España, armas israelíes y política internacional: una decisión que va más allá de los misiles

Una decisión con múltiples implicaciones

El Ministerio de Defensa de España ha cancelado la compra de 168 sistemas de misiles antitanque SPIKE LR2, fabricados en el país por Pap Tecnos, una filial de Rafael Advanced Defense Systems, empresa israelí de defensa. Este armamento, con un valor estimado de 285 millones de euros (325 millones de dólares), formaba parte de un acuerdo aprobado en octubre de 2023, pocos días antes del ataque del grupo Hamas a Israel que desencadenó el actual conflicto bélico en Gaza.

La cancelación llega en un contexto geopolítico delicado, con el gobierno español alineando sus acciones exteriores con sus posiciones éticas y diplomáticas. La compra, que inicialmente parecía una parte más de la modernización militar de las Fuerzas Armadas españolas, ahora se ha convertido en uno de los símbolos de la postura humanitaria de España frente a la guerra en Gaza.

¿Por qué se canceló la compra?

En octubre de 2023, el gobierno español suspendió oficialmente la exportación de armas a Israel. La medida coincidió con el estallido de la guerra tras un ataque sorpresa de Hamas a territorio israelí. Aunque ciertas informaciones apuntan a que algunos envíos se produjeron después de la fecha, el Ejecutivo asegura que desde el 2 de octubre no se han autorizado más exportaciones.

El proyecto de adquisición de misiles SPIKE LR2 se desarrollaría localmente a través de Pap Tecnos (en Torrejón de Ardoz, Madrid), en un claro esfuerzo de colaboración industrial con uno de los principales fabricantes de armamento israelí. Sin embargo, la implicación directa de Israel en un conflicto donde se le acusa de crímenes de guerra y de cometer genocidio contra la población palestina ha puesto en jaque toda colaboración militar.

España y la causa palestina

El papel de España en la política internacional ha dado un giro importante en el último año. En una decisión histórica, en mayo de 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez reconoció formalmente al Estado de Palestina, al mismo tiempo que lo hicieron Irlanda y Noruega. Este gesto no fue meramente simbólico: se buscó posicionar a España como un actor coherente en defensa del derecho internacional y los derechos humanos.

“El reconocimiento del Estado palestino es una decisión política que busca contribuir a la paz y enviar una señal clara de compromiso con una solución de dos Estados.” – Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

La cancelación de los misiles SPIKE es, por tanto, una extensión lógica de esta postura: enviar un mensaje inequívoco sobre el papel que debe jugar España en el concierto internacional, en especial cuando se trata de conflictos donde los derechos humanos están en juego.

Rafael Advanced Defense Systems: ¿quiénes están detrás de los SPIKE LR2?

Rafael es una de las empresas de defensa más grandes e influyentes de Israel. Diseñadores del famoso sistema antimisiles Domo de Hierro, también son los fabricantes de la familia de misiles SPIKE, que se ha exportado a más de 38 países y cuenta con más de 30.000 unidades vendidas.

El SPIKE LR2, la versión que España iba a adquirir, es un misil de quinta generación con capacidad de disparo más allá de la línea de visión, alcance extendido de hasta 5.5 km y capacidad de ataque multipropósito. Sin embargo, bajo la presión moral por el uso de armas en contextos donde se investigan crímenes de guerra, incluso estas innovadoras armas quedan bajo escrutinio.

España no es el único país que ha cuestionado la colaboración militar con firmas israelíes. En distintos parlamentos europeos, e incluso dentro del Congreso de EE.UU., han surgido voces que exigen revisar las exportaciones y asistencia armamentística hacia Israel.

Israel ante la justicia internacional

En paralelo a estas decisiones nacionales, Israel enfrenta una batalla legal en la arena internacional. Actualmente, existen dos procesos abiertos en tribunales de La Haya:

• La Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde Sudáfrica ha acusado formalmente a Israel de cometer genocidio en Gaza.
• La Corte Penal Internacional (CPI), que ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de defensa, Joav Gallant, por crímenes contra la humanidad, incluyendo el uso del hambre como arma de guerra.

Netanyahu respondió que Israel “rechaza con repugnancia las acciones absurdas y falsas del tribunal”. No obstante, el hecho de que estas acusaciones avancen en cortes internacionales consolida un nuevo panorama donde las decisiones políticas y militares están sujetas a un mayor escrutinio legal y ético.

¿Es coherente la política española?

En tiempos en los que el cinismo se considera una constante en la diplomacia internacional, la coherencia se vuelve un bien raro y valioso. España ha sido consistente en su discurso y, más importante aún, en su acción. Prohibir la exportación de armas a Israel, reconocer al Estado palestino, y ahora cancelar esa compra de armamento —aún cuando se producía en suelo nacional— denota una línea clara de valores.

Pese a las críticas de sectores conservadores que acusan al Gobierno de abandonar socios estratégicos o incluso de incidir negativamente en la industria de defensa local, el posicionamiento ético es claro. Un país como España, que aspira a jugar un rol articulador en Europa, necesita emplear su influencia no solo económica, sino también moral.

España, Europa y la defensa ética

La industria armamentística europea atraviesa una crisis identitaria. Con conflictos activos en Ucrania, Gaza, Sudán y el Sahel, muchos gobiernos enfrentan demandas contradictorias: por un lado, fortalecer sus capacidades de defensa en un mundo más polarizado; por otro, cumplir con estándares éticos y legales frente a los derechos humanos.

En ese contexto, decisiones como las de España tienen un poder multiplicador. No se trata solo de 285 millones de euros cancelados. Se trata de enviar una señal al resto del continente: la defensa tiene límites, y esos límites los impone el respeto al derecho internacional humanitario.

El futuro de Pap Tecnos y la industria de defensa española

La empresa Pap Tecnos enfrenta ahora un panorama incierto. Con sede en Madrid, venía consolidando una línea de producción basada en licencias extranjeras, especialmente israelíes. La pérdida del contrato con Defensa supone un varapalo económico y un replanteamiento estratégico.

Pero también abre una oportunidad: ¿es momento de que España apueste más por el desarrollo autónomo de tecnologías de defensa? ¿Es posible crear un tejido militar-industrial desvinculado de actores envueltos en conflictos éticamente problemáticos? Estas preguntas no son fáciles, pero se vuelven urgentes si España desea mantener una política exterior coherente.

¿A dónde conduce esto?

La política exterior no se limita a relaciones diplomáticas o a tratados. También se expresa —y con fuerza— en proyectos empresariales, contratos armamentísticos y las fronteras éticas de la acción política. En este caso, España ha elegido marcar una línea: no se puede colaborar con empresas vinculadas a actores que enfrentan serias acusaciones en tribunales internacionales.

España ha dado un paso firme. Pequeño en lo económico, pero simbólicamente rotundo. En tiempos donde la guerra vuelve a ser parte del día a día informativo, mantener principios éticos en política internacional es quizás la mejor forma de volver a creer en la diplomacia.