel, quien sirvió bajo la presidencia de George W. Bush y es, irónicamente, un republicano. Aunque su gestión ha mantenido la imparcialidad técnica, la afiliación pasada ha sido insuficiente para protegerlo del fuego cruzado actual.

¿Una disputa técnica o un conflicto ideológico?

La raíz del enfrentamiento no está solo en los números, sino en la visión de cómo funciona la economía. Para los republicanos, el plan de Trump creará tal nivel de crecimiento económico que aumentará los ingresos fiscales lo suficiente para compensar las rebajas de impuestos.

Este argumento se basa en una interpretación liberal del concepto de curva de Laffer, una teoría popular entre conservadores que postula que reducir impuestos puede aumentar la recaudación, debido al estímulo económico resultante.

Sin embargo, esta idea ha sido intensamente debatida por economistas durante décadas. Por ejemplo, tras la aprobación de los recortes fiscales de Trump en 2017, la CBO estimó en 2018 que los ingresos fiscales ascenderían a $27 billones entre 2018 y 2024, pero la recaudación real fue $1.5 billones superior.

Pese a que este dato ha sido utilizado por republicanos como evidencia de que la CBO subestima el crecimiento, la institución explicó que factores extraordinarios como la inflación post-COVID (que aportó $900 mil millones), el aumento de la actividad económica ($700 mil millones) y nuevos aranceles ($250 mil millones) son los verdaderos responsables del desvío.

Trump vs. las instituciones independientes

Al mismo tiempo que la CBO se convierte en un blanco político, otra entidad también se encuentra bajo ataque directo: la Comisión Federal de Elecciones (FEC).

En febrero, el expresidente firmó una orden ejecutiva que reforzaría el control presidencial sobre toda agencia perteneciente al poder ejecutivo. Pese a que la orden no menciona directamente a la FEC, la preocupación de los demócratas sobre sus implicancias llevó al Partido Demócrata a presentar una demanda.

Los tres comités nacionales del partido pidieron una injunción preliminar alegando que la orden compromete la independencia de la FEC, encargada de hacer cumplir la legislación de financiamiento político — incluso contra el propio presidente si fuese candidato.

No obstante, el juez Amir H. Ali desestimó la demanda al considerar que no hay evidencia contundente de que la orden afectará directamente a la FEC.

“Si cambian las circunstancias y se evidencia un intento concreto de intervenir en la independencia de la FEC, este tribunal mantendrá sus puertas abiertas”, declaró en su fallo.

La guerra por las proyecciones es, en realidad, sobre el poder

Lo que parece una batalla por cifras técnicas y burocracia fiscal es, de fondo, una pugna por quién detenta la verdad en la arena de la democracia. Para los republicanos, la CBO representa un obstáculo técnico frente a una narrativa optimista sobre su nueva propuesta de ley. Para los demócratas, es una voce objetiva que valida sus denuncias sobre los peligros fiscales del trumpismo.

Lo cierto es que las cifras que maneja la CBO importan. Desde su fundación, esta oficina ha sido consultada para cada gran reforma fiscal o social: desde Medicare y Medicaid, hasta leyes tributarias y armamentísticas.

Según el economista y ex comisionado del FEC Trevor Potter, “la independencia de agencias como la CBO o la FEC es crucial para que el Ejecutivo, sea quien sea, rinda cuentas”.

En tiempos donde el crecimiento del déficit alcanza niveles históricos—la deuda nacional supera los $34 billones—y donde la confianza pública en las instituciones se erosiona, estas entidades técnicas representan uno de los últimos bastiones de balance y veracidad.

Pero el riesgo es que en su afán por imponer la realidad política sobre la matemática económica, el Congreso termine deslegitimando las pocas voces imparciales que aún subsisten en Washington.

Un presente con ecos del pasado

La historia política de Estados Unidos está llena de momentos donde la técnica colisiona contra la ideología. En 2005, el entonces gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, vetó el presupuesto del estado en su totalidad, solo para ver cómo fue fácilmente anulado por la Legislatura.

Hoy, con un gobernador más conciliador como Henry McMaster y un presupuesto estatal de $14.5 mil millones, se respira más armonía en ese nivel. Pero ese contraste deja ver lo fracturada y vitriólica que se ha vuelto la dinámica presupuestaria a nivel federal.

Mientras el Congreso se prepara para votar el ambicioso proyecto de Trump en julio, la pregunta sigue viva: ¿triunfará la economía basada en proyecciones partidistas o la objetividad técnica?

El destino financiero de los Estados Unidos podría depender de ello.