La justicia ambiental en juego: una mirada crítica a la decisión judicial sobre la contaminación en Nuevo México

El equilibrio esquivo entre riqueza y medio ambiente

Nueva México, orgulloso del título de segundo mayor productor de petróleo en los Estados Unidos, se encuentra en el centro de una controversia legal que podría definir el futuro de sus políticas medioambientales. En un fallo reciente, el Tribunal de Apelaciones del estado desestimó una demanda que alegaba que el estado estaba fallando en cumplir con las disposiciones constitucionales contra la contaminación causada por la industria del petróleo y gas. La decisión ha generado una oleada de críticas por parte de activistas del medio ambiente, quienes acusan a la justicia de dar la espalda a una enmienda constitucional de más de 50 años de antigüedad.

En este artículo de análisis, exploraremos las implicaciones de este fallo, el trasfondo constitucional de la cláusula de control de contaminación y el eterno tira y afloja entre desarrollo económico y justicia ambiental en un estado cuya historia está marcada por la extracción de recursos naturales.

¿Qué decía la demanda?

En 2023, un grupo de organizaciones ambientalistas —incluyendo el Center for Biological Diversity— presentó una demanda basada en la cláusula de control de la contaminación de la constitución de Nuevo México, introducida en 1971. Esta enmienda exige que el estado prevenga la contaminación del aire, agua y otros recursos naturales, protegiendo así no solo el ambiente sino también la salud pública y el bienestar de las comunidades.

La demanda argumentaba que el estado ha fallado sistemáticamente en aplicar regulaciones ambientales adecuadas contra la industria petrolera, especialmente en la altamente productiva Cuenca Pérmica. Como resultado, comunidades cercanas a pozos activos, incluyendo zonas escolares, han sufrido la exposición constante a gases nocivos como metano y compuestos orgánicos volátiles.

La decisión del tribunal: un poder limitado

El tribunal, compuesto por tres jueces, sostuvo que carecía de la autoridad para decidir si las medidas de control de la contaminación son adecuadas. Según la opinión redactada, esa responsabilidad recae en la Legislatura estatal. En palabras del panel se expresó:

“Si bien los demandantes observan correctamente que, como la ‘Tierra del Encanto’, la belleza del estado es central a nuestra identidad, no podemos ignorar la larga historia de extracción de petróleo y gas dentro de nuestras fronteras.”

Este razonamiento implica que el desarrollo de los recursos naturales es una tradición del estado tan respetable como la protección del ambiente, y ambas deben coexistir. En consecuencia, la decisión judicial actual privilegia la interpretación de la enmienda ambiental como orientativa, no obligatoria.

Reacción de los ambientalistas

Gail Evans, abogada del Center for Biological Diversity y principal representante legal del caso, expresó su rechazo tajante al fallo:

“Hace cincuenta años, Nuevo México votó para enmendar la constitución y proporcionar protecciones contra la contaminación industrial. El tribunal ha encontrado hoy que esa enmienda —la cláusula de control de contaminación— carece esencialmente de significado, y eso no puede estar bien.”

El Centro y otras organizaciones ya han anunciado que apelarán ante la Corte Suprema del estado. De no hacerlo, el caso quedaría desestimado por completo, sentando un precedente peligroso para futuras acciones legales basadas en derechos constitucionales ambientales.

Petróleo: la bendición y la maldición de Nuevo México

La economía de Nuevo México depende en gran medida de la producción de petróleo y gas. En 2022, el estado recolectó más de $5.8 mil millones en ingresos derivados de estas industrias, según el Departamento de Finanzas del Estado. Estos fondos representan una porción significativa del presupuesto estatal, incluyendo el financiamiento de escuelas públicas y programas de salud.

Sin embargo, esta dependencia ha generado críticas por su impacto sobre comunidades vulnerables. Investigaciones, como la conducida por la organización Earthworks, han documentado exposiciones repetidas a emisiones tóxicas en comunidades escolares cercanas a pozos, lo que afecta la salud infantil y el derecho a un ambiente seguro.

