Trump, disforia de género y derechos en prisión: una batalla judicial por la dignidad trans

Una pelea legal con implicaciones profundas

En medio de un contexto social y político cada vez más polarizado, un juez federal en Estados Unidos ha emitido una decisión clave para la comunidad transgénero encarcelada. El juez Royce Lamberth ordenó al Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) continuar proporcionando terapias hormonales y adaptaciones sociales a reclusos trans, deteniendo los efectos de una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que buscaba restringir el uso de fondos federales para tratamientos de afirmación de género.

Esta sentencia, más allá de un revés a una administración, representa un hito en la lucha por los derechos humanos dentro del sistema penitenciario estadounidense. En esta publicación de opinión, exploraremos los efectos de esta orden ejecutiva, el contexto legal y social detrás del fallo judicial, y por qué resulta vital defender el acceso a cuidados médicos adecuados para personas trans, incluso —y especialmente— tras las rejas.

¿Qué establecía la orden de Trump?

La orden ejecutiva firmada por Trump prohibía específicamente el uso de fondos públicos para “conformar la apariencia de un recluso al sexo opuesto”. En la práctica, esto significó modificar políticas de tratamiento médico para limitar o eliminar el acceso a hormonas, ropa interior correspondiente al género autopercibido y otros cuidados socialmente afirmativos para personas trans en cárceles federales.

En su fallo, el juez Lamberth criticó duramente esta medida, subrayando que “ni el BOP ni la Casa Blanca ofrecieron ninguna explicación sustancial sobre por qué estos tratamientos deben abordarse de forma distinta a cualquier otra intervención de salud mental”.

La disforia de género como condición médica

El Buró Federal de Prisiones reconoce actualmente que más de 600 internos sufren de disforia de género, una condición médica seria reconocida por la Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones médicas. Los efectos de negar tratamiento incluyen depresión severa, ansiedad y pensamientos suicidas.

“Los tratamientos de afirmación de género no son simples caprichos estéticos, sino respuestas médicas avaladas”, reitera la Asociación Médica Estadounidense. Retirarlos arbitrariamente no solo agrava el sufrimiento psicológico, sino que viola la obligación constitucional del Estado de no ejercer castigos crueles e inusuales, contemplado en la Octava Enmienda.

El caso de Alishea Kingdom: historia de una batalla

Una de las demandantes principales en este caso es Alishea Kingdom, una mujer trans encarcelada que recibió prescripciones para terapia hormonal junto con adaptaciones sociales como el uso de ropa interior femenina y cosméticos.

Sin embargo, tras la firma de la orden ejecutiva de Trump, Kingdom fue privada de su medicación al menos tres veces y se le retiraron sus adaptaciones sociales. Fue solo tras iniciar una demanda que se le restituyó el tratamiento, aunque el juez Lamberth advirtió que no hay garantías de que se mantenga una vez terminado el proceso legal.

“En el caso de la Sra. Kingdom, no hay indicios de que el BOP tenga intención de continuar con su tratamiento a largo plazo.” — Juez Royce Lamberth

El peligro de no legislar con conocimiento médico

Una de las críticas más contundentes del juez fue la falta de evidencia médica o científica utilizada para justificar la prohibición. Ni el presidente Trump ni el BOP mostraron haber considerado el daño psicológico o físico que estas políticas podían causar a los reclusos trans.

Esto pone al descubierto una tendencia preocupante: la instrumentalización de políticas de salud pública como herramientas ideológicas. En el caso de las personas transexuales, esta instrumentalización se presenta con frecuencia bajo una retórica de moralidad o presupuestos, ignorando la amplia evidencia médica que respalda el cuidado afirmativo de la identidad de género.

El rol de las instituciones judiciales como barreras al autoritarismo

El fallo de Lamberth también evidencia la importancia del poder judicial como contrapeso en contextos de políticas discriminatorias. Curiosamente, el juez fue nominado por el presidente Ronald Reagan, del mismo partido político que Trump, lo que hace su sentencia aún más reveladora sobre el compromiso con la justicia y la Constitución por encima de agendas partidistas.

La importancia del precedente

El fallo no se limita a los demandantes específicos; el juez permitió que el caso se convierta en una acción colectiva, cubriendo a todas las personas trans encarceladas ahora y en el futuro. Esto blinda a cientos más contra posibles futuras restricciones arbitrarias.

Además, marca un precedente jurídico que podría ser invocado en batallas similares en otros estados o niveles del sistema penitenciario. En palabras del activista y abogado trans Chase Strangio, de ACLU:

“Este fallo envía un mensaje claro: las personas trans encarceladas siguen siendo seres humanos con derechos y merecen acceder a un tratamiento que les permita vivir con dignidad.”

El tratamiento de género no es un lujo

Una falacia frecuente es pensar que permitir tratamientos de reafirmación de género a personas trans en prisión representa un gasto innecesario de fondos públicos. Sin embargo, el costo de tratar adecuadamente la disforia de género es, en muchos casos, inferior al de atender los costes de salud mental derivados del suicidio, autolesiones o episodios psicóticos, todos potenciales resultados de la negación del tratamiento.

Un estudio del American Journal of Public Health concluyó en 2020 que “cuando se proporciona atención médica afirmativa a personas trans en prisión, estos internos muestran menores tasas de depresión, mejor adaptación social y menor frecuencia de incidentes disciplinarios”.

Impacto en las políticas de encarcelamiento de mujeres trans

La orden ejecutiva también buscaba evitar que mujeres trans fueran ubicadas en cárceles femeninas, obligándolas a convivir en prisiones masculinas. En febrero de este año, el mismo juez bloqueó temporalmente el traslado de tres mujeres trans a penales masculinos.

Esto no es solo una cuestión de identidad: múltiples informes, entre ellos uno de Human Rights Watch, indican que las mujeres trans encarceladas en prisiones masculinas tienen una probabilidad 13 veces mayor de sufrir abusos sexuales que el resto de la población penitenciaria.

¿Qué sigue en la lucha por los derechos de las personas trans?

Esta victoria legal es importante, pero no definitiva. La sentencia garantiza temporalmente el tratamiento médico, pero cualquier cambio político futuro —incluido un regreso de Trump al poder— podría reimpulsar estas políticas regresivas. Por eso, sigue siendo fundamental la organización social, la presión constante y el litigio estratégico desde grupos como el Transgender Law Center o la ACLU.

Mientras tanto, la sentencia del juez Lamberth envía un mensaje que no debería necesitar decirse, pero que se vuelve necesario repetir en voz alta: los derechos humanos no se suspenden en la cárcel. La identidad de género no desaparece tras los barrotes, y cuidar la salud mental de cada recluso no es solo política sanitaria, es un imperativo moral y constitucional.