El problema invisible: qué hay detrás del fenómeno de los visados vencidos en EE.UU.

Un ataque en Colorado que reveló más de lo esperado

El pasado 2 de junio de 2025, la ciudad de Boulder, Colorado, fue escenario de un hecho violento que puso en el centro del debate un tema muchas veces ignorado: los visados vencidos en Estados Unidos. Mohamed Sabry Soliman, un hombre de 45 años nacido en Egipto, fue acusado de herir a una docena de personas durante una manifestación a favor de la liberación de rehenes israelíes.

Más allá del horror inmediato provocado por el acto, la investigación posterior destapó un hecho inquietante: Soliman había ingresado al país con un visado de turista en agosto de 2022, el cual venció en febrero de 2023. Desde entonces, vivía en el país de manera irregular. Su caso no es aislado; forma parte de un fenómeno migratorio estructural que afecta directamente la seguridad, la economía y el tejido social estadounidenses.

Más de medio millón de casos: números que preocupan

De acuerdo con un informe anual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 se registraron 565,155 casos de personas que excedieron el tiempo permitido por sus visados, únicamente entre aquellas que ingresaron al país por vía aérea o marítima. Esta cifra representa una población mayor que la del área metropolitana de Reno, Nevada.

Y esto es sólo la punta del iceberg. El número total de personas con visado vencido es mucho mayor, ya que el gobierno no ha logrado implementar de manera eficiente un sistema de salida en los cruces fronterizos terrestres. Las complejidades tecnológicas, financieras y logísticas han demorado este objetivo durante décadas.

El caso Soliman: ¿asilo como herramienta o atajo?

Mohamed Soliman no solo llegó con un visado de turista, sino que también solicitó asilo en septiembre de 2022, es decir, incluso antes de que su visado expirara. Esto le permitió obtener, dentro del marco legal, un permiso de trabajo en marzo de 2023, seis meses después de presentada su solicitud, como estipulan las leyes migratorias estadounidenses.

Sin embargo, ese permiso también expiró, y desde entonces Soliman se encontraba en un limbo legal. La historia se complica cuando se analiza que la tasa de aprobación de solicitudes de asilo para egipcios fue del 72% en el periodo que va hasta septiembre de 2024, muy por encima del promedio general (45%). Esto lleva a preguntarse si algunos casos se aprovechan de un sistema colapsado.

Vale recordar que, actualmente, las cortes migratorias de EE.UU. enfrentan un atasco de más de 3.6 millones de casos pendientes, lo que equivale a una espera de varios años hasta que se llegue a una resolución.

Visados vencidos: un agujero legal sin fondo

El fenómeno de los visados vencidos no es nuevo. En 2016, el gobierno estadounidense publicó por primera vez en décadas datos oficiales sobre estos casos. Desde entonces, los números no han dejado de crecer. Los expertos calculan que alrededor del 40% de las personas que viven ilegalmente en los EE.UU. llegaron con visado válido y simplemente no se marcharon una vez expirado su tiempo autorizado.

Entre los países con las tasas más altas de permanencia ilegal por este motivo destacan Chad (49%), Laos (34%) y Sudán (26%). Egipto, por su parte, presenta una tasa de solo el 4%, aunque los efectos de un solo caso —como el de Soliman— dejan claro que incluso un porcentaje “bajo” no garantiza seguridad.

Impacto en seguridad nacional y percepción pública

El hecho de que Soliman haya cometido un acto violento mientras vivía sin autorización legal genera tensiones profundas en la sociedad estadounidense. Una encuesta reciente del Pew Research Center muestra que el 65% de los ciudadanos estadounidenses considera que el gobierno está haciendo “un mal trabajo” al manejar la inmigración ilegal.

Además, si bien la gran mayoría de personas que permanecen con un visado vencido no cometen crímenes, los casos notorios como el de Soliman alimentan narrativas que generalizan la criminalización del inmigrante, particularmente provenientes de países de mayoría musulmana.

¿Qué pasa con la familia?

La detención de Soliman también conllevó la intervención de las autoridades de inmigración con respecto a su familia: su esposa e hijos fueron llevados bajo custodia mientras se investiga si conocían su plan. La situación ha desencadenado debates éticos sobre el trato a familias inmigrantes, especialmente aquellas que buscan asilo y que, en muchos casos, huyen de conflictos reales.

“Cuando se detiene a un solicitante de asilo por un crimen, se debe juzgar al individuo, no demonizar el sistema completo”, afirma Luis Miranda, asesor en políticas migratorias y exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional.

La ausencia de una política efectiva de salida

Uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema migratorio estadounidense es la falta de un sistema efectivo de control de salida. Mientras que el país invierte miles de millones en reforzar la entrada, especialmente en los cruces terrestres con México, poco se ha hecho para rastrear sistemáticamente cuántas personas abandonan el territorio una vez vencido su visado.

Desde 1996, existe una ley que exige el desarrollo de un sistema de entrada y salida biométrico. Sin embargo, su implementación ha sido parcial y limitada a aeropuertos y puertos marítimos.

¿Cómo avanzar?

Algunos expertos proponen soluciones tecnológicas, como el uso de inteligencia artificial para rastrear patrones de entrada/salida, o el empleo de datos biométricos más avanzados. Sin embargo, su aplicación enfrenta obstáculos legales, éticos y de privacidad.

El senador John Cornyn (R-Texas) ha sido uno de los principales impulsores de reformas legislativas que hagan más estrictos los controles de permanencia. “Este no es un problema partidista, es un problema nacional. No podemos seguir siendo ciegos con respecto a quién se queda en nuestro país y cuánto tiempo”, declaró en una sesión de 2023.

El dilema moral

En medio del debate legal y político, queda el componente humano. Muchos de quienes entran legalmente al país con visado de turista, estudiante o trabajo buscan legítimamente una vida mejor o escapan de situaciones de violencia. Sin embargo, el sistema actual no cuenta con los recursos ni la estructura para evaluar de forma veloz y justa cada caso.

“No hay justicia cuando uno tiene que esperar seis años para saber si puede quedarse”, señaló María Elena Muñoz, directora de una organización de ayuda legal en California. “Eso no es debido proceso. Es tortura burocrática”.

A modo de reflexión

El caso de Mohamed Sabry Soliman sirve como recordatorio de que la inmigración no autorizada no solo ocurre cruzando desiertos o saltando muros fronterizos, sino también a través del vencimiento de visados en apariencia legítimos. Lo que está en juego no es solo una estadística más, sino la seguridad, la coherencia jurídica y la humanidad en la política migratoria.

La solución no radica únicamente en la deportación automática o en la apertura indiscriminada de fronteras. Se necesita una política migratoria integral que combine control, tecnología y compasión. Lo contrario es seguir acumulando casos sin final y dejar que tragedias como la de Boulder se repitan.