Un sector con regulaciones, pero sin fuerza ejecutoria

La gobernadora Michelle Lujan Grisham ha intentado aplicar regulaciones más estrictas sobre las emisiones de metano y contaminantes atmosféricos provenientes de la producción de petróleo y gas. En 2020 y 2021, su administración introdujo nuevas reglas, consideradas entre las más estrictas del país, para limitar las fugas de metano y exigir prácticas de quema controlada.

Sin embargo, grupos como el Center for Biological Diversity sostienen que estas regulaciones no se hacen cumplir, y que las fugas y emisiones continúan ampliamente sin control. Los desarrollos legales recientes parecen apoyar esta percepción, al menos desde la perspectiva de quienes creen que la cláusula constitucional debería tener fuerza legal directa.

Una enmienda olvidada por la justicia

La cláusula constitucional en cuestión no ha sido invocada judicialmente hasta esta demanda. Aprobada en 1971, en una época de mayor conciencia ambiental en los Estados Unidos —poco después del Día de la Tierra inaugural y la creación de la EPA (Agencia de Protección Ambiental)—, esta enmienda fue una de las primeras en el país en reconocer explícitamente el derecho de los ciudadanos a un ambiente no contaminado.

La ausencia de jurisprudencia clara sobre su aplicación ha sido utilizada por los jueces para argumentar que no es su papel intervenir. Pero esto plantea la pregunta: ¿de qué sirve una disposición constitucional si ningún tribunal está dispuesto a hacerla cumplir?

Conflicto institucional: ¿quién debe proteger el ambiente?

Durante el proceso judicial, tanto los abogados de la Legislatura estatal —de mayoría demócrata— como los reguladores ambientales defendieron la idea de que el litigio amenazaba su autoridad constitucional y sus procesos administrativos. Argumentaron que los tribunales no deben sustituirse por los legisladores en decisiones sobre políticas ambientales complejas.

Esto refleja un conflicto clásico entre ramas del gobierno: ¿debe el poder judicial intervenir para garantizar los derechos constitucionales cuando el legislativo no actúa? La opinión concurrente de la jueza Katherine Wray agregó más leña al fuego, al limitar aún más el alcance del control judicial sobre la cláusula ecológica.

El precedente nacional

Este caso es parte de un movimiento más amplio en Estados Unidos donde abogados ambientales están comenzando a usar cláusulas constitucionales estatales para presionar por acciones contra el cambio climático y la contaminación. En Pensilvania y Montana, demandas similares han tenido cierto éxito en establecer precedentes legales sobre la base del derecho constitucional a un ambiente sano.

De hecho, en agosto de 2023, una jueza de Montana falló a favor de un grupo de jóvenes demandantes en el caso Held vs. Montana, reconociendo que sus derechos constitucionales estaban siendo violados por políticas estatales que favorecían los combustibles fósiles. ¿Podría Nuevo México tomar una ruta semejante con el apoyo de su Corte Suprema?

¿Qué está en juego?

• El futuro de la legislación ambiental: Si la Corte Suprema de Nuevo México anula este fallo, podría sentar un precedente clave que refuerce el carácter vinculante de la cláusula de control de contaminación.
• Las comunidades afectadas: Decenas de miles de personas viven cerca de pozos activos. Su salud y bienestar podrían depender del resultado de esta apelación legal.
• El modelo de desarrollo económico: ¿Puede o debe Nuevo México continuar financiando su educación pública y servicios sociales con ingresos derivados de industrias altamente contaminantes?

Para muchos, se trata de decidir si el estado es realmente la 'Tierra del Encanto' o si ese encanto ha sido reemplazado por llamaradas de gas natural y niebla tóxica.

Una pregunta abierta para el futuro de Nuevo México

Quienes defienden la demanda esperan que la Corte Suprema del estado reivindique el derecho constitucional al aire limpio, al agua pura y a un ambiente sin contaminación industrial. Lo hacen en nombre no solo del presente, sino de las futuras generaciones que habitarán las vastas y bellas tierras del suroeste estadounidense.

La disyuntiva es clara y profundamente simbólica: o reafirmamos el compromiso constitucional con el medioambiente o aceptamos que nuestro progreso económico está condenado a nacer, siempre, de la explotación riesgosa de nuestros recursos más preciados.