THC en Texas: El debate que sacude al mercado del cannabis legal

La turbulencia en Texas frente al auge del THC

Texas se encuentra, nuevamente, en el epicentro del debate nacional sobre la regulación del cannabis. Con una de las leyes más restrictivas del país sobre la marihuana, el estado ahora busca prohibir los productos consumibles que contienen tetrahidrocannabinol (THC), el compuesto psicoactivo principal del cannabis. El proyecto de ley aprobado por el Congreso estatal y pendiente de firma por el gobernador Greg Abbott ha desatado tanto protestas como apoyos en distintos sectores de la sociedad.

Este intento legislativo se produce a pesar del hecho de que miles de establecimientos en Texas ya venden comestibles, bebidas y vaporizadores con THC, muchos de ellos derivados de cáñamo, lo cual técnicamente es legal según la ley federal de 2018. Ahora, Texas se suma a la lista de estados con conflictos legales y políticos sobre la regulación de productos derivados del cannabis.

THC: Legal por la puerta trasera

Todo comenzó con la Ley Agrícola Federal de 2018, que legalizó el cáñamo industrial, es decir, cannabis con menos de 0,3% de THC. Sin embargo, los fabricantes aprendieron rápidamente a sintetizar formas de THC a partir del cáñamo, creando productos que ofrecen efectos similares a la marihuana recreativa pero que evaden las regulaciones existentes.

Este vacío legal ha permitido que en estados como Texas —donde la marihuana recreativa es ilegal— prospere un mercado de productos que generan ingresos millonarios. Según Statista, el mercado de cannabinoides derivados del cáñamo movió $3.5 mil millones de dólares en 2023, con una proyección de crecimiento constante.

La propuesta: prohibición total

El proyecto de ley aprobado por los legisladores estatales convertiría en delito menor la venta, posesión o fabricación de productos consumibles que contengan cualquier nivel de THC. Esta legislación, si se promulga, colocaría a Texas entre los estados con las prohibiciones más estrictas del país.

El teniente gobernador Dan Patrick ha sido uno de los defensores más vocales de esta medida. En una entrevista reciente, mostró bolsas de comestibles con THC frente a periodistas para expresar su preocupación por los efectos que estos productos pueden tener en los menores.

"Esto es un asunto serio. Hay productos dirigidos claramente a los niños, con empaques coloridos e imágenes de dulces”, afirmó Patrick.

Resistencia empresarial: se encienden las alarmas

Desde el sector empresarial la respuesta ha sido rápida y tajante. Tiendas que venden productos con THC en Texas afirman que la promulgación de la ley las obligaría a cerrar, lo cual tendría consecuencias devastadoras para el empleo y la economía local.

“Están firmando el despido de 50,000 empleos si aprueban esta ley”, señaló Savannah Gavlik, empleada de Dope Daughters, una tienda ubicada en Austin. "Nuestro enfoque es médico y de autocuidado. En un estado que no permite acceso fácil a la marihuana medicinal, nuestros productos son una opción real para quienes sufren de ansiedad, insomnio o dolor crónico".

Según datos de la University of Texas, la industria del cáñamo en el estado emplea al menos a 30,000 personas directamente y a otras 20,000 en la cadena de suministro, desde agricultores hasta transportistas.

Disparidad estatal y el caos legal

Texas no está solo en esta encrucijada. Otros estados con leyes anti-marihuana, como Alabama, Kentucky y Tennessee, también han intentado cerrar la puerta a los comestibles con THC derivados del cáñamo. Sin embargo, la falta de uniformidad regulatoria a nivel federal ha generado un mosaico legal de difícil navegación tanto para los consumidores como para los productores.

“No conozco ningún otro estado sin mercado recreativo de marihuana que también prohíba todos los productos de cáñamo con cualquier nivel de THC,” indicó Katharine Neil Harris, investigadora en políticas de drogas en la Universidad Rice.

Esto convierte a Texas en un posible pionero en la criminalización completa de productos populares y legales en gran parte del país.

Una industria atrapada

La falta de supervisión federal adicional complica las cosas. No existen exigencias claras de etiquetado o estándares de contenido para estos productos, lo que sí ha generado preocupación sobre su seguridad y composición. Aun así, muchos defensores argumentan que prohibirlos sería contraproducente.

Kyle Bingham, agricultor del panhandle texano, afirma que dejará de sembrar cáñamo si la ley entra en vigor: “Solo cultivamos cáñamo en el 5% de las hectáreas, pero representa una inversión importante. Nos hace más resilientes económicamente.” Bingham también es vicepresidente de la National Hemp Growers Association.

El papel del gobernador Greg Abbott

El gobernador Abbott aún no ha indicado si firmará el proyecto de ley. Un portavoz declaró que el gobernador “revisará cuidadosamente cualquier legislación” que se le presente. Sin embargo, su historial sugiere que podría coincidir con la línea conservadora de la legislatura estatal.

La falta de certeza ha dejado a la industria en suspenso. Mientras algunos comerciantes ya contemplan mudarse a otros estados más amigables con el cannabis, otros aún tienen la esperanza de que Abbott vete la medida.

¿Qué opina la ciudadanía?

Una encuesta nacional de AP VoteCast en 2024 reveló que aproximadamente 6 de cada 10 votantes apoyan la legalización del uso recreativo del cannabis. Este dato subraya la creciente desconexión entre las leyes estatales restrictivas y el sentimiento popular.

En Texas, este contraste es especialmente visible, ya que la ley de marihuana medicinal del estado permite su uso solo a pacientes con enfermedades como PTSD o cáncer. El acceso es limitado, con solo tres dispensarios con licencia en un territorio del tamaño de un país.

¿Autocuidado o amenaza pública?

Una de las grandes controversias gira en torno a la función de estos productos. “Cientos de personas nos visitan cada semana buscando alivio de dolores o ansiedad,” dice Gavlik. “No se trata de un uso recreativo, se trata de bienestar personal.”

Sin embargo, los oponentes políticos insisten en que la de-regulación ha resultado en un universo de productos sin control, muchos de los cuales son fácilmente accesibles para menores y no cumplen estándares de calidad.

¿Y ahora qué?

La decisión final está en manos del gobernador Abbott. Cualquiera que sea el resultado, este episodio refleja una lucha más amplia en Estados Unidos entre la regulación estatal, el deseo público y las oportunidades comerciales.

Lo que es evidente es que la industria del THC derivado del cáñamo ya no puede procurar solo beneficios económicos. Se enfrenta a una batalla multifacética que involucra política, ética, salud pública y derechos de los consumidores.

Y mientras tanto, los texanos comunes —ya sea quienes buscan alivio o aquellos preocupados por el acceso de menores— observan desde la primera fila cómo se libra esta batalla que podría redibujar el panorama del cannabis en uno de los estados más influyentes del país.