Crímenes en prisión y justicia desigual: ¿Cómo el sistema penitenciario refleja el racismo y la discriminación estructural?

Estados Unidos enfrenta una crisis persistente en su sistema carcelario y judicial, evidenciada por casos recientes que revelan profundamente arraigadas estructuras de racismo, odio, negligencia institucional y desigualdad legal. Desde un homicidio motivado por odio en una prisión de Wisconsin hasta un fallo histórico en la Corte Suprema de California sobre el principio de felony murder, estos incidentes nos invitan a reflexionar sobre la efectividad, moralidad y equidad dentro del sistema judicial estadounidense.

Un asesinato por odio en la prisión de Green Bay

Jackson Vogel, un preso blanco de 25 años que ya cumplía condena por intento de asesinato contra su madre, fue declarado culpable del asesinato de su compañero de celda, Micah Laureano, un joven afroamericano y homosexual de 19 años. El homicidio ocurrió en la prisión de máxima seguridad Green Bay Correctional Institution, en agosto de 2023.

Los detalles del caso son escalofriantes. De acuerdo con la denuncia penal, Laureano fue estrangulado, amarrado de pies y manos con tiras naranjas de tela y colgado del litera superior. Vogel confesó que su motivación fue el odio racial y homofóbico, algo respaldado por un mensaje encontrado en la celda: "Kill all humans!" junto con insultos dirigidos específicamente contra afroamericanos y personas LGBTQ+.

Vogel enfrenta ahora cadena perpetua adicional a su condena anterior de 20 años. La madre de la víctima, Phyllis Laureano, ha presentado una demanda federal alegando fracaso institucional en la protección de su hijo, algo que ha generado un intenso debate sobre las condiciones y protocolos de seguridad en las prisiones de EE. UU.

¿Un sistema que alimenta el odio?

Este crimen es un claro ejemplo de cómo el sistema penitenciario no solo falla en rehabilitar a los reclusos, sino que reproduce entornos peligrosos e insalubres capaces de alimentar el extremismo y el odio. Las prisiones de máxima seguridad, como Green Bay CI (fundada en 1898), en lugar de ofrecer oportunidades de redención, a menudo actúan como incubadoras de violencia.

La situación es tan grave que incluso legisladores republicanos han estado presionando por el cierre definitivo de este penal, junto con el de la prisión de Waupun, donde han fallecido siete reclusos desde 2023. Sin embargo, el miedo a la pérdida de empleos y el costo de una reestructuración penitenciaria masiva han bloqueado cualquier intento real de reforma.

La historia de Emanuel y la evolución de la ley de felony murder

Mientras la historia de Laureano pone de relieve una falla institucional para prevenir el odio, el caso de Louis Emanuel revela una injusticia más sutil pero igualmente crítica: cómo las leyes anteriores permitían castigar con cadena perpetua o incluso pena de muerte a personas que no asesinaron a nadie.

En 2012, Emanuel participó en un robo en San José, California, junto a Jacob Whitley. Planeaban robar marihuana a John Sonenberg, pero Whitley terminó matando a Sonenberg durante el asalto. Aunque Emanuel no disparó ni estuvo armado, fue condenado en 2015 por homicidio en primer grado bajo la doctrina de felonía homicida.

La ley californiana cambió en 2018, estableciendo que los cómplices solo pueden ser condenados por asesinato si demostraban una participación "mayor" o un desprecio temerario por la vida humana. La Corte Suprema estatal revisó su caso esta semana y concluyó que su conducta no cumplía con esos criterios. La condena fue anulada y se ordenó una nueva sentencia.

¿Qué es el felony murder y por qué es tan polémico?

Esta doctrina ha sido usada ampliamente en EE. UU. para responsabilizar a cómplices de un crimen que termina en asesinato, incluso si no ejecutaron el acto mortal. Por ejemplo, si alguien conduce el auto en una huida y ocurre un homicidio, puede ser condenado por asesinato, como si hubiera apretado el gatillo.

Según la Sentencing Project, decenas de miles de personas cumplen sentencias de por vida bajo esta doctrina, y un desproporcionado número de ellas son afroamericanos y latinos.

El caso de Emanuel refleja el esfuerzo reciente por cambiar esta narrativa en California, pero también revela cuán difícil es deshacer décadas de sentencias injustas impuestas bajo leyes punitivas.

Racismo, orientación sexual y justicia selectiva

Una comparación entre Vogel y Emanuel dice mucho del funcionamiento desigual del sistema legal. Vogel actuó con odio racial y homofóbico explícito, ejecutando un asesinato brutal en prisión. Emanuel, en cambio, ni mató ni estuvo armado, pero afrontó años de prisión prácticamente por asociación.

• Vogel será condenado a cadena perpetua, sí, pero solo después de asesinar y declarar motivaciones de odio claras.
• Emanuel fue condenado bajo principios más laxos y solo ahora, 12 años después, logra un poco de justicia.

Estos casos exponen una verdad inquietante: la justicia estadounidense castiga con más dureza la pobreza y la ignorancia del contexto legal, que el odio explícito y la violencia planificada.

Una maquinaria carcelaria que impide la rehabilitación

Más allá de estos casos, es necesario analizar el rol actual de las prisiones en EE. UU. Según el Bureau of Justice Statistics, Estados Unidos lidera el mundo en encarcelamiento per cápita, con 2.1 millones de personas tras las rejas (dato de 2023).

Muchos expertos y activistas creen que el sistema está más orientado a castigar que a rehabilitar, y que las prisiones privadas y la industria penitenciaria tienen intereses comerciales detrás del aumento de reclusos —una economía carcelaria que vale más de $80 mil millones anuales.

La demanda de la madre de Laureano: ¿hay esperanza de justicia?

El hecho de que la madre de Micah Laureano haya presentado una demanda contra el estado es un paso importante, pero también limitado. Las demandas federales por negligencia en prisiones suelen enfrentarse al principio de “inmunidad calificada”, que protege a funcionarios públicos de ser acusados civilmente, salvo en casos extremos de desviación del deber.

No obstante, el impacto mediático del caso puede presionar reformas. Algunos estados ya están reconsiderando protocolos de asignación de celdas y monitoreo de presos con historial violento o ideologías extremas.

Hacia una justicia más justa

Estos dos casos deberían ser un llamado de atención. La justicia no debe aplicarse bajo doctrinas automáticas sin considerar la intención, participación directa y condiciones sociales de los acusados. Asimismo, dentro de las prisiones, no puede haber espacio para el odio racial o de género, porque el incumplimiento institucional equivale a una sentencia de muerte para los más vulnerables.

El sistema judicial y carcelario estadounidense necesita una reforma profunda. Evitar casos como el de Laureano y Emanuel es posible, pero requiere voluntad política, intervención comunitaria, y una revisión ética sobre el propósito mismo del castigo en una democracia moderna.