Colombia y el laberinto de la energía eólica en La Guajira
De promesa verde a retroceso preocupante: ¿puede Colombia salvar su transición energética?
Un sueño verde en medio del desierto
Hace apenas una década, Colombia parecía lista para convertirse en uno de los líderes en energía eólica de América Latina. Entre 2019 y 2020, el gobierno colombiano otorgó 1.1 gigavatios (GW) en contratos durante una subasta de energía renovable, con la ambición de transformar la región de La Guajira en un epicentro de energía limpia.
Esta región, situada en el extremo norte del país cerca de la frontera con Venezuela, cuenta con velocidades de viento ideales (constantes superiores a 9 m/s), lo que la hace uno de los lugares más propicios para generación eólica en el mundo. Se estimaba que Colombia podría generar hasta 18 GW de energía eólica —casi el doble de su capacidad eléctrica total actual (20 GW)— según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Sin embargo, apenas un puñado de los proyectos han entrado en operación. Hoy, solo dos parques eólicos están funcionando parcialmente, generando menos de 32 megavatios (MW), una fracción de lo proyectado. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro de la transición energética en uno de los países más comprometidos con la lucha contra el cambio climático en América Latina.
¿Qué salió mal?
Los principales obstáculos que enfrenta el desarrollo eólico en Colombia son múltiples y profundos:
- Infraestructura insuficiente: La Guajira carece de las conexiones necesarias a la red eléctrica nacional para evacuar la energía generada.
- Inestabilidad regulatoria: Los recientes cambios normativos han generado incertidumbre financiera para los inversionistas.
- Conflictos sociales: Las tensas relaciones entre las empresas desarrolladoras eólicas y las comunidades indígenas Wayuu han demorado los procedimientos de consulta previa.
- Problemas institucionales: La ausencia de un marco institucional claro en las fases iniciales contribuyó a errores estratégicos y técnicos.
“Colombia tiene un retraso de más de 20 años en energía eólica. Brasil, en comparación, ha desarrollado más de 1,300 parques eólicos terrestres en las últimas dos décadas”, comentó Margarita Nieves, directora de la Red de Investigación sobre Energía Eólica Offshore de Colombia.
Una región atrapada entre el viento y el carbón
Además de las dificultades técnicas y políticas, La Guajira también enfrenta una paradoja estructural. En la misma región donde se proyectan estos parques eólicos se encuentra Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. El complejo minero ha sido un generador significativo de ingresos tanto para el departamento como para el gobierno nacional desde 1985.
La vida útil de Cerrejón finaliza en aproximadamente nueve años. Pero aún no existe una alternativa clara para reemplazar los empleos y los ingresos que genera. “Cerrar Cerrejón sin una alternativa con base en energías renovables sería catastrófico para la economía regional”, indica Samuel Lanao, director de la autoridad ambiental de La Guajira.
Las empresas se retiran
La frustración con el lento progreso e institucionalidad poco confiable ya ha expulsado a importantes inversionistas del sector renovable.
En 2023, Enel, la multinacional italiana, se retiró del proyecto Windpeshi. Un año después, la portuguesa EDP Renewables canceló los proyectos Alpha y Beta, dos de los desarrollos eólicos terrestres más ambiciosos planeados para Colombia.
En mayo de 2024, Ecopetrol —la petrolera estatal— compró nueve proyectos de energía solar y eólica a la compañía noruega Statkraft, que abandonó el país debido a los mismos motivos. Solo uno de esos desarrollos está actualmente operativo.
En total, los proyectos adquiridos por Ecopetrol tienen un potencial combinado de 1.3 GW. Pero la mayoría recién entrarán en funcionamiento entre 2026–2027, si logran superar los cuellos de botella institucionales actuales.
El corazón del conflicto: los Wayuu
La consulta previa a las comunidades indígenas es un derecho protegido por la Constitución colombiana, pero también suele convertirse en un campo de batalla cultural, económico y legal.
El pueblo Wayuu, una comunidad seminomádica que habita tradicionalmente la región, vive en condiciones de pobreza estructural extrema. Si bien algunos miembros han aceptado la entrada de empresas eólicas a cambio de compensaciones económicas, otros han denunciado violaciones a sus derechos territoriales y falta de beneficios tangibles.
La falta de un proceso claro y genuino de consulta ha llevado a bloqueos, protestas y, en múltiples ocasiones, a la suspensión de proyectos clave.
“Las tensiones en la etapa de consulta previa han descarrilado muchas expectativas de desarrollo”, explicó Lanao. “Esto ha sido un golpe significativo, ya que había una gran esperanza de progreso económico y social con estos proyectos”.
Una transición que comienza por el final
Colombia se ha comprometido a alcanzar la neutralidad neta de carbono para 2050. Para lograrlo, debe abandonar de manera progresiva su dependencia de los combustibles fósiles: el petróleo aún representa el principal producto de exportación y una fuente crucial de financiamiento para el Estado.
El presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en llegar al poder en Colombia, ha enarbolado la bandera de la transición energética justa. Pero en la práctica, esa transición se enfrenta a una realidad institucional compleja, intereses económicos contrapuestos y una red eléctrica insuficiente.
La tardía entrada de actores relevantes, como el gobierno nacional, al proceso de implementación ha generado descoordinación y pérdida de confianza del sector privado.
Lecciones del pasado para cimentar el futuro
Según Diego Patrón, director del proyecto eólico Jemeiwaa Ka’I en La Guajira, Colombia está superando una etapa de experimentación institucional dolorosa. “Estos proyectos pioneros se desarrollaron sin un marco claro, lo que generó una curva de aprendizaje institucional y territorial muy pronunciada”, destacó.
Patrón argumenta que se han superado barreras clave como la representación legítima de las comunidades Wayuu, los permisos ambientales y la resolución de contratos. No obstante, reconoce que desinformación y relaciones fallidas con las comunidades llevaron al colapso de iniciativas prometedoras como las de EDP.
La gran incógnita que queda en el aire es si Colombia —con voluntad política y unidad multisectorial— podrá retomar el liderazgo en energías limpias. O si dejará pasar esta oportunidad estratégica en un mundo que exige una acción climática urgente. Mientras tanto, La Guajira resiste entre dos vientos: el del cambio y el del abandono.