Aborto de emergencia en Estados Unidos: una batalla legal, política y de derechos humanos

Una tragedia médica que se pudo evitar

En febrero de 2023, Kyleigh Thurman, una mujer de 36 años y residente de Texas, vivió una de las peores pesadillas médicas y personales que una persona puede experimentar. Tras llegar a la sala de emergencias del Ascension Seton Williamson con sangrado y dolor intenso, fue enviada a su casa sin recibir el tratamiento médico necesario para interrumpir una embarazo ectópico, una condición que podía costarle la vida. Días después, tras múltiples visitas fallidas al hospital, su trompa de Falopio explotó, obligándola a someterse a una cirugía de emergencia y perder parte de su sistema reproductivo.

El caso de Kyleigh llegó a la prensa nacional no solo por su gravedad médica, sino porque se convirtió en símbolo de una crisis legal y ética más amplia tras la revocación del fallo Roe vs. Wade en 2022 por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Qué es un embarazo ectópico y por qué es tan grave

Un embarazo ectópico ocurre cuando un óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, usualmente en una trompa de Falopio. Dado que este órgano no está diseñado para albergar un embrión en desarrollo, el crecimiento del mismo puede causar ruptura del tejido, hemorragia interna severa y hasta la muerte si no se trata de inmediato. La medicina moderna es muy clara al respecto: la única opción viable ante un embarazo ectópico es su interrupción.

Sin embargo, en estados como Texas, esta solución médica básica está legal, política y moralmente cercada. Aunque las leyes permiten tratar embarazos ectópicos, la presión legal y las potenciales consecuencias penales han creado una cultura del miedo entre los profesionales de salud.

Pánico institucional y abortos de emergencia bloqueados

Texas cuenta con una de las leyes antiaborto más restrictivas del país. Desde que la ley estatal entró en vigor tras el fallo Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, que anuló el precedente de Roe vs. Wade, múltiples hospitales han adoptado posturas extremadamente conservadoras por miedo a ser penalizados civilmente o incluso criminalmente.

Los médicos en Texas pueden enfrentar sentencias de hasta 99 años de prisión si se considera que realizaron un aborto ilegal. Este ambiente ha creado situaciones como la de Kyleigh, donde el personal médico prefiere no actuar, aun si eso significa poner en riesgo la vida de una paciente.

Una pequeña victoria y un gran retroceso

Tras un reclamo interpuesto por Thurman en 2023, la Centros de Medicare y Medicaid (CMS), agencia federal encargada de regular hospitales, realizó una investigación que confirmó que el hospital incumplió con la ley federal de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA, por sus siglas en inglés), al no realizarle el examen adecuado ni brindarle tratamiento estabilizante.

Este fallo fue significativo, pues estableció que la negativa de proveer un aborto en una emergencia médica podría constituir una violación a la ley federal. Sin embargo, esta luz en medio de la oscuridad pronto se desvaneció.

El 2 de julio de 2025, la misma agencia CMS revocó oficialmente la guía de la era Biden que obligaba a los hospitales a realizar abortos en situaciones médicas de emergencia, incluso en estados con restricciones. La guía era una de las pocas herramientas legales con las que contaban pacientes como Kyleigh para exigir sus derechos médicos básicos.

Sistema de salud vs sistema judicial

Este giro político coloca a médicos, hospitales y pacientes en una encrucijada preocupante. Por un lado, el juramento hipocrático obliga al personal médico a salvar vidas. Por otro, el sistema legal texano convierte esta decisión en un potencial crimen.

"Vemos pacientes con abortos espontáneos que no reciben atención, sangrando en los estacionamientos. Vemos mujeres con embarazos inviables siendo forzadas a continuarlos hasta el término", dijo Molly Duane, abogada del Center for Reproductive Rights, quien representa a Thurman.

El caso de Kyleigh se suma a otras demandas presentadas por mujeres en Texas, como parte del caso colectivo Zechman vs. Texas. Estas mujeres alegan que se les prohibió acceder a abortos incluso cuando existía diagnóstico letal fetal o parto prematuro incompatible con la vida.

Consecuencias reales y desiguales

Más allá de la política, las víctimas de estas leyes no son abstractas. Son miles de mujeres enfrentando riesgos médicos inaceptables. En algunos eventos ya documentados, mujeres con ruptura prematura de membranas, preeclampsia o complicaciones graves han sido obligadas a esperar “que empeoren” antes de que los médicos se animen a intervenir tras consultar equipos legales ante cada paso.

Según el Kaiser Family Foundation, desde la caída de Roe v. Wade, más de una docena de estados han promulgado leyes que restringen severamente el acceso al aborto. Esto ha tenido consecuencias tangibles: reducción de atención obstétrica, cierre de clínicas, salida de médicos especializados y aumento en los viajes interestatales para abortar.

¿Qué dice la Casa Blanca?

La administración de Joe Biden demandó previamente al estado de Idaho por leyes antiaborto que no contemplaban excepciones amplias para emergencias médicas. En ese caso, el gobierno argumentó que la ley estatal entraba en conflicto con la obligación de proveer atención médica bajo EMTALA, lo que sienta un precedente aún en disputa en la Corte Suprema.

Pero la reversa reciente de la guía federal por parte de CMS a raíz de embates políticos republicanos representa un claro debilitamiento de la protección federal. A su vez, empodera a estados como Texas para seguir negando tratamientos que antes eran considerados estándar.

Texas: entre el castigo y la política

Irónicamente, en medio de este revés, los legisladores en Texas debaten una propuesta para exonerar penalmente a médicos que efectúen abortos únicamente en casos de emergencia médica comprobada. Esta probable reforma viene más como una medida desesperada ante la evidencia pública de errores y abusos del sistema de salud, más que como un cambio profundo en la ley texana.

“Esto está tan lejos de lo que la gente pensaba que significarían las leyes antiaborto”, añadió Molly Duane. “Pero esta es la realidad. Y sigue empeorando”.

Un sistema basado en el miedo

El testimonio de Kyleigh expone un sistema donde las decisiones sobre salud reproductiva no están dictadas por médicos, sino por legisladores y regulaciones ambiguas. Y aunque su caso logró una sanción contra el hospital, nada compensará el sufrimiento físico y emocional que vivió.

“No puedes prever todas las formas en que un embarazo puede volverse mortal”, dijo Thurman en una entrevista reciente. “Esto puede pasarle a cualquiera, incluso si no tienen un embarazo ectópico. Todavía hay muchos escenarios en los que una complicación del embarazo se vuelve letal”.

Kyleigh no busca venganza, busca justicia. Anhela que su historia sea una advertencia y no una condena repetida en otros cuerpos.

¿Y ahora qué?

El vacío legal dejado por la revocación de la guía de Biden amenaza con destruir los avances en derechos reproductivos de los últimos 50 años. Sin mecanismos claros para obligar a los hospitales a actuar, las mujeres podrían seguir enfrentando negligencias médicas bajo el escudo del miedo legal institucionalizado.

Lo que queda claro es que la salud reproductiva en Estados Unidos está en juego. No se trata solo de ideología, sino de vida o muerte.